Pocas semanas después de instaurada la política de “medidas extraordinarias” contra los grupos pandilleros, el Gobierno de El Salvador – el país más violento sin guerra declarada en el mundo- ya celebraba la reducción de homicidios y la atribuía a la ofensiva policial en territorios y en las cárceles donde se encuentran recluidas las maras.
Los números respaldaron los discursos de las autoridades, incluido el del presidente de esa República, Salvador Sánchez Cerén; mientras que en marzo, cuando se inició la cruzada, se reportaban 19 asesinatos por día, en abril, mayo y junio ocurrieron alrededor de 11 diarios.
La estrategia del gobierno, del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), contrasta con la estrategia de su antecesor, que en el 2012 pactó con las pandillas para lograr una reducción en las muertes a cambio de beneficios penitenciarios. Sin embargo, entre julio y agosto, las cifras de homicidios mostraron un nuevo repunte y pusieron en tela de duda el plan, al reportarse 371 y 398 asesinatos respectivamente.
El pasado 29 de agosto, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, estuvo en Costa Rica como invitado en la apertura de ciclo lectivo de la Universidad Nacional (UNA) y conversó con el Semanario UNIVERSIDAD sobre la actitud del Gobierno salvadoreño hacia las pandillas y sobre la búsqueda de paz para que sus ciudadanos no huyan a otros países.
¿La política de “medidas extraordinarias” que está aplicando el actual Gobierno de El Salvador están en la línea correcta para bajar los índices de violencia, versus medidas anteriores como la tregua con las pandillas?
-Sí, considero que vamos en la línea correcta y en línea también con las estrategias que hemos suscrito a nivel centroamericano. Usted sabe que tenemos la estrategia regional de seguridad (ESCA) que comprende cuatro componentes: prevención, persecución del delito, rehabilitación-reinserción y fortalecimiento institucional. Entonces, la estrategia actual está alineada con esa estrategia regional. Hubo necesidad de extender una serie de medidas extraordinarias para marcar un punto de inflexión en la reducción de los delitos, principalmente los homicidios y la extorsión. Estas medidas contemplaron el bloqueo de comunicaciones desde los centros de detención desde donde se dictaban las indicaciones para cometer los delitos, incluidos los homicidios, hay pruebas fidedignas de ello; y en colaboración con las empresas telefónicas, se inició un proceso de bloqueo de estas comunicaciones y al mismo tiempo se inició un proceso de mayor control territorial. ¿Control territorial para qué? Para ejecutar los otros componentes de la estrategia. Es decir, no se puede llegar con programas de empleo, de esparcimiento de los jóvenes si no se tiene garantizada la seguridad en ese territorio. Hemos consolidado como tendencia una reducción de los homicidios en más del 50% y una reducción de las extorsiones en un porcentaje similar.
¿No habrá acercamiento o diálogo con las pandillas?
-Sí, pero hay que diferenciar. Diálogo hay todos los días con los jóvenes en los territorios, incluso con jóvenes con son asediados por las pandillas, incluso con jóvenes que han estado en conflictos menores con la ley. Pero lo que sí no se puede es entrar a una negociación con las personas que tienen a sus espaldas 17 o 20 homicidios, y que quieren, como un mecanismo de negociación, que se les perdone las penas que tiene que cumplir. Con los cabecillas de los grupos criminales no hay ninguna negociación.
Las maras sostienen que la reducción de homicidios no se debe a las acciones por parte del Gobierno, sino a acuerdos entre ellas.
-Hemos ido deteniendo a cabecillas de estos criminales y la capacidad de ellos ya ha quedado reducida a una reacción reactiva y no ofensiva, así que toda esa historia que están tratando de tejer, que es producto de un acuerdo, no tiene mayor sentido.
Usted mencionaba, como uno de los ejes de este abordaje, el tema de la rehabilitación y reinserción. ¿Cómo se hará?
-Hay un programa que se llama Yo Cambio, que se está ejecutando con unos 8.000 privados de libertad. Consiste en medidas de confianza a través de las que participan en actividades productivas o en granjas penales donde producen los alimentos que consumen, participan en jornadas de limpieza y ornamentación. Personas que han salido de cumplir su proceso de privación de libertad se están reinsertando en empresas que han accedido a tener programas de reinserción. Además, en todos los centros penitenciarios se les están dando talleres vocacionales, clases de inglés, clases de francés, que les va permitiendo una mayor capacidad de reinserción a la vida productiva una vez cumplan las penas. Y luego, hay un proyecto de reinserción en la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con medidas sustitutivas para personas que no implican alta peligrosidad y que han demostrado una conducta adecuada.
En este nuevo escenario por el que ustedes apuestan, ¿cuál es la actitud del Gobierno hacia aquellos los salvadoreños que han salido de su país huyendo de la violencia?
-Hay que dejar en claro que la migración no es un fenómeno nuevo ni tampoco es un fenómeno unicausal. Sabemos que la migración es un fenómeno que se ha dado a lo largo de la historia y que ha sido creciente y decreciente, depende de factores como los desastres naturales, la reunificación familiar, las oportunidades económicas y por supuesto la violencia.
Dicho esto, por supuesto que nosotros lo que queremos es generar más oportunidades para que nuestra gente se vea motivada a quedarse en El Salvador, por esto hemos lanzado el plan desde la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, que comprende cuatro pilares: el primero es la inversión en capital humano, para que las nuevas generaciones tengan las herramientas necesarias para insertarse en el mercado productivo; el segundo la inversión en emprendedurismo y clima de negocios, el tercero, el fortalecimiento de las instituciones, no solo nacionales sino también locales para que contribuyan con estos dos pilares y; en cuarto lugar, la inversión en seguridad.
Como vemos, el enfoque no es monocausal, sino que es multicausal y lo que pretendemos es generar oportunidades en los lugares de origen de la población migrante para que nuestra población se vea motivada a quedarse, y por supuesto, con las personas que ya salieron, tenemos un mandato constitucional y un compromiso moral de garantizarles sus derechos humanos. Pero además, estamos tomando medidas coyunturales para reinsertar a los salvadoreños que vienen retornados, por ejemplo, tenemos un proyecto de emprendedurismo de personas retornadas, en el que se les hace un diagnóstico para saber quiénes tienen aptitud para los negocios, luego se les ofrece capacitación, se les ayuda a formular el proyecto, se les da un capital y se les acompaña en la implementación del proyecto. ¿Qué pasa con aquellos que no traen habilidades para los negocios? Se les deriva hacia un banco de empleo, donde también se puede tratar de colocar de manera que se reinserten.
Recientemente, la Sala Constitucional de su país declaró inconstitucional la Ley de Amnistía (esto abrió la posibilidad de juzgar crímenes cometidos en la guerra civil de 1980 a 1992, en la que participaron la Fuerza Armada de El Salvador y las fuerzas insurgentes del FMLN). Hay versiones de que habría disconformidad en el Gobierno por posibles juzgamientos a miembros del FMLN que actualmente son parte del poder. ¿Es así?
-El gobierno de El Salvador no es parte actuante de esa situación. Es una situación entre la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. Es la Sala Constitucional la que le dice a la Asamblea Legislativa que esa ley, que se promulgó por cierto hace como 22 años, es inconstitucional. Entonces a ellos les corresponde dirimir esa situación. ¿Qué podemos hacer nosotros como ejecutivos? Tratar de facilitar que esa situación se dirima de la mejor manera posible y por eso estamos trabajando en un proyecto de ley de reparación a las víctimas en un enfoque de justicia restaurativa. Y no hay ninguna situación de animadversión y de incomodidad con la sentencia, y lo único que yo hice en su momento es recordar un artículo de la Constitución que dice que la justicia para que sea adecuada, debe ser procurada de manera oportuna.
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“No se puede entrar a una negociación con personas que tienen a sus espaldas 17 o 20 homicidios y que quieren, como un mecanismo de negociación, que se les perdone las penas que tiene que cumplir. Con los cabecillas de los grupos criminales no hay ninguna negociación.”
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