Es triste decirlo, pero el manejo irregular de recursos públicos que por casi diez años sufrió el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) hace que sea uno de los casos de corrupción más grandes en Costa Rica, con sumas que bien pueden superar los ₡50 mil millones, sin contar las consecuencias sociales de esta deficiente gestión.
Recuperar dineros perdidos o dejados de percibir es algo improbable. Sin embargo, devolver la esperanza a tantas comunidades estafadas y al pueblo de Costa Rica si es posible a condición de que lo allí ocurrido no quede impune. Hoy podemos decirles a los costarricenses que hemos trabajado en esa vía y que la red de cómplices y responsables directos está claramente identificada. Esto fue posible gracias a la combinación de voluntades del Poder Ejecutivo y Judicial que, de forma contundente, cumplen con su deber de probidad y protección de los bienes públicos.
En ese sentido, destaca, en primera instancia, la denuncia firme y decidida de un grupo de funcionarios, del cual yo fui parte, que documentamos las irregularidades y las presentamos en las instancias pertinentes. Estas denuncias, así como otras anomalías, fueron atendidas por el Gobierno de la República, por intermediación de sus representantes en Infocoop en ese momento: Luis Felipe Arauz (Ministro de Agricultura), Luis Emilio Cuenca (Viceministro de Trabajo) y Edgar Quirós (representante del Banco Nacional).
A través de estos líderes, donde es justo añadir también al exviceministro de Trabajo Harold Villegas y a los exdiputados Javier Cambronero, Francisco Camacho y Carmen Quesada, el Consejo de Gobierno y el Presidente de la República decidieron Intervenir el Infocoop a partir del 28 de febrero del año 2017, instalando una Junta Interventora de gran estatura moral y técnica. Esta Junta, coordinada por el ministro Arauz, contrató a la prestigiosa firma KPMG para realizar una auditoría forense que, al cabo de seis meses de intensas investigaciones, concluye que la intervención era necesaria y urgente.
Por último, también destaca el Ministerio Público mediante un allanamiento a más de 15 lugares, incluido Infocoop, el 28 de marzo de 2017. En esta instancia, el Infocoop fue acreditado como víctima y, por ello, la coordinación es muy estrecha, lo que está permitiendo que las pesquisas avancen de forma acelerada. Asimismo, los hallazgos de KPMG se están sumando al caso madre, expediente 16-000046-1218-PE, para fortalecer las investigaciones. De esta manera, se comprueba que, desde la vía administrativa, si hay voluntad para colaborar de forma determinante con la vía judicial. Dicha situación convierte este caso en un modelo aleccionador y replicable en cuanto al combate de la corrupción.
Además, es pertinente subrayar que la Contraloría General de la República (CGR) ha hecho lo propio mediante la emisión de informes contundentes en los años 2010 y 2016, y por medio de investigaciones que, sabemos, están en curso.
¿Qué sucedió?
A diferencia de otros casos de corrupción, focalizados en un único factor detonante, lo que ocurrió en Infocoop es más complejo y sistémico porque se da en el transcurso de muchos años, mediante diferentes esquemas de uso de recursos públicos, que configurarían al menos 30 operaciones eventualmente delictivas. Todas estas fueron obra de una red organizada de dirigentes de la política cooperativa. Esta red, cuyo poder principal proviene del control político del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y, por ende, de cuatro de siete puestos en la directiva de Infocoop, fue capaz de actuar casi sin oposición desde el año 2007 al 2015. Esta situación comienza a cambiar en el año 2013 y se consolida en junio de 2015, momento en el que se integra la junta directiva dirigida por el Ministro Arauz Cavallini.
De esta manera, desde el 2007 al 2015, ese grupo de dirigentes tuvo el resguardo de una cartera de crédito que hoy supera los ₡110 mil millones, así como de otros mecanismos como transferencias de capital, inversiones en entes cooperativos, contratación administrativa y de personal, juntas liquidadoras, donaciones y viajes al exterior. En esencia, un abanico de fondos públicos y privados muy seductor y útil para consolidar el poder en el sector cooperativo y conseguir aliados en toda la clase política. Todos estos fondos fueron controlados de una forma particular, dado que la ley de asociaciones cooperativas No. 4179 tiene deficiencias de gran envergadura que dificultan la supervisión cooperativa, la democracia real y un buen gobierno corporativo de Infocoop. De allí que resultaría conveniente la modificación o cambio de la ley para evitar que tales vicios se vuelvan a dar.
Solamente en créditos irregulares e inversiones se estiman más de ₡20 mil millones cedidos sin análisis rigurosos o bien sin la verificación de cumplimiento de los planes de inversión. Complementariamente, la manipulación de la tasa de equilibrio institucional (bien documentada por la CGR) proyecta una suma similar de ingresos que nunca se percibieron y cuyo impacto social (a la luz del beneficio de disponer de tasas bajas) jamás se determinó como la normativa lo establecía. Estos y otros elementos de similar gravedad hacen que estemos frente a potenciales delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, administración en provecho propio y legitimación de capitales.
Finalmente, cabe subrayar que, si bien lo acontecido en Infocoop es muy lamentable, la mayor parte del sector cooperativo costarricense está compuesto de gente honrada y trabajadora, que merece tener un instituto dedicado a dar respuesta a sus apremiantes necesidades. El movimiento cooperativo de nuestro país cuenta con 75 años de historia, siendo garante del progreso y bienestar de decenas de comunidades. Pese al legado nefasto de esta dirigencia, hoy día uno de cada cinco ciudadanos está asociado a una entidad cooperativa y eso hace de Costa Rica un país con un maravilloso tejido solidario y de apoyo mutuo. Esto, sin duda, lo debemos proteger y estimular separando la politiquería de la gestión del Infocoop y promoviendo cooperativas enfocadas en fortalecerse empresarialmente para poder generar cada día más desarrollo en sus comunidades.
