“Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!”. Con estas últimas palabras del presidente Salvador Allende, dio inicio a una de las etapas más tristes de la historia política contemporánea.
El 11 de septiembre de 2023 se conmemoran 50 años del golpe militar en la República de Chile. Este golpe derrocó al presidente Salvador Allende, electo democráticamente por el pueblo chileno, y dio paso a una etapa de violación sistemática de derechos humanos cuyas consecuencias persisten y dividen al país hasta el día de hoy.
El golpe militar, encabezado por el general Augusto Pinochet y promovido en el contexto de la Guerra Fría por la gran potencia del norte, como ha quedado demostrado, fue el principio de una dictadura cívico-militar que se extendió desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990 y cuyas víctimas ascienden a más de 3.200 personas, entre asesinados y detenidos desaparecidos. A esto se suman los miles de chilenas y chilenos torturados y otros obligados a huir de la dictadura en búsqueda de protección internacional, bajo la figura del exilio.
Esta herida que dificulta la reconciliación política en la sociedad chilena seguirá abierta hasta que no se logre, al menos, esclarecer la verdad total de los hechos, justicia para acabar con la impunidad, se condene a los responsables y se repare a las víctimas por parte del Estado. Por eso celebro, aunque tardío, el Plan Nacional de búsqueda de personas detenidas desaparecidas impulsado por el actual presidente Gabriel Boric.
El uso de la violencia desde el Estado para asesinar y torturar adversarios políticos civiles e indefensos no se justifica. De la historia debemos aprender. Los golpes de Estado por militares y quiebres democráticos de la región son un fracaso de la política y de la clase política que los impulsó y es reflejo de nuestra incapacidad para construir sociedades pluralistas, donde los conflictos sociopolíticos, propios de la vida democrática, deben resolverse mediante el diálogo, sin uso de la violencia.
La convivencia democrática demanda respeto a la pluralidad y a la diversidad. La ruta de la confrontación o, peor aún, la imposición de una verdad o verdades a medias con el objetivo de “derrotar al enemigo”, no contribuye a esa convivencia ni a la búsqueda del bien común. Los liderazgos políticos están llamados a imponer la sabiduría y la prudencia para que la ruta sea la búsqueda de acuerdos que contribuyan a ese bien común y, por tanto, al buen gobierno. El método es, sin duda, el respeto y el diálogo social. Costa Rica debe aprender de lo ocurrido en Chile porque la democracia, la libertad y los derechos humanos no son “un regalo de los dioses”, se deben defender y proteger día a día. Chile, al igual que Costa Rica, lo merecen y lo valen hoy más que nunca. El enemigo a derrotar es la desigualdad y la pobreza, y no el adversario político.
Transitamos hoy por una guerra mediática con niveles de violencia graves en extremo, para lesionar la honra y el honor de las personas, cuyo objetivo es dividir a la sociedad costarricense mediante descalificaciones al adversario. Esta ruta es peligrosa y puede conducirnos a otras de difícil retorno. Debe imponerse el diálogo y el respeto para impulsar los acuerdos políticos urgentes y para aprobar políticas públicas a favor de todas las personas, en particular las que están excluidas del sistema socioeconómico actual. Este es un imperativo ético urgente, que debe convocar a todos los actores políticos, productivos y sociales del país.
La violencia, en todas sus expresiones, y como instrumento de lucha política, se puede y debe evitar. Debemos aprender las lecciones de la región en su expresión pasada y presente para no repetirlas.
