Dos asambleas –la Constituyente y la Nacional–, el electorado dividido –8 millones y 7,5 millones–, América dividida, 13 países alineados con la iniciativa de Washington y México contra la Constituyente venezolana, frente a una mayoría que rechazó la propuesta discutida la semana pasada en la Organización de Estados Americanos (OEA) es el escenario de la lucha política más intensa que se libra hoy en América Latina.
Cerradas las urnas, conocidos los resultados en la madrugada del lunes, con poco más de 41% de participantes, según los datos del Consejo Nacional Electoral, el Gobierno reivindicó el éxito de la convocatoria que la oposición prometía evitar. Oposición que volvió a llamar a sus partidarios a manifestarse ese mismo lunes y el miércoles, fecha de instalación de la Constituyente, de 545 miembros, la mayor parte de ellos candidatos independientes de militancia en cualquier partido político.
Habla Maduro
Para el Gobierno el resultado no podría ser mejor. Imágenes de largas filas en las urnas, una participación que superó por cerca de 500 mil votos a los reivindicados por la oposición en su consulta contra la Constituyente. El dirigente opositor Henrique Capriles llamó a renovar las protestas en las calles a partir del mismo lunes, como rechazo a lo que calificó como “fraude”.
La reacción de la Mesa Nacional Opositora (MUD) fue desconocer un resultado que, en todo caso, podrá ser comprobado porque quedaron registrados en las máquinas de votación; contrario a los cerca de 7,5 millones de votos que la oposición reivindicó en su plebiscito, pues las papeletas fueron quemadas al día siguiente.
Al finalizar la jornada y conocidos los resultados oficiales ya cerca de la medianoche del domingo, el presidente Nicolás Maduro se presentó ante una multitud reunida en la céntrica Plaza Bolívar, para referirse al nuevo escenario político del país.
En su mensaje para la oposición, el presidente expuso las nuevas reglas del juego: “nadie está por encima de la Asamblea Nacional Constituyente”, afirmó. De modo que tanto los mandatos parlamentarios vinculados con los hechos violentos ocurridos durante las protestas opositoras que duran ya más de tres meses, como el de la Fiscal General, Luisa Ortega, crítica del proceso Constituyente, serán, probablemente, revocados. Maduro hizo un reiterado llamado al diálogo con la oposición, condicionado a que participen en una comisión de justicia y verdad, que será instalada para conocer y sancionar a los responsables de esa violencia. “Necesitamos justicia”, afirmó, mientras reiteraba la idea de restablecer la paz en el país. Esta es una constitución “para poner orden”, señaló.
EEUU y México
El otro mensaje del mandatario venezolano fue para el escenario internacional, principalmente contra lo que calificó de “pretensiones insolentes del emperador Donald Trump, de dictar órdenes al pueblo de Venezuela”.
El Gobierno norteamericano anunció, la semana pasada, nuevas sanciones contra 13 dirigentes políticos venezolanos y amenazó con “acciones económicas fuertes y rápidas” si Maduro llevaba adelante la celebración de las elecciones constituyentes.
Todas las miradas apuntan hacia el comercio del petróleo venezolano, que destina al mercado de los Estados Unidos el 10% de sus exportaciones. Las sanciones podrían afectar también cuentas bancarias y otras medidas que complicarían aún más la situación de la ya debilitada economía venezolana.
Estados Unidos y México han liderado las iniciativas para tratar de aislar el Gobierno venezolano y crear condiciones para sancionarlo, tanto en la OEA como en otras organizaciones regionales, como el Mercosur, que sesionó la semana pasada en Argentina.
El jueves pasado, solo un día después de que lo hiciera Estados Unidos, México se sumó a las sanciones anunciadas por Washington. Y poco a poco los otros países que conformaron el grupo que, en la OEA, promovía sanciones contra Caracas, fue anunciando su rechazo y desconocimiento de la elección constituyente, incluido Costa Rica, que el domingo dio a conocer su posición y calificó de “nulo e ilegítimo” el resultado de la convocatoria a la Constituyente.
En México el colectivo “No en nuestro nombre”, de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, emitió un pronunciamiento en el que calificó la actitud del Gobierno como “un grado de sumisión que ha rebasado los límites de la racionalidad, degradando la dignidad que cualquier país debe enarbolar y violentando la tradición que México tuvo respecto de las soberanías de otras naciones”.
Al rechazo a la Constituyente se sumaron, en todo caso, otros países como Colombia, Perú, Panamá, Argentina y Brasil.
Otras amenazas
La oposición a la Constituyente sumó otras voces, a través de un llamado a la intensificación de las protestas o a una intervención militar contra el Gobierno de Maduro.
Lo primero fue expresado por el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, para quien “la única solución para evitar este escenario es que continúe la fuerte presión en las calles a través de masivas manifestaciones pacíficas, de la mano de una presión internacional y multilateral cada vez mayor”, según lo publicado por medios internacionales.
Vivanco hace caso omiso de la violencia que ha imperado en las manifestaciones opositoras, incluyendo el procedimiento de quemar vivas a personas que los manifestantes consideraban vinculadas al chavismo.
El llamado a una intervención militar fue hecho por el expresidente del Gobierno español, Felipe González. “A mí lo único que se me ocurriría como solución es que hubiera una intervención militar, que los militares digan: no apoyemos esto porque es inconstitucional, si eso ocurre Maduro se quedó sin poder”, afirmó.
Fue lo que ocurrió en el Chile de Salvador Allende, en 1973, cuando las fuerzas armadas, encabezadas por el general Augusto Pinochet, terminaron por inclinar la balanza a favor de la oposición conservadora e instauraron en el país un régimen militar de tendencia liberal en lo económico, basado en una dramática represión, naturalmente en nombre de la democracia y la libertad.
Como contrapartida a estas propuestas, el también exjefe del Gobierno español, del partido socialista como González, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha estado promoviendo el diálogo entre las partes en Venezuela, reiteró un llamado para que el Gobierno hiciera nuevos gestos que lo facilitaran, “aunque sin la voluntad y la determinación de la oposición nada será posible”, agregó.
Economía
La crisis política venezolana se alimenta de una grave crisis económica, con una inflación fuera de control y un desabastecimiento que hace muy difícil el día a día de la población, que el Gobierno atribuye tanto al sabotaje de la oposición, muy similar al ocurrido en el Chile de Salvador Allende, como a la caída de los precios del petróleo. La oposición culpa al Gobierno por sus políticas económicas y por la corrupción.
El Gobierno ha reivindicado como una de las primeras tareas de la Constituyente enderezar esa situación, algo que sectores opositores estiman poco probable.
Para la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), muy crítica del Gobierno, la Constituyente “será un instrumento parcializado y sesgado que no resolverá sino agravará los agudos problemas del alto costo de la vida, la escasez de alimentos y medicamentos que sufre el pueblo, y ahondará y empeorará la profunda crisis política que padecemos”.
Para el “experto estadounidense” David Smilde, un “analista que ha vivido o trabajado en Venezuela desde 1992”, citado por la BBC, “lo económico va a empeorar, va a hacer que haya menos disposición de invertir, menos disposición a prestar dinero a Venezuela”.
Los medios
El Gobierno de Venezuela ha denunciado también el papel de los grandes medios internacionales, eso atizó la crisis y deformó la situación. El diario español El País publicó el lunes un texto de sus corresponsales Alfredo Meza y Francesco Manetto, titulado “Maduro consuma un autogolpe en Venezuela en la jornada electoral más violenta”.
En opinión de ambos, las elecciones del domingo sumieron a Venezuela en “una espiral de violencia sin precedentes” y “abocan al país a una fractura insalvable de la sociedad y las instituciones”.
La Jornada, de México, prefirió titular: “Venezuela: polarización y afanes injerencistas”. El diario afirma, en su editorial que “La polarización se extiende a los medios informativos internacionales, de entre ellos, los que se alinean con el designio estadounidense de echar del poder a Maduro reportan escenarios de baja asistencia a las urnas, fallecimientos y episodios de extremada violencia”, y termina afirmando que es “necesario y urgente” que gobiernos y organismos internacionales saquen sus manos de Venezuela y que “tanto las autoridades como los dirigentes opositores sean capaces de establecer nuevas reglas del juego pacíficas e institucionales para solucionar sus diferencias”.
