Opinión

Contextualicemos la problemática social

Ante la oleada de desinformación y la incesante manipulación política y mediática, resulta necesario secuenciar el curso de algunas decisiones que han tomado quienes dirigen el país, para tener claridad de opinión y de acción, respecto de lo desacertado que ha sido el debilitamiento del Estado, lo cual ha conducido a que la problemática social que vivimos actualmente haya hecho metástasis. Veamos lo que ocurre en el país:

  1. Se apartó del Acuerdo de Escazú, por lo que el país que se publicita como protector del medio ambiente en realidad permite que la legislación siga laxa en esa materia. El presidente de la República consideró que ese acuerdo “no es beneficioso” y la Asamblea lo archivó. Un dato importante: el acuerdo permite la participación ciudadana y trunca pretensiones de algunos empresarios.
  2. Hace seis meses, el Gobierno de la nación inmaculada de la democracia y derechos humanos apoyó la candidatura del régimen orteguista al Sistema de Integración Centramericana (SICA).
  3. El pasado noviembre el PUSC dio su apoyo en la Asamblea Legislativa a los eurobonos. Apenas una hora después de ese apoyo, el Gobierno anunció el nombramiento del excandidato socialcristiano Erwen Masís (en junio 2021 dijo que “los préstamos son retornables, se recuperan cuando la gente paga”), como representante de nuestro país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El nombramiento fue catalogado como “casualidad”.
  4. Esta semana, Estados Unidos solicitó que el BCIE deje de financiar a Nicaragua, país que sufre de un régimen dictatorial.
  5. Hace un par de meses, se anunció la inclusión de nuestro país en una lista “gris” de la Unión Europea, por la desidia de gravar de impuesto de renta las milmillonarias ganancias que algunas personas y empresas obtienen en el extranjero, por lo que técnicamente nos catalogan como paraíso fiscal.
  6. Las grandes exoneraciones continúan aplicándose a lo interno, agravándose la crisis entre otros, por lo permisivo de las autoridades tributarias. Al respecto, según nota de este Semanario del pasado 8 de marzo, en el año 2021 al menos 181 megaempresas y bancos declararon cero renta ante Hacienda (https://semanariouniversidad.com/pais/apm-terminals-grupo-nacion-meco-y-h-solis-entre-las-183-empresas-que-declararon-cero-renta-en-2021/).
  7. La presidenta de la Caja anunció el cierre de gerencias ejecutivas y la paralización completa de obra planificada desde hace varios años, pero, en la Caja y en todas las instituciones del Estado, los alquileres de inmuebles siguen siendo fuente de riqueza de pocas personas, además, la Caja deja de percibir ingresos por deuda del Estado, y algunos sectores insisten en continuar exonerando y en tercerizar servicios de esta institución.
  8. La semana pasada, Estados Unidos solicitó al país que, como parte de la lucha contra el narcotráfico, realice inversiones y luche contra la corrupción. Esa misma semana, autoridades de los supremos poderes y algunos “todólogos” en seguridad, potenciados por los medios de descomunicación, insistieron en que la solución a la inseguridad es la “mano dura”, centrando el problema únicamente en lo violento, sin abordar el tema de la corrupción macro y la necesidad de inversión y vías alternas (no tienen idea de lo que es) a la represión, aristas que coadyuvarían a paliar la problemática social.
  9. De manera selectiva, el proyecto de ley de extinción de dominio excluye el área tributaria, además, se encuentra en el cajón del olvido en la Asamblea Legislativa, Poder de la República donde, por cierto, hace poco la diputada Álvarez Marín presentó el ingenioso proyecto del “derecho al olvido”.

Los problemas se deben abordar de manera integral, la delincuencia violenta y la no violenta genera riqueza, la corrupción de cuello blanco y las componendas políticas son el peor de los males que tenemos y no queremos entender eso. Las propuestas actuales son inviables si no reconocemos y abordamos el problema de fondo de desigualdad y corrupción.

Debemos generar herramientas jurídicas actualizadas como la extinción de dominio sin distingo de delincuencias, aplicar más la figura de capitales emergentes, dotar de mejor tecnología a los cuerpos policiales, empoderar a las auditorías y hacer verdaderamente vinculantes sus criterios, crear puestos de peritos auditores en la Policía de Control de Drogas, Policía de Control Fiscal y aumentar las existentes y las de cibercrimen en el Organismo de Investigación Judicial.

Pretender más cárcel como la única y más favorable solución a la realidad social es ser cómplice de la manipulación y desinformación, pero, sobre todo, cómplice de los males que afectan nuestra sociedad.

 

 

 

 

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