En la madrugada del 3 al 4 de junio de 1989, el gobierno chino envió al ejército a poner un muy violento punto final a las jornadas de manifestaciones que estudiantes habían organizado en la plaza de Tiananmén, en Pekín.
Este 2016 se cumplen 27 años de ese acto de represión, que desembocó en una campaña ampliada de violencia desproporcionada contra la población local y según diferentes versiones fue en las calles aledañas a la plaza donde murió la mayor cantidad de personas.
La organización las Madres de Tiananmén ha calculado que fueron asesinadas unas 202 personas, sin embargo un informe de la época de la Cruz Roja estableció la cifra de asesinados en más de 700, según recuerda el diario español ABC.
Precisamente la líder fundadora de las Madres de Tiananmén Ding Zilin, ha sido puesta en arresto domiciliario, según denuncia la organización no gubernamental (ONG) Human Rights Watch (HRW).
De hecho, el pasado 1 de junio el New York Times intentó entrevistarla por teléfono y la mujer de 79 años sólo logró informar que no podía ofrecer entrevistas y que “hay gente vigilando mi puerta”.
En la masacre perpetrada por el régimen chino murió Jian Jielian, el hijo de Ding de tan sólo 17 años de edad.
Ding es sólo una de varias personas activistas chinas que han sido encarceladas o son vigiladas por su activismo para no olvidar y exigir justicia respecto a la masacre. Tal es el caso de la periodista Gao Yu, quien en abril del 2015 fue sentenciada a siete años de prisión por publicar documentos internos del Partido Comunista Chino (PCC) en los que se abogaba por mayor censura.
Gao salió de la prisión en noviembre por razones médicas, pero sus movimientos son restringidos y vigilados, además de que no ha recibido la atención médica a la que el Estado se había comprometido. Tampoco puede ganarse la vida, pues se le prohibió escribir.
EL ESTILO CHINO
Sophie Richardson, directora para China de HRW, manifestó que las autoridades chinas mantienen “una deuda de justicia y responsabilidad con los sobrevivientes dela masacre y sus familiares”.
Añadió que desde 1989 “la represión política no ha eliminado las ansias por lograr libertades básicas y un gobierno que rinda cuentas”, sino que en lugar de ello “sólo ha agravado la falta de legitimidad del Partido”, refiriéndose al PCC.
Las manifestaciones de 1989 habían iniciado en el mes de abril y también abarcaron otras ciudades, en mayo el gobierno declaró ley marcial y en la madrugada del 3 al 4 de junio el ejército simplemente abrió fuego sobre los manifestantes.
Según recuerda HRW, la violencia militar provocó que muchos ciudadanos atacaran a los vehículos militares. Luego de la masacre, el gobierno desató una persecución a nivel nacional y miles de personas fueron arrestadas bajo cargos como comportamiento “contra revolucionario”, perturbar el orden social o provocar incendios.
El gobierno chino nunca ha asumido responsabilidad alguna por la masacre ni ha buscado asentar responsabilidades legales sobre los responsables directos; del mismo modo se ha negado a divulgar información sobre las personas asesinadas, heridas, desaparecidas o detenidas.
