El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este martes nuevas medidas para proteger a activistas de derechos humanos, entre ellas recompensas a los informantes, ante la ola de violencia que ha costado la vida de cientos de ellos desde 2016.
“Ratificamos la condena, el repudio por estos asesinatos, y no vamos a descansar hasta encontrar y castigar a los responsables de esos crímenes infames”, dijo el mandatario al término de un consejo nacional de seguridad en la presidencial Casa de Nariño.
Santos anunció la creación de un sistema de recompensas por información que permita identificar a los responsables de los ataques.
Las remuneraciones “serán aún mayores por la identificación de autores intelectuales de estos crímenes”, afirmó, sin precisar los montos.
Además, explicó otras nuevas disposiciones para proteger a los activistas, que incluyen acelerar, ampliar y priorizar los programas de protección colectiva y la seguridad en municipios en riesgo.
El mandatario, que el lunes convocó a un pacto nacional de rechazo a esa serie de asesinatos que ha movilizado a miles de colombianos, aseguró que la protección de los defensores de derechos humanos será una “prioridad” de su gobierno hasta que deje el poder el 7 de agosto.
“No vamos a permitir que esos avances, que ya vemos por la construcción de la paz, se vean amenazados por la acción criminal de bandas organizadas que pretenden regresarnos a un pasado de violencia”, aseguró.
Desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz que condujo al desarme de las FARC, que fue la guerrilla más poderosa de América, han sido asesinados 311 activistas, uno cada tres días, según la Defensoría del Pueblo (ombudsman).
Con corte al 30 de junio último, la estadística ha seguido creciendo con la muerte en los últimos días de al menos dos mujeres que promovían la defensa de las garantías fundamentales en el noroeste y suroeste del país.
La mayoría de los homicidios ha ocurrido en zonas con narcocultivos o minería ilegal.
Santos aseguró que entre el 1 de enero de 2016 y el 6 de julio de 2018 la fiscalía recibió reportes de 181 casos de homicidios de líderes sociales y activistas. Por estos homicidios han sido capturadas 168 personas, afirmó.
El mandatario invitó a su futuro sucesor, el derechista Iván Duque, a establecer como una prioridad de su gobierno la protección de los defensores de derechos humanos.
Aunque las autoridades han desestimado que se trate de una campaña sistemática de eliminación de activistas, en varios casos han acusado a grupos narcotraficantes, del ELN y rebeldes disidentes de las disueltas como presuntos agresores.
