En diciembre del año anterior, cuando estuvimos a punto de quedarnos sin Convención Colectiva en nuestra Universidad de Costa Rica, destaqué en mi artículo “Convención Colectiva de la UCR: diálogo y desarrollo institucional” la importancia de que, mediante el diálogo y el respeto mutuo, se superaran las posiciones antagónicas y se abrieran los espacios pertinentes para continuar con la negociación. Afortunadamente, así sucedió y, desde esa fecha hasta el momento, ha habido avances significativos que conducirán a la suscripción de un nuevo texto, el cual debe estar en función de una mejora sustantiva de las condiciones laborales de las personas trabajadoras de la Institución, interinas y propietarias. Asimismo, debe promover un fortalecimiento del quehacer académico y del modelo de universidad pública.
Los avances logrados han requerido de un trabajo arduo para defender los derechos de las personas trabajadoras y las conquistas históricas, con un claro análisis del contexto actual y de la pertinencia de una sólida proyección de la Universidad de Costa Rica a la sociedad costarricense en las próximas décadas. En este sentido, cabe destacar que, entre los frutos de un diálogo bien orientado hacia los fines institucionales, se encuentran la definición de los tiempos sindicales, destinados a las diferentes secretarías y a la misma formación sindical; y el reforzamiento del tema de la salud ocupacional. Además, la clase trabajadora nacional y latinoamericana logró rescatar la Junta de Relaciones Laborales, la cual, en la primera propuesta de la administración, se eliminaba.
El tema más álgido ha sido el de las anualidades, pues existen posiciones son muy encontradas. Por una parte, la administración propone una anualidad escalonada donde, a partir del sétimo año, las personas trabajadoras solo recibirían un tres por ciento. Por otra parte, el Sindicato ha mostrado cierta apertura, pero no comparte que deba concluir en ese tres por ciento y solicita vincular la anualidad con el tema del reajuste salarial. Esto con el fin de velar porque los salarios sean competitivos y, además, para evitar que muchos académicos salgan de la Institución en busca de mejores salarios y condiciones laborales. Preocupa, sobremanera, que la anualidad sea llevada únicamente al salario base, lo cual implicaría un retroceso respecto de la situación actual.
En el tema puntual del derecho de cesantía, considero que mantenerla en quince meses resulta favorable y despeja la incertidumbre que se ha generado en momentos anteriores en los que se pensaba que podría disminuir. Esa incertidumbre parece haber sido uno de los factores tomados en cuenta por quienes se jubilaron en los últimos meses.
Un balance general de lo negociado arroja situaciones positivas y la urgencia de acuerdos sobre la base de las diferencias actuales entre la administración y el Sindeu. Al cierre de esta prórroga de la negociación, es fundamental valorar el contexto en el que la Universidad de Costa Rica desarrolla su quehacer académico y los peligros que se ciernen sobre ella, y que han sido parte de un ataque sistemático contra las instituciones públicas. Prueba de esto son las múltiples publicaciones realizadas en los medios de comunicación desde el 2015, los cuestionamientos sobre el uso de los recursos provenientes del FEES y los ataques directos de los sectores neoliberales, que se han posicionado en la educación privada. Por lo anterior, debemos superar las posiciones particulares y las de grupos específicos para unir y cuidar las banderas de la excelencia, el respeto, la justicia y el compromiso social, verdaderos íconos de nuestra Universidad de Costa Rica en toda su historia.
