Carta abierta al Sr. Carlos Alvarado Quesada, ministros, ministras, diputados y diputadas de la República de Costa Rica.

Reconocemos la gravedad de la situación fiscal que enfrenta actualmente el país y advertimos, al igual que el conjunto de la sociedad costarricense, sobre las consecuencias sociales y económicas en caso de que el déficit fiscal no sea atendido

Estimadas autoridades:

  1. Reconocemos la gravedad de la situación fiscal que enfrenta actualmente el país y advertimos, al igual que el conjunto de la sociedad costarricense, sobre las consecuencias sociales y económicas en caso de que el déficit fiscal no sea atendido con la contundencia que requiere. Asimismo, sabemos de la necesidad de ordenar las finanzas y rubros ya insostenibles en remuneraciones y pensiones del sector público.
  2. Igualmente, con suma preocupación, hemos analizado la actual coyuntura política que involucra a los sectores sociales que se oponen a la reforma fiscal. Esta oposición ha ido aumentando a nivel nacional e involucra a gremios sindicales públicos y privados, grupos de pequeños y medianos agricultores y empresarios, funcionarios, funcionarias y estudiantes de las universidades, académicos y vecinos de distintas comunidades. Consideramos que las demandas legítimas de estos actores sociales no han sido atendidas efectivamente por su gobierno desde un inicio y esto debe ser rectificado. Si bien el Gobierno ha llamado al diálogo, deben existir garantías y resultados satisfactorios para los sectores sociales.
  3. En el trámite legislativo del Proyecto de Ley N° 20580 ha sido clara la presión de cabildeos empresariales y corporativos para mocionar a su favor y modificar la normativa que fortalecería los mecanismos que combaten y responsabilizan la evasión y la elusión de los grandes contribuyentes, y para mantener sus exoneraciones y privilegios fiscales. Por ejemplo, se ha debilitado la norma de subcapitalización, se han aprobado exoneraciones a iglesias y organizaciones religiosas específicas y a los sectores agropecuarios, y se eliminaron los impuestos sobre la revalorización de activos, entre otros cambios regresivos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no ha reaccionado con la misma contundencia que expresó para contrarrestar la exoneración de la canasta básica.
  4. La reforma fiscal afectaría negativamente a pequeños y medianos comercios, así como al sector agropecuario nacional, que no puede acceder a los mismos tratos parlamentarios preferenciales plasmados en la reforma fiscal y para quienes los costos adicionales del Impuesto al Valor Agregado (IVA) formulado pueden tener implicaciones profundamente negativas. Estos grupos económicos constituyen una parte importante de la fuerza laboral y son muy relevantes para la economía nacional. El aumento del impuesto al consumo y los tratos diferenciados a lobbys empresariales no ayudaría a estos sectores de la economía costarricense.
  5. La formulación de una política fiscal debe estar orientada por una postura ética y fundada en criterios de justicia social, tanto en sus aspectos políticos como técnicos. Como han demostrado diversas investigaciones, el IVA es regresivo desde su construcción e implica un mayor esfuerzo económico para los sectores vulnerables y la clase media costarricense. Igualmente, el mismo Gobierno ha reconocido el impacto en la desigualdad social y la pobreza, sin que exista una garantía de compensación a través de la política social; la regla fiscal que se incluye en el proyecto de ley se basa en criterios de austeridad que en otros países han tenido efectos negativos sobre la distribución de ingresos y las redes de protección social. Ante estos aspectos, queda en evidencia que diferentes sectores de la sociedad costarricense se verán afectados de manera muy diferente en el actual proyecto de reforma fiscal.
  6. La urgencia no es admisible como argumento para descalificar o cerrar las puertas a una negociación vinculante y efectiva. Por el contrario, es precisamente la magnitud y gravedad del problema lo que demanda acuerdos que involucren a todas las partes afectadas y que todos los grupos sociales sean tomados en cuenta, sin menosprecio de sus recursos económicos. La posición pública que la Administración ocupa le otorga la responsabilidad de tomar la iniciativa para acercarse a los sectores sociales con una actitud democrática y de escucha efectiva. Por el contrario, hasta el momento, se ha mantenido una narrativa excluyente, altiva y descalificadora, impropia de autoridades políticas de un país democrático. Se debe ser claro en la ruta hacia un diálogo inclusivo, que tome en cuenta a los diversos sectores sociales que hoy se pronuncian en contra. La reforma urge, por eso la negociación es impostergable.

Por estas y muchas otras razones, como miembros de la comunidad académica de este país, les solicitamos enfáticamente retomar la senda de una reforma tributaria justa y progresiva. Asimismo, todos los grupos y sectores involucrados deben dar muestras de avanzar hacia una solución, pero instamos a que el Gobierno sea proactivo en la negociación con los sectores sociales que se manifiestan estos días.

Las personas abajo firmantes formamos parte de la comunidad académica del país:

  1. Guillermo Acuña González

Sociólogo

  1. Óscar Segura Castro

Administrador de empresas. Maestrando en ciencias políticas

  1. Gabriela Arguedas Ramírez

Bioeticista. Docente e investigadora

  1. Allen Cordero Ulate

Director de la Escuela de Sociología

  1. Marisol Vidal Castillo

Académica UNA

  1. Maurizia D’ Antoni Fattori

Psicóloga educativa e investigadora, UCR y UNA

  1. Diego Chaverri Chaves

Sociólogo. Académico de la Escuela de Sociología de la UNA

  1. Nancy Piedra Guillén

Docente. Directora del Posgrado en Sociología

  1. Melba Rodríguez Rodríguez

Docente universitaria, trabajadora social

  1. Edvan Córdoba Vega

Especialista en género y desarrollo

  1. Ciska Raventós Vorst

Socióloga

  1. Omar S. Herrera Rodríguez

Docente UCR

  1. Eval Araya Vega, filósofo

Sede de Occidente UCR

  1. Gerardo Hernández Naranjo

Politólogo y sociólogo, UCR

  1. Flor Artiaga Artiaga

Psicóloga

  1. Ana Lucía Mora González

Geógrafa y socióloga

  1. Javier Antonio Torres Vindas

Sociólogo de la UCR

  1. Daniela Chacón Mendoza

Politóloga y socióloga

  1. Sofía Cortés Sequeira

Historiadora UCR

  1. Alexia Ugalde Quesada

Historiadora. Docente e investigadora de la UCR

  1. Alberto Gutiérrez Arguedas

Geógrafo, docente e investigador UCR

  1. Héctor Ferlini-Salazar

Comunicador y administrador, Sede del Pacífico UCR

  1. Aarón Galagarza Carrillo

Informático. Docente UCR Sede del Pacífico

  1. Esteban Arias Chavarría

Politólogo y sociólogo

  1. Guillermo Navarro Alvarado

Sociólogo

  1. Alejandro Alvarado Alcázar

Sociólogo

  1. Yasy Morales Chacón
  2. Historiadora y socióloga
  3. David Solís Aguilar

Politólogo costarricense. Maestrante Colegio de Michoacán-México

  1. Sofía Alejandra Guillén Pérez

Economista

  1. George García Quesada

Filósofo e historiador, UCR

  1. Alejandra Bonilla Leiva

Académica UNA

  1. Miguel Ángel Herrera Cuarezma

Profesor de Historia, Sede de Occidente, UCR

  1. Eugenia Molina Alfaro

Socióloga

  1. Adriana Monge Arias

Docente UCR, Carrera de Trabajo Social, Sede de Occidente

  1. Pablo Hernández Hernández

Filósofo UCR.

  1. Osvaldo Durán Castro

Sociólogo. ITCR

  1. Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez

Profesor Catedrático de la Universidad de Costa Rica

  1. Dr. Manuel M. Murillo Castro

Profesor Universidad de Costa Rica

  1. José Pablo Alvarado Barrientos

Filósofo, docente e investigador UCR

  1. Irma Arguedas Negrini

Docente UCR

  1. Lic. Tatiana Herrera Ávila

Escuela de Estudios Generales. Comunicación y Lenguaje, UCR

  1. Adrián Jaén España

Sociólogo

  1. Koen Voorend

PhD Estudios del Desarrollo. Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e Instituto de Investigaciones Sociales, UCR

  1. Rotsay Rosales-Valladares

Politólogo, UCR

  1. Marco Vinicio Calderón Blanco

Historiador de la UCR

  1. Noemy Mejía Marín

Académica de la UNA

  1. Ignacio Dobles Oropeza

Docente UCR

  1. Ana María Morales Chacón

Politóloga. Doctorante de la UNAM-México

  1. Andrés Molina Araya

Teólogo y filósofo, docente MEP y maestrante en filosofía, UCR

  1. Dra. Ana Paulina Malavassi Aguilar

Historiadora, Docente Escuela de Historia, UCR

  1. Wendy Molina

Docente e investigadora, UCR


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