Con la pandemia, el gobierno británico se vio forzado a revisar su modelo de gestión de las líneas ferroviarias para poner fin a las franquicias privadas reemplazándolas por contratos de concesión, con una mayor implicación de los poderes públicos.
“El modelo de privatización adoptado hace 25 años vio un aumento importante del número de pasajeros, pero esta pandemia demostró que ya no funciona más”, declaró el lunes el ministro de Transportes, Grant Shapps, en un comunicado.
La gestión de las líneas de tren ya no se realizará mediante franquicias, que otorgaban toda la gestión a los operadores privados. A partir del lunes, se regirá con nuevos contratos de concesión.
A partir de ahora, un operador privado podrá gestionar una línea ferroviaria a cambio del pago de una comisión por parte del gobierno, y tendrá que cumplir objetivos más estrictos que antes.
Esta comisión será inferior a la que recibe desde marzo en el marco de las medidas de urgencia aplicadas para ayudar al sector.
El gobierno espera que este mecanismo será más simple y eficaz y permitirá la recuperación del sector ferroviario, cuya actividad se hundió a causa de la crisis sanitaria.
Este modelo será temporal, advirtió sin embargo el ministerio de Transportes, cuya intención es dirigirse hacia un nuevo sistema, todavía no definido pero que se espera poder concretar cuando la evolución de la pandemia lo permita.
Este sistema “conservará los mejores aspectos del servicio privado, como la competencia y la inversión, pero con una visión estratégica”, aseguró Shapps.
El gobierno precisó que esta nueva organización costará más caro al contribuyente a corto plazo, a través de nuevos contratos temporales y mientras el tráfico siga siendo inferior al normal. Pero afirmó que la futura reforma será beneficiosa para las finanzas públicas a medio y largo plazo.
Evitar quiebras
El gobierno tuvo que reformar el sector después de que, a finales de marzo, se vio obligado a tomar el control efectivo de forma temporal de las líneas ferroviarias en el país, para evitar quiebras.
El coste de la medida alcanza ya los 3.500 millones de libras (4.500 millones de dólares, 3.800 millones de euros) para sufragar las pérdidas relacionadas con la explotación de estas líneas durante este periodo.
Este plan continuará hasta que se defina totalmente el nuevo modelo.
Los problemas de la privatización de los ferrocarriles no son nuevos en Reino Unido y ya emergieron antes de la pandemia: sobrecostes, retrasos e ineficacia surgidos a raíz de la división de la explotación.
Estos últimos años, el gobierno incluso tuvo que proceder a la nacionalización de algunas líneas para evitar su cierre.
La explotación de las líneas ferroviarias fue privatizada en el país a mediados de los años 1990, bajo el gobierno conservador de John Major. Actualmente, están divididas en 16 franquicias en todo el país y están gestionadas por una multitud de operadores.
por Jean-Baptiste Oubrier
