La administración de la Universidad de Costa Rica y las personas trabajadoras de esta Institución, por medio del Sindeu, han venido desde hace varios meses analizando la Convención Colectiva vigente y proponiendo las respectivas modificaciones para incorporarlas a un nuevo texto. Recordemos que esta Convención fue denunciada por la administración el 14 de noviembre de 2016.
Una convención colectiva, además de regular las relaciones entre las personas trabajadoras y la administración, constituye uno de los principales mecanismos para impulsar el desarrollo de la Institución desde una perspectiva integral. Ello exige una actitud comprometida con el logro de los objetivos institucionales y conlleva, además, un trabajo conjunto y una comunicación franca entre las partes. Solo así pueden dedicarse plenamente a resolver los problemas que atañen a la Institución y formular las soluciones que el país requiere para su desarrollo.
Una revisión del trabajo que ambas partes han realizado hasta la fecha muestra un avance mínimo, considerando no solo la totalidad de artículos, sino también la importancia de los temas pendientes por analizar, tales como la defensa de la universidad pública, las anualidades y Junta de Relaciones Laborales, entre otros. Estos son temas álgidos que ameritan discusión y análisis de fondo, ya que han generado las mayores diferencias. No obstante, llama la atención la actitud de la administración de comunicar al Sindeu que no negociará ninguna prórroga más para concluir la negociación y la redacción del texto que deberá suscribirse. Ha señalado incluso que podría reglamentar unilateralmente aquellos puntos que no sean abordados finalmente.
De lo revisado en este proceso pareciera que hay algunos avances, sin embargo, considero fundamental destacar la necesidad de evitar cualquier tipo de discriminación tal como la condición laboral (por ejemplo, si la persona trabajadora es docente o administrativa, interina o propietaria), género, situaciones de salud y necesidades especiales, solo para citar algunas. Estos asuntos deben ser considerados en todos los momentos y aplicarse en su plenitud en el trabajo cotidiano y en los procedimientos que se establezcan para acceder a plazas, los cuales no pueden generar ambigüedad, ni obviar la misión central de la Institución. Tampoco pueden ir en sentido contrario a la legislación nacional en cada materia específica.
De manera puntual, es pertinente solicitar que el artículo 66 del texto vigente denominado Audiencias, se revise exhaustivamente y se enfatice que el diálogo debe prevalecer en todo momento, a fin de solucionar los asuntos urgentes y evitar consecuencias graves para cualquiera de las partes. Las audiencias en estos casos deben producirse con la mayor celeridad sin que sobrepasen el plazo establecido.
Hay también artículos donde se tratan temas como los centros infantiles y los estacionamientos cuya redacción evidencia imprecisiones o buenas voluntades, sin que se concrete una determinada acción.
Considero también de fundamental importancia revisar un asunto de fondo que queda explícito en la redacción: la confusión entre universidad y administración. Hay varios artículos donde se indica que la Universidad y el Sindeu llegarán a ciertos acuerdos o realizarán determinadas acciones. Esto deja entrever, por un lado que el mismo Sindeu acepta no ser parte de la Universidad y que la administración se arroga ser la Universidad. Estas visiones deben cambiarse, si realmente pensamos en impulsar una Institución guidada por la excelencia académica, donde todos estemos abocados a la construcción de una mejor sociedad, caracterizada por el humanismo y la equidad.
Más que una carrera contra el tiempo, la negociación de esta Convención Colectiva es una oportunidad, para proyectar durante la próximas decádas el modelo de universidad pública al que nos debemos y el tipo de gestión que la debe caracterizar. Todo ello con base en el diálogo y el respeto mutuo, según lo demanda nuestro Estatuto Orgánico.
