Celebramos este año el 25 aniversario de la entrada en vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) en nuestro país. Es un momento idóneo para sopesar cuánto y cómo se ha consolidado este esfuerzo en la sociedad costarricense como resultado de las articulaciones institucionales.
Para estos propósitos cabe preguntarse cuánto hemos avanzado en la comprensión de eso que llamamos el interés superior del niño y de la niña y si hemos entendido, efectivamente, el dinamismo de este concepto en términos de los cambios que hemos vivido en los últimos tiempos.
Cuando se aprobaba el Código, se planteaban temas y situaciones que aún persisten: la exclusión educativa, el trabajo infantil, sobre todo en zonas rurales, y la precaria formación para una ciudadanía activa y propositiva. A hoy, el entorno mundial ha sufrido un cambio caracterizado por el acelerado desarrollo y amplio uso de Internet; hemos vivido la pandemia y sus secuelas; vemos con dolor el regreso a regímenes dictatoriales y el deterioro de la institucionalidad, acompañados de gestos populistas y autoritarios; el desprecio por el conocimiento y las crecientes asimetrías sociales, donde los desplazamientos y las migraciones cobran protagonismo, lo que constituye un nuevo caldo de cultivo que tiende a invisibilizar el tema central que hoy nos preocupa: la niñez y la adolescencia.
La realidad que viven los migrantes, caravanas humanas caminando, despojadas de toda dignidad, donde las personas menores de edad se vuelven más vulnerables por su condición etaria, nos interpela. La cifra de niñas, niños y adolescentes que viajan solos o acompañados de personas adultas que las exponen a situaciones violatorias de sus derechos es atroz; con la claridad de que hay un subregistro (cuantitativo y cualitativo), pues hay países que no cuentan con capacidad instalada para hacer estas anotaciones.
Las universidades, como instituciones de educación pública, somos garantes de este derecho humano. En el caso particular de la UCR, la niñez, la adolescencia y, más recientemente, las juventudes, han sido una preocupación importante. Conscientes de la necesidad de modernizar los enfoques sobre el tema, la universidad ha fortalecido el interés por su investigación, generando datos fiables y valiosos para entender los viejos y nuevos problemas que afrontamos y, para la toma de decisiones; a su vez, llevamos adelante acciones, proyectos y programas de acción social que nos permiten, desde una visión participativa y dialógica con las comunidades, buscar y plantear acciones conjuntas ajustadas a las transformaciones que la sociedad necesita.
En la actualidad, existen 174 proyectos de acción social que trabajan directa e indirectamente con niñez y adolescencia (7 son Iniciativas Estudiantiles ejecutadas en el 2022), así como el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA), en cuya cartera de proyectos se encuentra el Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (EDNA), que se desarrolla gracias al esfuerzo articulado de la VAS, la Escuela de Estudios Generales (EEG) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Debemos dirigir esfuerzos para atender los desafíos que se nos presentan, así como saldar las deudas pendientes en esta materia: generar conocimiento y conciencia sobre las causas de las violaciones a los derechos de las personas menores de edad, basados en datos y registros actualizados sobre esta problemática, donde la labor del Observatorio Temático Interuniversitario de Derechos de la Niñez y Adolescencia (OBINA) y el trabajo interinstitucional es significativo. Es imperativo posicionarnos ante posturas conservadoras que han alcanzado protagonismo en los últimos años y ribetes políticos. Avanzar en la internalización y el respeto al principio de la autonomía progresiva, así como la erradicación del adultocentrismo. Para esto hace falta superar la tendencia a trabajar en compartimentos estanco sin transversalizar los enfoques y las metodologías y hacer esfuerzos por asignar los recursos humanos y financieros necesarios para asegurar el logro de los objetivos explícitos e implícitos del CNA.
La experiencia nos demuestra que es preciso crear sinergias para una amplia y comprometida participación entre sectores de la población y las instituciones involucradas en esta área. El resultado esperado, para aumentar la dotación de saberes, constituye la base para desarrollar formas de difusión, capacitación y sensibilización, ya que el crecimiento exponencial de necesidades implica un redoblado interés por nuevos aportes. Es importante recordar que la prevención de violencias y la exclusión social están ligadas a la valoración de la educación como un derecho humano, que debemos respetar y garantizar, por lo que hace falta cambiar las formas de decir y de hacer y procurar el trabajo entre pares, sin dejar de promover el diálogo intergeneracional.
Las universidades públicas, no solo estamos convocadas, sino que tenemos la obligación estatutaria de aportar en las transformaciones que la sociedad necesita, en este caso, desde la acción social, trabajamos para la defensa, protección y garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia.
