Costa Rica se ha caracterizado por ser un país abundante en recursos naturales, por su biodiversidad, vegetación exuberante y zonas costeras atractivas. Nuestra Constitución Política, en el artículo 50, reconoce el valor de la protección del medio ambiente en beneficio de las personas habitantes del territorio costarricense. En otras palabras, todo ser humano, sin discriminación alguna, ostenta el derecho de gozar un ambiente sano y que el Estado defienda ese derecho.
Se ha presentado en la corriente legislativa varios proyectos de ley que precisamente vienen a afectar de manera directa el medio ambiente y en general los recursos naturales que disponemos las personas costarricenses.
En este caso, me referiré al Proyecto de Ley Nº 19.899, el cual se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos. Este Proyecto de Ley, cuya iniciativa es del Poder Ejecutivo, constituye un grave peligro para nuestra sociedad, pues afecta las Áreas Silvestres Protegidas, permitiendo la construcción de carreteras dentro de estas zonas, flexibilizando la normativa vigente. Lo anterior debido a que actualmente nuestra legislación permite la reducción de Áreas Silvestres Protegidas siempre y cuando existan estudios técnicos y sea mediante Ley de la República.
Las Áreas Silvestres Protegidas son nuestro pulmón y debemos protegerlas. En la actualidad, estamos viviendo sequías, incendios forestales, incluso desabastecimiento de agua, y son hechos que no se pueden obviar. No podemos permitir que la protección alcanzada y las luchas dadas hasta el día de hoy en defensa del medio ambiente sean traídas abajo, permitiendo que el Poder Ejecutivo de manera discrecional pueda disponer a su conveniencia la idoneidad de construir carreteras en zonas tan frágiles.
Otro tema importante desarrollado en el Proyecto de Ley tiene que ver con la afectación de las Áreas Protegidas, es decir, zonas protegidas por estar cerca de nacientes de los ríos, o riberas de ríos, quebradas o arroyos. El Proyecto de Ley lo que pretende es anular la norma existente, y permitir la remoción de árboles en estas Áreas sin ningún tipo de trámite. Además, si para la ejecución de obras de construcción, conservación, reconstrucción, y mejoramiento de la red vial se requiere intervenir cauces de ríos, es necesario únicamente una comunicación. Esto en contraposición a la ley vigente, que establece la prohibición de talar árboles en Áreas Protegidas, excepto en proyectos declarados de conveniencia nacional por el Poder Ejecutivo.
Las Áreas Protegidas tienen una protección especial al estar vinculadas con el recurso hídrico. El acceso al agua es fundamental en cualquier familia costarricense, este es concebido incluso como un derecho humano. Los tres Poderes de la República deben reconocer este derecho que permite satisfacer las necesidades básicas de las comunidades.
Con este proyecto de ley, se pone en riesgo el recurso hídrico, por ende a toda la población, pues se crea un portillo muy grande para que el Poder Ejecutivo pueda actuar sin ningún tipo de control en los cauces de los ríos.
Además, el Estado por mandato constitucional está en la obligación de garantizar, defender y preservar el derecho de cualquier persona de tener un ambiente sano. En consecuencia, estamos obligados a no afectar las condiciones y los derechos alcanzados hasta el día de hoy en materia ambiental.
La construcción de carreteras y el mejoramiento de la red vial existente deben ser acordes a intereses públicos superiores, como lo es el derecho humano de acceso al agua. La problemática que vive el país en materia de infraestructura vial no se resuelve flexibilizando la normativa vigente o anulándola, y poniendo en riesgo los recursos que disponemos las y los costarricenses. Por el contrario, debe revisarse la eficiencia de las instituciones encargadas de gestionar los permisos ambientales y el mejoramiento de las carreteras.
