Concesiones: ¡Quién quita un quite!

¡Así de fácil! nuestros abogados-políticos-empresarios, abrieron un portón para que por él se escaparan, en desbandada, caros principios constitucionales.

Dicen los que sí saben  que las concesiones sobre bienes de dominio público (por ejemplo los muelles) no crean «derechos reales», que otorgan «simplemente» frente a la administración, «poderes, aprovechamientos, o explotaciones», de acuerdo con la ley, y sus modalidades.

¡Así de fácil! nuestros abogados-políticos-empresarios, abrieron un portón para que por él se escaparan, en desbandada, caros principios constitucionales.  Uno de ellos, quizá el más relevante, fue aquél que establece en su artículo 121 inciso 14, el carácter demanial de los muelles nacionales y los somete -junto a los ferrocarriles y los aeropuertos- a un régimen reforzado, impidiendo que sean enajenados, arrendados, gravados o que salgan del dominio y control del Estado.                                                          

Pero fue tan grande el portón abierto, que sin obstáculo alguno, cual si la letra y el espíritu que refleja la Constitución Política de Costa Rica, se pudiera obviar impunemente, perversamente «interpretaron» con ese cuento de los «derechos reales», que la empresa privada, nacional o extranjera beneficiada con la concesión, no pasa a ser dueña de ese bien que no puede dejar de ser propiedad de todos los costarricenses.

¡No, qué va! Ellos, los privilegiados concesionarios, lo «único» que hacen es administrar, o sea, explotar, tales bienes de dominio público. Así, los muelles de Moín y de Caldera, «son» bienes que siguen perteneciendo al Estado, bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Transporte». «¡Por dicha no fueron privatizados! ¡Qué bueno que no fueron vendidos!», alegan los que aplauden ese particular régimen de concesiones.                     

Sin embargo, cuando vemos que, como en el caso del puerto «prestado» a APM para que funcione cual monopolio privado, se desea la intervención del Estado para que por él solo se trasieguen «fully cellular containers ships» (buques exclusivos para contenedores) como dice el mal contrato, nos percatarnos que el Estado, representado por el MOPT, alegó que no puede hacer nada pues se trata de una empresa privada, aunque ello provocara la quiebra de Japdeva y mayor desocupación en la muy deprimida provincia de Limón. 

Y si nos vamos a la vertiente del Pacífico, el público general no logra entender por qué, ante la situación creada por el gobierno de Daniel Ortega, al impedir el libre tránsito terrestre de los contenedores con productos comerciales, hacia y desde Costa Rica, el MOPT se manifiesta incapaz de facilitar el trasiego de los mismos, tratándose de un «muelle nacional», por mandato constitucional. Ello, por supuesto, como consecuencia directa de que el puerto de Caldera… también está concesionado a corporaciones privadas para su explotación.

Sin embargo, la magnífica idea de un transporte marítimo por ferry, entre El Salvador y ese puerto costarricense en el Pacifico, que se vislumbra como una solución al gran problema de desabastecimiento y desempleo que causaría a mediano plazo, una barrera comercial fronteriza como la promovida por el gobierno nicaragüense, se enfrenta a un obstáculo irracional, incomprensible y, aunque digan lo contrario, con los evidentes roces inconstitucionales que tiene la  «Ley general de concesión de obras públicas con servicios públicos»  que nos asfixia.  

Ejemplo de cómo el interés comercial particular, una vez más se impone al interés general público. Situación que quizá se resolvería si tuviésemos un poder ejecutivo dispuesto a dar esa lucha a favor del Estado costarricense, pues así como una vez los diputados de los entonces partidos mayoritarios (PLN y PUSC) se pusieron de acuerdo alrededor de un pacto político-empresarial como el de dicha ley, tal vez ahora, ante un panorama político un tanto diferente, podríamos soñar en que una mayoría de diputados podrían acordar con el Consejo de Gobierno, dar un paso firme adelante, tendiente a revisar la «Ley de concesiones» en pro del bienestar popular y el respeto a la Constitución Política. ¡Quién quita un quite!                  

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