Fue en Nicaragua donde se dio el cambio político más profundo. Ha sido siempre así: a la intervención armada de los Estados Unidos y a la oferta de un presidente de entregarles el país bajo protectorado por 99 años se opuso el alzamiento de Sandino, en 1927. Asesinado en 1934, se establece en el país, durante casi 50 años, la dictadura de los Somoza. Derrotada la dictadura en 1979, se establece por once años el gobierno del Frente Sandinista. Siguen otros treinta de alternancias en el gobierno, entre fuerzas tradicionales y gobiernos sandinistas, ahora encabezados por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que han llevado el país a una nueva encrucijada.
Hace ya 16 meses las protestas, aplastadas con violencia en varias ciudades del país fueron, dejaron centenares de muertos, heridos, presos y medios de prensa saqueados y cerrados.
Con la coalición con el sector empresarial con el que Ortega gobernaba hecha trizas y el país dividido, el régimen lucha por sobrevivir hasta las elecciones de noviembre del 2021, algo que la oposición no acepta.
“Es muy difícil para Daniel Ortega mantenerse en el poder por la vía de la fuerza en los próximos 27 meses, porque hay un desgaste económico muy fuerte”, estimó el politólogo e investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, en una entrevista publicada por el periódico nicaragüense Confidencial.
El déficit fiscal del país es alto y el gobierno no puede cubrir el 50% de su gasto, aseguró Orozco.
En el plano internacional, el gobierno de Ortega está bajo el escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que debe informar sobre el avance de las negociaciones entre gobierno y oposición para resolver la crisis política. Sobre el tema más sensible –el adelanto de las elecciones– Ortega ya dijo que no habrá negociaciones. En ese contexto, si logra apoyo suficiente, la oposición nicaragüense podría intentar aplicar la Carta Democrática a Nicaragua y suspenderla de la OEA.
Pero la clave de la situación internacional, para el gobierno y la oposición, es la Nica Act, legislación aprobada por el Congreso y firmada en diciembre del año pasado por el presidente Donald Trump, que somete el país nuevamente a un virtual protectorado norteamericano.
La Nica Act no solo contempla sanciones económicas contra quienes estime responsable de violaciones a los derechos humanos, sino también prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos y el bloqueo de préstamos al país en los organismos financieros internacionales.
En esta encrucijada, es difícil prever el camino que tomará el país y todavía más difícil saber hacia dónde lo llevará.
Bukele en El Salvador
Después de Nicaragua fue El Salvador, donde un proceso revolucionario tocó fibras más profundas de la sociedad. Los acuerdos de paz firmados en el castillo de Chapultepec, México, en 1997, cumplen 27 años.
Desde entonces se alternaron en el poder la derecha tradicional y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la guerrilla transformada en partido político, hasta que hace cinco meses Nayib Bukele arrasó en las elecciones presidenciales. Es, él mismo, un resumen de la historia política reciente del país. Habiendo sido elegido alcalde por el FMLN dos veces, de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador, terminó expulsado del partido.
Se presentó como candidato presidencial de una agrupación de la derecha más tradicional y luego se ha alineado con think thanks norteamericanos muy conservadores.
“Atrae como a moscas la miel un presidente de 37 años que tuitea a su casi millón de seguidores la desaparición de una secretaría, el despido de un funcionario o que él es el ‘presidente más cool’ del mundo”, escribió en el diario español El País, en junio pasado, el periodista del diario salvadoreño El Faro, Nelson Rauda.
Pero Twitter, advierte Rauda, “ha sido un truco efectista mientras no empiece a cumplir las promesas del ambicioso plan de trabajo que ofreció en campaña”.
“Entre 2020 y 2021, Bukele necesitará la aprobación de unos 250 millones de dólares en deuda externa. Para ello, requerirá 56 votos en la Asamblea Legislativa, y por ahora sus aliados no suman más de 11”, agregó el periodista.
Mientras tanto, ha avanzado en su programa de lucha contra las pandillas. “Si se mantiene el rompimiento de las comunicaciones entre pandilleros libres y encarcelados, en dos o tres años las pandillas no existirán en El Salvador tal como se conocen hoy”, dijo el presidente, quien anunció que en sus primeros 37 días de gobierno más de 4.300 pandilleros han sido capturados. ¿Es ese el camino de El Salvador?
Guatemala como “tercer país seguro”
En la encrucijada de Guatemala está el segundo turno electoral del domingo próximo, en el que se disputarán la presidencia de la República la exprimera dama Sandra Torres, del cada vez más conservador partido socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y el médico Alejandro Giammattei, del conservador Vamos.
Sandra Torres era la esposa de Álvaro Colom, quien gobernó el país entre 2008 y 2012. Busca por tercera vez la presidencia, después de haber sido derrotada, en las elecciones pasadas, por el actual presidente Jimmy Morales.
Alejandro Giammattei, médico de profesión, fue director del Sistema Penitenciario entre 2005 y 2007 y también aspira, por tercera vez, a la presidencia.
“La población se enfrenta a una encrucijada porque las opciones que hay no representan la renovación que muchos esperaban, son candidatos que no provocan ese sentimiento de cambio”, dijo a BBC Mundo Juan Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) de Guatemala.
Gane quien gane, deberá enfrentarse a la decisión del presidente Morales de transformar Guatemala en un “tercer país seguro” para solicitantes de asilo en los Estados Unidos. Un país hacia donde Trump podría enviar a miles de centroamericanos, mientras esperan que Washington resuelva cada solicitud de asilo.
El ministro de Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, defendió este acuerdo, firmado a fines de julio, al afirmar que las consecuencias, de no haberse logrado, habrían sido “nefastas”. Pero su aplicación convertiría a Guatemala “en una especie de gigantesca cárcel de migrantes salvadoreños, hondureños e incluso de otras nacionalidades que quieran solicitar asilo en Estados Unidos”, dijo a la BBC Iduvina Hernández, directora de la ONG guatemalteca Seguridad en Democracia (Sedem).
A diez años del golpe en Honduras
En la madrugada del 28 de junio, hace diez años, las fuerzas militares hondureñas expulsaban hacia Costa Rica el presidente Manuel Zelaya, empujando el país hacia una nueva encrucijada política.
Desde entonces, dos elecciones llevaron al poder a Juan Orlando Hernández. La última, una “movida maquiavélica” –como la calificó la revista británica The Economist– que le permitió aspirar a una reelección prohibida por la Constitución, similar a la que, años antes, había orquestado en Costa Rica el presidente Óscar Arias.
En una encuesta de la empresa Gallup, de mayo pasado, 86% de los hondureños cree que el país va por un camino equivocado. Cifra muy superior al 60% que opinaba así en 2017. La aprobación de Hernández cayó desde un 31% positivos a un 17% negativo. Su hermano, Tony, está preso en Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas. El juicio deberá celebrarse en octubre.
En abril, los homicidios alcanzaron la cifra de 366. De enero a junio ocurrieron 1.854, cifra ligeramente superior a la del mismo período del año pasado. En ese mismo mes la población salió a las calles en todo el país, en protesta por los planes de gobierno de privatizar los sistemas de salud pública y de educación.
Honduras ha hecho significativos progresos restaurando la estabilidad económica y estableciendo las bases para un crecimiento sostenible, gracias al programa económico promovido por el FMI en diciembre del 2017, dijo esa institución financiera.
Pero, agregó, la pobreza sigue alta y hay un gran mercado laboral informal; además, la fuerte dependencia de la agricultura y la violencia continúan poniendo en duda el crecimiento económico.
Honduras no parece estar transitando por el camino de la solución de sus conflictos. Los sueños hondureños terminan en el muro de la frontera norteamericana, entre México y Estados Unidos.
