El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció este martes el cierre de oficinas públicas y la suspensión total de clases presenciales, entre otras medidas dirigidas a “reducir la movilidad” para frenar la fuerte escalada de contagios de COVID-19.
“Hemos tomado medidas que tienen como centro reducir la movilidad”, dijo el mandatario en conferencia de prensa, tras reunirse durante varias horas con su gabinete.
El cierre de todas las oficinas públicas a excepción de los servicios imprescindibles, la suspensión de espectáculos públicos, el cierre de gimnasios y de las tiendas libres de impuestos de la frontera, así como la suspensión de las fiestas y eventos sociales, en todos los casos hasta el 12 de abril, fueron parte del paquete anunciado.
Lacalle también informó la suspensión de la asistencia presencial en todos los niveles de enseñanza hasta Semana Santa, tras la cual se retomará gradualmente.
“Tenemos una cepa muy potente en la penetración y en la capacidad de contagio: contagia 2,5 veces más que la otra”, dijo acerca del hallazgo de la variante brasileña P.1 en el país, sobre la que se informó el lunes.
“Tenemos una situación compleja en el sistema de salud, sobre todo presionando los CTI (centros de terapia intensiva)”, agregó.
Frente a esto, el mandatario informó que se agregarán 129 camas de tratamiento intensivo y se adquirirán más respiradores.
En el plano económico, afirmó que se duplicará por dos meses el monto de asistencia social que reciben casi medio millón de uruguayos por distintos programas y se reinstalará por dos meses el impuesto especial a sueldos altos de funcionarios públicos. La recaudación de ese tributo, que ya se implementó en 2020, “irá a las actividades perjudicadas por la reducción de la movilidad”.
“No somos partidarios del confinamiento total o de la cuarentena obligatoria”, afirmó, haciendo hincapié una vez más en el concepto de libertad responsable de la ciudadanía. “Es una cuestión de principios”.
En las últimas horas, desde comunidades científicas y académicas hasta la oposición e incluso socios políticos del gobierno empezaron a reclamar medidas más restrictivas para frenar los contagios.
Aunque la vacunación avanza a buen ritmo -en 23 días el 10% de la población recibió ya la primera dosis de CoronaVac o Pfizer-, desde febrero los números diarios de casos y muertes no cesan de batir récords.
El lunes se registraron 2.682 casos nuevos y 19 fallecimientos, los guarismos más altos desde que se declaró la emergencia sanitaria en marzo de 2020.
El país de 3,4 millones de habitantes -que durante la mayor parte de 2020 fue modelo en América Latina por su exitoso control- registra 84.212 contagios y 827 muertes por COVID-19.
