La cara enjuta y el bigote gris. ¿60 o 65 años? Quizás. Durante el día trabaja en una bodega, cargando y descargando productos alimenticios. A veces en horario nocturno, otras veces, de día.
Ahora maneja por las autopistas de Los Ángeles. Cuando el horario en el almacén es nocturno, trabaja de día en Uber. Y al revés, cuando el horario es diurno. Doce horas diarias alcanzan para una vida modesta. Tiene residencia legal en los Estados Unidos. Puede viajar de vez en cuando, incluso acaba de volver de México. Sale con su carro desde Los Ángeles y maneja hasta la frontera con Tijuana: tres horas y media. Cruza a pie la frontera directamente al aeropuerto de Tijuana y toma el avión. Para Oaxaca; de ahí es.
Yo no debería estar vivo, dice John Simpson, asomándose en una carpa harapienta para dos personas. Tiene 64 años. Ha sido homeless, un sin casa, toda la vida. Su familia lo echó de la casa por alcoholismo.
Luego volverá a hacer el recorrido. Subirá a su carro y volverá a Los Ángeles. Aquí vive desde hace más de 20 años con su mujer y sus hijos. Creo que también su padre ha venido a Estados Unidos.
—No quieren trabajar, pues el gobierno les da de todo y prefieren vivir así.
Habla de los sin casa, a quienes hemos visto en el camino. No sé si habla convencido o si dice lo que supone que queremos oír, debido a que al oírlo hablar queda la duda.
Contrasta su vida dura con la otra, la cual le parece más holgada o menos honesta.
Sentado, mirando pasar
No hay presas en la carretera, pero el tránsito es lento.
El camino está salpicado por las tiendas de los sin casa. Debajo de un viaducto, en un pequeño espacio al costado de la carretera, a la vuelta del centro de la ciudad, por aquí, por allá.
En un sofá escarlata, a un costado de la pequeña carpa, inmóvil, sin prisa, probablemente sin compromisos, ni ninguna cita para el día, sentado, mira la vorágine de quienes pasan, con más o menos prisas, en un torrente que se asemeja a un hormigueo. ¿Qué pensará? Con el pelo algo gris y pasado de peso, solo mira, repantigado en su sofá a la orilla de la carretera. Es un sin casa.
Medio millón de norteamericanos califican como sin casa. Alguien es considerado así si carece de un lugar fijo, regular y adecuado para pasar la noche, de acuerdo con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés)
En enero de 2018, 552.830 personas en Estados Unidos eran consideradas homeless (sin casa) por el Departamento. De estas, casi 195 mil (35%) vivían en las calles. Poco más de 358 mil (65%) tenían algún abrigo en residencias temporales.
Los sin casa representaban entonces un 0,2% de la población de los Estados Unidos; 17 personas por cada 100 mil habitantes. Dos años después, en enero de 2020, 580.466 personas entraron en esa categoría, según la edición de 2021 del State of Homeless.
La mayor parte (70%) son personas solas. El resto son familias con niños. “Ellos viven en cada estado y territorio, y reflejan la diversidad de nuestro país”, dice el informe.
“Entre 2019 y 2020 los sin casa aumentaron en todo el país un dos por ciento”. Es el cuarto mayor aumento de que se tiene registro, revirtiendo una tendencia a la baja que duró ocho o nueve años. Eso fue antes de la pandemia. Este informe —dice el documento— no refleja los cambios que pueden haber ocurrido como consecuencia de las medidas adoptadas para frenar la COVID-19, ni el aumento de la tasa de desempleo derivadas de la pandemia y de la recesión. El desempleo y el desalojo muy generalizado de quienes se quedaron sin recursos para pagar un alquiler “pueden haber reducido o borrado completamente lo que habían logrado los que trabajan para poner fin a los sin casa”.
Yo no debería estar vivo
El pasado 13 de julio, Jaime Lowe publicó en el New York Times magazine un largo reportaje sobre los sin casa en Los Ángeles. El Dr. Coley King, un médico de 52 años es un personaje central en su historia.
Recorre las calles de la playa de Venice, unos cuatro kilómetros al sur de Santa Mónica. A una hora del centro de Los Ángeles, detiene su van al lado del campamento de la Avenida Tercera, “donde viven cerca de 30 personas”. John Simpson se asoma en una carpa harapienta para dos personas. Tiene 64 años. Ha sido homeless, un sin casa, toda la vida. Su familia lo echó de la casa por alcoholismo.
—Yo no debería estar vivo, dice.
El doctor King le pregunta si necesita atención médica. Simpson le dice que ha estado tomando toda la mañana. —¿Está bien eso?, le pregunta.
—No me importa, responde King. ¿Quieres que te vea, quieres inscribirte como mi paciente? Simpson duda, pero acepta. Y mientras le sacan sangre se lamenta por hacerle perder el tiempo.
—Yo no debería estar vivo, asegura.
Lo normal, para mí, es perder a tres pacientes por mes, dice el doctor King. Y cita tres casos: uno muerto por sobredosis de fentanyl; otro murió de cáncer, el cual se complicó por su dependencia a las drogas; un tercero, muerto por alcoholismo y una enfermedad pulmonar terminal. Un antiguo paciente murió de enfermedad cardiovascular. King lleva un pin con su imagen y una leyenda: “In loving memory”. Murió a los 56 años, “muy cerca de la edad de muerte promedio de los sin casa crónicos”.
Los sin casa han conformado decenas de campamentos en Venice. Muchos de ellos —dice Lowe en su reportaje— colindan con casas que valen algunos millones de dólares (cifras de siete u ocho números, dice), muchas de ellas de empleados de empresas en lo que ahora es conocido como Silicon Beach, un remedo del bien conocido Silicon Valley, el área en la bahía de San Francisco que alberga a algunas de las grandes transnacionales de la tecnología y de las redes sociales: Apple, Facebook o Google. Google, YouTube, Hulu y Snapchat tienen oficinas a unos ocho kilómetros de Venice, relata el periodista Lowe.
Un vecindario que se ha convertido en un punto clave para definir cómo Los Ángeles va a encarar el desafío de los homeless.
“Algunos residentes quieren reubicar los campamentos de los sin casa al sur del aeropuerto de Los Ángeles, a unos once kilómetros más allá, mientras que otros insisten en que la solución debe encontrarse en Venice”.
Los que los quieren echar citan, entre otras razones, la violencia, las heces y el robo de bicicletas. Se pasean con carteles: “¡Venice Beach! Donde la caca humana y las agujas son parte de la diversión”.
“Nosotros no tenemos control suficiente sobre los factores más importantes para la solución de los sin casa”, decía el entonces alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti (hoy designado embajador de Estados Unidos en la India por el presidente Joe Biden). En Venice “es especialmente brutal ver lo inhumano de la situación. En la ciudad y, ciertamente, en el malecón, la situación es absolutamente inaceptable”, aseguró. En los últimos 12 años el presupuesto dedicado al problema pasó de diez millones de dólares a mil millones.
Los Ángeles —afirma Lowe— enfrentará otra ola de gente sin casa, cuando la moratoria estatal que suspendió los desalojos expire en septiembre. Un plan de $5,2 mil millones, propuesto por el gobernador Gavin Newson para enfrentar el problema, servirá de algo, dice Lowe, “pero podría no ser suficiente”. Muchos de los que califican para recibir esa ayuda podrían ser desalojados mucho antes de recibirla, “lo que implicaría un aumento significativo de la población de los sin casa”.
El fin de la moratoria preocupa también en Massachusetts, donde el Boston Globe editorializó el pasado 2 de agosto señalando que “aquellos que viven en el límite de la pobreza, luchando y muchas veces no pudiendo pagar el alquiler, enfrentan una desigual batalla para mantener un techo sobre sus cabezas”. La pandemia solo ha exacerbado el problema. Miles han perdido su trabajo y pueden perder sus casas también, agrega el periódico.
Luego de un receso, las cortes judiciales han reiniciado su trabajo y la moratoria de los desahucios, decretada por el gobierno, expira el mes que viene. Los programas de ayuda para pagar el alquiler funcionan mal, debido a que menos de la mitad de los solicitantes (solo un 48%) tienen sus demandas atendidas; es un combate desigual. En las más de 20 mil demandas de desahucio presentadas desde enero pasado, cerca de 93% de los demandados no estaban representados por abogados, una situación que solo afectó a 15% de los propietarios.
Salud mental y vivir en la calle
Uno de los debates sobre el tema se refiere a la relación entre salud mental y el vivir en la calle. Ciertos estudios muestran que una de cada cinco personas que vive en la calle tiene problemas mentales. La proporción aumenta de 1 a 3 entre los homeless crónicos. El estrés, la ansiedad, el aislamiento y la dificultad para dormir aumentan los problemas físicos y mentales. En todo caso, no hay que olvidar que la mayor parte de las personas afectadas por problemas mentales no viven en la calle.
La relación entre los dos problemas quedó en evidencia en 1963, cuando el presidente John Kennedy firmó el Community Mental Health Act. La idea era construir 1.500 instalaciones para el tratamiento de las personas con problemas mentales en sus propias comunidades. Parecía una buena idea, pero muchos hospitales públicos cerraron y los pacientes se vieron obligados a trasladarse a comunidades que no tenían ni los recursos ni la capacidad, para atenderlos. Hoy —dice Heidi Schultheis, analista del Center for American Progress en un estudio sobre el tema— la herencia de esa política, llamada de desinstitucionalización, es que los sin casa y las personas con problemas mentales “están sobrecriminalizadas y sobreencarceladas, con las cárceles sirviendo como los mayores proveedores de atención psiquiátrica del país”.
En su opinión, la clave para terminar con esa situación, para prácticamente todas las poblaciones afectadas, es asegurarle una vivienda permanente a un costo razonable.
Cerca de cinco millones de propietarios, incluyendo unos cuatro millones de niños, dependen de programas de asistencia federal para tener una casa y, pese a la creciente demanda, solo uno de cada cuatro personas necesitadas recibe ayuda.
Con el aumento de los alquileres, el estancamiento de los salarios y la reducción de la oferta pública de casas y de proyectos subsidiados se ha hecho muy difícil encontrar casa a un precio que puedan pagar.
Schultheis afirma que durante el gobierno del presidente Donald Trump y su secretario para la Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, apoyados por congresistas republicanos, dejaron sin fondos los programas de asistencia, derogaron el Affordable Care Act (ACA) y recortaron los fondos del programa de atención de salud Medicaid.
Con eso —agregó— “pusieron en gran riesgo la salud y el bienestar de las personas con problemas mentales, los sin casa y, sobre todo, a la población que estaba en las dos situaciones”.
El estado más rico en la nación más rica
Más de un cuarto de los sin casa en los Estados Unidos viven en California. En febrero del año pasado el gobernador Newson dedicó todo su discurso sobre la situación del estado a la crisis de los sin casa.
“Es una tragedia que el estado más rico en la nación más rica —tan exitosa en muchos aspectos— no sea capaz de alojar adecuadamente, curar y tratar humanamente a tanta de su propia gente”, dijo Newson.
Luego vino la pandemia y el gobernador anunció una inversión de $12 mil millones —la mayor en cualquier Estado del país—, para enfrentar el problema. Y tampoco parece ser suficiente. En realidad, el problema implica causas estructurales que van más allá del monto de los recursos.
Quienes desprecian a los homeless insisten en que representan un riesgo para la salud pública. A principios de julio Los Angeles Times publicó un editorial contra una decisión del concejo del municipio de remover los campamentos de la ciudad. La medida fue presentada como un esfuerzo por devolver a los ciudadanos el acceso a los espacios públicos. Los opositores la criticaron, diciendo que pretendía criminalizar a los sin casa. Las cortes de apelación dijeron que no se podía transformar en crimen el dormir en las calles, mientras no se les otorgase una alternativa donde pasar la noche.
Newson enfrenta una consulta revocatoria de su mandato, convocada para el 14 de septiembre, con el apoyo de quienes critican su política de cierre de escuelas y negocios para hacer frente a la pandemia.
Una elección que será observada con atención, pues servirá de barómetro para las parlamentarias del año próximo. Con el apoyo a Biden cayendo, según diversas encuestas divulgadas la semana pasada, principalmente por su manejo de la pandemia, los demócratas corren el riesgo de perder su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes.
