Que sean los trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) quienes digan “no trabajamos más” hasta que entreguen los quirófanos al Hospital México. Lo anterior suena raro y hasta “subversivo”, pues para esa vigilancia están las autoridades superiores de la Caja. Si a eso agregamos los $10 millones en servicios privados de radioterapia que la Caja pagó por más de 5.000 pacientes remitidos a centros privados (La Nación 30/11/10) y ¢1.133,6 millones de deuda que 112 centros de educación privados, entre escuelas, colegios y universidades, tienen con el Seguro (María Isabel Solís en: https://www.ccss.sa.cr/noticia?centros-educativos-deben-1-133-6-millones-a-la-ccss), el hilo conductor se esclarece para el pobre don Freddy Castro, adulto mayor de 73 años, quien, se supone, está amparado por la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. A él le dieron cita para su ultrasonido de “urgencia” para 2028 en la Clínica Marcial Fallas de Desamparados (ver: AMPRENSA.COM, 12 de octubre de 2017). Lo mismos les sucede a las mujeres de escasos recursos que esperan 393 días para tener un reporte de sus mamografías en el hospital Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón.
Desconocen, posiblemente, como tampoco lo supieron quienes se murieron ilusionados con su cita en el Seguro, que sus penurias están constitucionalmente reguladas desde que en 1961 variaron los artículos 73 y 177 de la Constitución Política para universalizar el seguro social, bajo la promesa de crearle fuentes de financiamiento a la CCSS para hacer frente a las nuevas responsabilidades. La Caja asumió una serie de obligaciones que, como lo de la creación de fondos, eran una simple promesa; en eso quedó.
Con la Ley 5349 de 1973 trasladaron a la CCSS todos los hospitales que tenían el Ministerio de Salubridad Pública, las Juntas de Protección Social y los Patronatos. Por una “extraña omisión”, los asalariados quedaron obligados a pagar a la CCSS una cuota inflada para pagar el nuevo costo de atención de la salud de los no asegurados, que supera los ₡180 mil millones anuales, mientras la jerarquía y la Auditoría de la CCSS “hacen la vista gorda”.
La misma ley antes citada –artículos 2 y 7– ordena que “la Caja deberá prestar asistencia médico-hospitalaria a la población no asegurada incapaz de sufragar los gastos de sus servicios médicos y para atender tales obligaciones se dotará a la Caja de las rentas específicas necesarias. En caso de que esas rentas fueren insuficientes, el Estado deberá crear previamente a favor de la CCSS rentas específicas para completar el pago de la atención de los no asegurados incapaces de sufragar los gastos de su atención médica.” ¡Nueva promesa incumplida! La Caja da el servicio médico; pero la misma CCSS se niega a determinar el costo anual en que incurre. En su lugar ofrece al Estado precios de “cliente estrella”, usando, para determinar el “costo”, la base mínima contributiva. La Auditoría Interna de la Caja en algún momento levantó la voz; pero callaron. Por este trato preferencial y por otros provenientes del Código de la Niñez, Protección a la Madre Adolescente y de la persona Adulta Mayor, los asalariados pagan una cuota aún más inflada, con un recargo anual superior a los ₡68 mil millones.
Como si esto fuera poco, la ley 5905 de 1976 obligó a la Caja a dar seguro de salud a los pensionados, terminando de desfinanciarla. Si no lo cree, léase el artículo 2 que obliga al Estado a cubrir el déficit por esta obligación, pero, en la relación de muy “buenos amigos” cultivada por años entre la Jerarquía del Seguro y el Estado, ¿para qué crear problemas? Han dejado de cobrarle más de ₡137 mil millones anuales para cubrir ese hueco y, en su lugar, están recargados en las cuotas de los asalariados.
La Ley de Protección al Trabajador colocó el último nudo alrededor del cuello de la Caja. La obligó a asegurar a los trabajadores independientes sin definir las obligaciones estatales y para quienes los asalariados pagan con sus cuotas un monto anual superior a los ₡77 mil millones.
En total, los asalariados pagan anualmente un recargo en las cuotas de salud superior a los ₡462 mil millones, cerca del 5% sobre los salarios, que es dinero en cualquier parte del mundo. Por eso, el reciente diálogo sobre problemas de la institución –Gobierno, jerarcas de la Caja, patronos y sindicatos– fue importantísimo para quienes vemos en la CCSS un agente de justicia y paz social. Al final, el Gobierno obsequió un régimen de pensiones a punto de bancarrota, un aumento de 1% sobre los salarios y la amenaza de reducir los beneficios y subir las edades de retiro. ¡Nos contaron que el café estuvo exquisito y ni se digan los bocadillos!
