El proceso educativo en el área del Derecho merece mayor reflexión y análisis del que tradicionalmente se le ha dado. El momento histórico actual evidencia la complejidad de un mundo que atraviesa una situación geopolítica volátil, un grave deterioro de los ecosistemas y una inquietante polarización socioeconómica. El escenario tan intrincado plantea grandes retos que demandan reflexión, análisis y toma de decisiones. Particularmente, el modelo educativo tradicional ocupa examinarse cuidadosamente, en virtud del considerable poder que tiene la educación como herramienta para propiciar cambios. Por esa razón, el proceso educativo del Derecho necesita ser escudriñado, uno de cuyos principales desafíos consiste en superar la resistencia del viejo paradigma epistémico iuspositivista. Además del carácter colonial eurocéntrico que él soporta, propaga una desafortunada impronta reduccionista y mecanicista en las jóvenes mentes estudiantiles. La idea de circunscribir el estudio del Derecho a la norma jurídica, al margen del entramado histórico, social, ético, económico o político, implica eludir un asunto esencial: que el orden jurídico solo adquiere sentido dentro de una organización social específica, en un momento particular de la historia y bajo el influjo de un entorno axiológico determinado. Soslayar en el aula esos hechos afectará sensiblemente la formación de la conciencia jurídica de los futuros profesionales.
Y es que la educación, nos guste o no, posee sesgos que deben visibilizarse para los que plantear algunas preguntas podría facilitar su comprensión, como: ¿cuál es el perfil ético que caracteriza al profesional en Derecho que gradúa la Universidad de Costa Rica?, ¿qué tipo de perfil profesional en Derecho ocupan las instituciones para contribuir con el desarrollo de un país auténticamente democrático?
La educación no es neutral, como tampoco lo es el Derecho. En el fondo es un asunto político que demanda situarse, posicionarse, e implica —ni más ni menos— ubicarse éticamente. Por ende, desde una perspectiva crítica, el proceso educativo del Derecho necesita trascender el modelo técnico-legal tradicional. Problematizar críticamente situados y con el debido rigor la normativa, la doctrina más destacada en boga y la jurisprudencia, es una labor que debe iniciar con los docentes para fomentarlo después en las aulas. Asimismo, es claro que cualquier transformación curricular va a requerir un meticuloso trabajo* si se quiere evitar el riesgo de convertirse en otra declaración de buenos deseos, como lo advirtió atinadamente desde hace muchos años mi estimado profesor don Enrique Pedro Haba.
El contexto actual apremia para que la enseñanza-aprendizaje del Derecho supere, en serio, el influjo iuspositivista y asuma un compromiso real con el fortalecimiento de la capacidad crítico-problematizadora. A modo de ejemplo, podría considerarse la realización de ejercicios en el salón de clase, donde se cuestione regularmente y de manera crítica las relaciones asimétricas de poder (que subyacen al entramado jurídico), lo que permitiría sensibilizar a las personas estudiantes acerca de la responsabilidad que les corresponde como futuros profesionales, pero, sobre todo, como gestores de un orden jurídico que, según la teoría, debe contribuir con el mantenimiento de la armonía social, representación de una auténtica democracia.
Es esencial comprender que el orden jurídico, por su naturaleza política, explica por qué, además de ser utilizado para el litigio, la contienda o mantener el statu quo debería abrirse a otras posibilidades como el derecho alternativo, por su condición de instrumento capaz de potenciar y hacer efectivos, en la práctica y para todas las personas, los derechos en general y los derechos humanos en particular.
*La presente reflexión es producto de unos estudios más amplios que realiza la autora.
