Desde el último semestre de 2023 se ha hecho pública, gracias a los medios de comunicación, una pugna en la adquisición de la tecnología 5G en Costa Rica, debido a las restricciones que el Gobierno de Costa Rica ha establecido a empresas que no se han adherido al Convenio de Budapest, entre las que se incluyen empresas chinas, aduciendo que ponen en riesgo la ciberseguridad de Costa Rica.
El Convenio sobre la cibercriminalidad o la ciberdelincuencia, conocido comúnmente como Convenio de Budapest, es un tratado internacional cuyo objetivo es evitar la ciberdelincuencia mediante la cooperación internacional entre Estados. Actualmente, alrededor de 50 estados han firmado este convenio. China no es uno de ellos.
La tecnología 5G potenciará la comunicación mediante mejoras en la conectividad. Claramente, es un activo de suma importancia para garantizar la productividad de Costa Rica en todos sus sectores, los cuales están expectantes a la adquisición de esta tecnología.
Este Gobierno ha dado pasos significativos en la incorporación de esta tecnología en Costa Rica. No obstante, la ministra del Micitt, Paula Bogantes, firmó en agosto anterior un decreto sobre la no contratación de servicios de eventuales proveedores de tecnología 5G a empresas que no hayan firmado el Convenio de Budapest. Esto no solamente levantó alertas en el sector privado, sino en sindicatos, en el Poder Legislativo y hasta despertó recelo en la Embajada de China en Costa Rica.
Es importante rescatar la importancia de la relación con China para Costa Rica. En 2007, Costa Rica fue el primer país de la región en establecer relaciones comerciales con China, firmando un Tratado de Libre Comercio en 2011, siendo hoy el único socio comercial de ese país en Centroamérica. En materia tecnológica, se ha gozado de las bondades del comercio con empresas chinas como Huawei, la cual ha operado en el país por más de 15 años, y es hoy una de las principales proveedoras de tecnología 4G en el país.
Conscientes del escenario anterior, el que empresas como Huawei se excluyan del proceso pone en riesgo la sostenibilidad económica y operativa de la tecnología 5G, en gran parte porque esta nueva tecnología puede apoyarse parcialmente en los sistemas y plataformas informáticas que Huawei ya ha instalado en el país y que, por ende, no podrían seguir usándose, representando una inversión de adaptación estructural significativa, cuyo precio se teme lo pague el consumidor final.
El otro gran pretendiente en esta disputa es Estados Unidos. El país del norte americano es vital socio comercial de Costa Rica, con cerca del 40% de exportaciones, y principal comprador de la tecnología que se produce en Costa Rica, sobre todo en equipo médico. Un ejemplo de esta relación es el pronunciamiento del presidente Joe Biden sobre Costa Rica como socio del suministro de los microprocesadores, objeto de la “Ley Chips” emitida en agosto de 2022.
Lo que parece una coincidencia, en materia tecnológica puede que sea el nacimiento de una relación exclusiva hacia Estados Unidos y excluyente hacia China.
Independientemente de si se implementó un criterio técnico consultado por expertos para descartar a empresas fuera del Convenio de Budapest o no, o de si hay una preferencia por adjudicar esta tecnología al principal socio comercial de Costa Rica, lo que está en tela de juicio es la diplomacia por parte del Gobierno de Costa Rica al manejar este asunto ante China. No solo expertos en comercio internacional, diputados, empresarios y otros actores de la sociedad costarricense reprochan este decreto, sino que la misma China —como era de esperarse— se ha referido a este como discriminatorio. En uno de los más recientes comunicados oficiales por parte de la Embajada de China en Costa Rica, textualmente argumenta que “la exclusión de empresas de países determinados (China)… afectará gravemente la confianza de las empresas chinas en el clima de negocios y la certeza jurídica de Costa Rica”.
Costa Rica se ha tomado mucho tiempo en replicar lo que muchos quieren escuchar: que analizaría el caso según el marco legal, mediante consulta pública a expertos en el tema. De esta forma, se evitarían futuras demandas legales, que a la vez vendrán acompañadas de menor participación comercial con China.
Esto, sin duda alguna, erosiona significativamente las relaciones comerciales, pero también las diplomáticas con China, la cual ha demostrado ser un aliado trascendental para Costa Rica, y cuyo potencial emergente es notorio. No se espera de Costa Rica que se decante por la tecnología china, sino que cumpla su
compromiso de favorecer la inversión de más empresas chinas, en el marco del Tratado de Libre Comercio actual.
Es importante monitorear con detenimiento cuáles serán las líneas de acción que tome el Gobierno ante este escenario. Costa Rica debe ser estratégica al emplear la diplomacia con ambos Estados, manteniendo vínculos comerciales sanos con China que, a la vez, le aleje de la alta dependencia comercial con Estados Unidos. Esta tecnología es una necesidad de carácter prioritario para todo el país y, por ende, un asunto de alta importancia en política exterior, y debe seguir siéndolo para beneficio de los ciudadanos costarricenses.
