El día de ayer el congresista Hank Johnson presentó un proyecto de ley denominado “Ley Berta Cáceres de Derechos Humanos en Honduras”, el cual impediría el giro de millones de dólares destinados a operaciones así como equipo y entrenamiento de la policía y los militares hondureños.
De acuerdo con la información en el sitio web oficial del congresista demócrata del estado de Georgia, sólo en el 2016 el Departamento de Defensa proyecta enviar $18 millones al gobierno hondureño.
De aprobarse la iniciativa, se suspendería no sólo el giro de esos fondos, sino que prohibiría la ejecución de prestamos internacionales relacionados con asistencia en temas de seguridad.
“Cada año aportamos millones de dólares en asistencia para la seguridad en Honduras, pero estas mismas fuerzas han sido señaladas por atacar y asesinar activistas ambientales, laborales o en derechos humanos como Cáceres, sin que haya una respuesta efectiva de parte del gobierno de Honduras”, expresó Johnson por ese medio.
El congresista añadió que “ha llegado la hora de que nuestro gobierno envíe un fuerte mensaje al utilizar la asistencia en seguridad y los préstamos multilaterales para crear una verdadera y duradera presión sobre el gobierno hondureño, para que proteja a los activistas y persiga a los responsables de estos indignantes crímenes”.
“JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS”
El proyecto cuenta con las firmas de otros cinco congresistas, entre ellos el también demócrata de Minnesota Keith Ellison, quien expresó que ante el asesinato de Cáceres y de la “continua violencia” contra activistas, “es hora de ocuparnos finalmente de los derechos humanos en Honduras”.
Tras apuntar que varios congresistas como él han redactado cartas sobre el tema “durante años”, pero que la situación “continua deteriorándose”, Ellison sentenció que ha llegado el momento de “tomar una acción más fuerte”.
“Esta ley suspendería la asistencia en temas de seguridad para Honduras hasta que se protejan los derechos humanos, miembros de las fuerzas de seguridad hondureñas sean responsabilizados y se logre justicia para las víctimas”, sentenció.
La líder indígena y ambientalista Berta Cáceres fue asesinada en la madrugada del pasado 3 de marzo en su casa de habitación.
Cáceres había liderado desde el Centro Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, gestionado por la empresa desarrollos Energéticos S.A. (DESA). Luego de su asesinato varios bancos de cooperación internacional -como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)- han suspendido el apoyo financiero a ese proyecto.
A inicios de mayo un gerente de DESA y un militar hondureño, así como un militar retirado y el subjefe de seguridad de la empresa fueron detenidos en relación con el asesinato de Cáceres.
