Si algo pareciera dejar claro la pugna por la defensa de la autonomía universitaria en el proyecto de ley de empleo público en discusión, es la animadversión de varios sectores políticos, mediáticos y económicos a esta condición constitucional; además de una acusada disociación entre las condiciones materiales de trabajo y la autonomía. ¿Cómo se puede tener autonomía académica sin autonomía material?
Si las universidades públicas deben someterse a un ente rector único de empleo para todo el sector público, tal como lo pretenden algunos en el proyecto de ley de empleo público que se discute en la Asamblea Legislativa, estarán perdiendo su independencia para poder definir sus propios criterios de selección de personal, tener su propio escalafón de carrera académica y tomar decisiones de contratación, promoción y despido de personal; condiciones sin las cuales se extingue la autonomía universitaria. ¿Cómo podrían las universidades y sus académicos sostener públicamente criterios e informaciones que podrían eventualmente afectar los intereses del gobierno central o de los aliados de este, si saben que sus condiciones de empleo dependerán directamente de ese poder político?
¿Por qué parece que a algunos políticos, empresarios y medios de comunicación les molesta tanto la autonomía universitaria? En la discusión del proyecto de ley de empleo público ha quedado claro que para muchos diputados la autonomía universitaria parece un odioso privilegio. ¿Será que no saben que la democracia de la que disfrutan tiene uno de sus pilares en este principio?, ¿puede haber democracia sin autonomía universitaria?
La autonomía universitaria no es una “ocurrencia” o un simple deseo de hacer lo que se venga en gana. Todo lo contrario, es un proceso que ha costado grandes luchas y vidas, y que no ha sido nada fácil lograr ni mantener. En América Latina la historia de violación a la independencia de las universidades es larga y continúa hasta hoy, pues todavía persisten las invasiones de fuerzas armadas a los campus universitarios y el amedrentamiento y amenaza directa a académicos e intelectuales universitarios por causa, precisamente, de su libre pensamiento.
Hay personas que se dicen “demócratas”, pero no toleran la disidencia, la objeción a sus intereses políticos, ni mucho menos la movilización opositora a los mismos. Para ellas, la autonomía universitaria es una especial amenaza a sus deseos de control político y, particularmente, de desmantelamiento del Estado social de derecho, núcleo de la relativa paz social costarricense.
Los neoliberales no soportan el discurso contrahegemónico que sale de las universidades, los neoconservadores aborrecen abiertamente las tesis pro-Derechos Humanos y el carácter laico de la educación superior, al Gobierno Central le incomoda la oposición a sus proyectos gestada desde las mentes y el trabajo serio en las universidades. En síntesis, quienes defienden el statu quo saben que si logran lesionar la autonomía universitaria, tendrán la vía despejada para imponer sus agendas.
Estos sectores pro statu quo quieren eliminar la autonomía universitaria por la vía del control del empleo público porque les estorba a sus objetivos de hegemonía, control y dominación política. Para los autoritarios, una sociedad sin autonomía universitaria sería su sueño cumplido, pues se frotan las manos de que sin el pensamiento crítico que se gesta en estas, podrán llevar a cabo su agenda y sus proyectos pro ricos sin la oposición de académicos e intelectuales defensores de la equidad, la justicia social y la sostenibilidad.
Se equivocan quienes dicen que en las universidades públicas todo mundo es de izquierda. Eso es completamente falso. Ciertamente las tesis socialistas encuentran tierra fértil en los ámbitos académicos, pero también encuentran a muchos de sus críticos más agudos. Es también en los ámbitos universitarios donde se han desarrollado tesis de derecha neoliberal y de hecho existen organizaciones de estudiantes y profesores de derecha, quienes incluso han llegado a ganar rectorías, decanaturas, escaños en consejos universitarios y federaciones estudiantiles.
Si usted es autoritario y antidemócrata sabe bien que uno de sus principales enemigos es el libre pensamiento crítico. Ningún gobierno autoritario podrá moverse fácil ahí donde hay autonomía universitaria, libertad de prensa e independencia de poderes. Por lo mismo resulta muy paradójico ver a algunos medios hegemónicos atacar con todos sus recursos e incluso sesgos y falacias a la autonomía universitaria, pues si la llegaran a destruir o disminuir estarían abriendo una senda cuya siguiente parada es la libertad de prensa. Se están disparando en el propio pie quienes se dicen defensores de las libertades fundamentales mientras convierten a la autonomía universitaria en su enemigo.
Ciertamente existen problemas en las universidades públicas y los excesos deben ser eliminados, pero la forma de resolverlos no es por la vía de someterlas al control del gobierno de turno, sino estableciendo mejores y más ágiles mecanismos de rendición de cuentas, sistemas de contratación y carrera académica apropiados y equilibrados, evaluación de resultados y garantías de transparencia en el manejo de decisiones y recursos, tal como debe ocurrir en todas las instituciones públicas. El camino para lograr estas mejorías debe ser el diálogo sopesado, inteligente y sereno, basado en evidencias válidas, no en falacias de generalización ni en la abierta ignorancia sobre el quehacer universitario costarricense, motivo de orgullo nacional.
