En Estados Unidos, pese a la imparable diseminación de la enfermedad, la atención estuvo centrada en la convención demócrata, que se celebró en formato virtual y se cerró el jueves, en Wilmington, Delaware, con el discurso de Joe Biden de aceptación de su candidatura.
Bateó un home run con su muy efectivo discurso, dijo Tom McCarthy en The Guardian, el viernes, luego de la intervención con que Biden cerró la convención. Ningún desliz –relativamente frecuente en las intervenciones públicas de Biden– como los que la campaña de Trump ha estado utilizando en su propaganda. Todo lo contrario, Biden conectó con la gente, dicen los analistas, incluyendo reconocidos republicanos.
Un evento que marca la recta final de una campaña a la que le quedan poco más de dos meses.
Navegando en mar abierto
Pero ¿qué dijo Biden? Quizás su discurso más importante lo pronunció hace ya cuatro años. Faltaban seis meses para el final del gobierno de Obama y ya se perfilaba la campaña del 2016, luego ganada por Trump.
Vicepresidente entonces, Biden habló en el Paddington Town Hall, de la Universidad de Sydney, el 20 de julio.
Habló de la política exterior de la administración Obama y de su visión de un orden mundial centrado en el Pacífico, de los primeros años de lo que llamó “el siglo del Pacífico”.
Biden recordó que Obama había visitado Australia en su primera administración, cuando habló ante el parlamento de Camberra, el 11 de noviembre del 2011. Ahí, Obama se refirió a ese cambio de eje en la política exterior de Estados Unidos.
Biden advirtió que cualquiera que cuestionara la dedicación y la presencia del poder norteamericano en el Pacífico asiático “simplemente no estaba poniendo atención” a los hechos.
El mensaje era claro y apuntaba a las renovadas tensiones con China. Se trataba de mostrar músculo: “El compromiso con nuestra fuerza militar no tiene precedentes”, aseguró. Seguimos superando a nuestros competidores, gastando más en nuestra defensa en general que las ocho naciones que nos siguen juntas. Tenemos las fuerzas terrestres más poderosas del mundo, una capacidad sin igual de proyectar nuestro poder naval y aéreo a cualquier rincón del globo de manera simultánea, remarcó Biden.
Biden aseguró que Washington había hecho un esfuerzo importante para orientar las relaciones con China mediante una “creciente cooperación y una competencia responsable”.
“Nuestra presencia en la región es esencial para mantener la paz y la estabilidad”. “Queremos asegurar que las rutas marítimas sean seguras y que los cielos permanezcan abiertos”. Para esto, agregó, el papel de Estados Unidos es clave. “Somos capaces de hacer esto porque la nuestra es la economía más poderosa del mundo”.
“Hemos fortalecido nuestras fuerzas especiales de operación, nuestras ciber y espaciales capacidades e invertido en cambios tecnológicos para mantener nuestras ventajas en los próximos años. Y nos hemos comprometido a poner el 60% de nuestra flota y lo más moderno de nuestras capacidades militares en el Pacífico para el 2020”.
Biden aseguró no haber duda de que Estados Unidos era una nación pacífica. Lo decía precisamente como vicepresidente de un gobierno que pasó sus ocho años en guerra. Una situación sin precedentes en la historia del país.
¿Qué pasó desde entonces?
En abril pasado, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz (Sipri), con sede en Estocolmo, reveló que los gastos militares en el mundo habían alcanzado en 2019 su mayor nivel desde el final de la Guerra Fría. A Estados Unidos, con $732 mil millones, le correspondía el 38% de los gastos totales.
Le seguía China, con $261 mil millones; India, con $71 mil millones; y Rusia, con $65 mil millones de dólares.
El mareo de las cifras
Cuatro años después de ese discurso, se puede mirar ese escenario con una mayor perspectiva.
Obama y el entonces primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, habían expresado su esperanza de que la Asociación Transpacífica (TPP), un tratado comercial firmado, en febrero del 2016, por 12 países, sería clave en esa orientación política hacía el Pacífico.
No obstante, había problemas para su ratificación en los Estados Unidos. Trump se oponía al tratado y en su primer día completo en la Casa Blanca, un lunes 23 de enero del año siguiente, firmó una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos de ese acuerdo, que estimaba un desastre potencial para el sector manufacturero de su país.
Obama había llegado al poder poco después de estallar la crisis financiera del 2008: los bancos y algunas de las empresas más importantes del país se habían declarado en bancarrota, el desempleo había aumentado un 4% y la bolsa de valores de Nueva York había colapsado. La deuda federal era de casi $9,5 millones de millones,
Ocho años después, al terminar su gobierno, se había duplicado, acercándose a los $20 millones de millones.
Trump prometió reducirla. Fue uno de los temas centrales de su campaña. Pero al 31 de octubre del año pasado la deuda federal había superado los $23 millones de millones. Y luego le tocó la pandemia y anunció la emisión de bonos por otros $3 millones de millones.
El déficit público creció un 26% en el año fiscal 2019 y llegó a $984 mil millones. El gasto militar representaba cerca de 75% de ese total. No es difícil pensar, en este escenario, que los compromisos militares son una carga demasiado pesada para una economía que quizás no esté en condiciones de sostenerlos.
Otra voz en la convención
Obama habló en la convención demócrata, en la tercera de las cuatro noches en que se dividió el programa. Un poco habitual discurso de un expresidente criticando al que está en el ejercicio del cargo. Tenía esperanza de que Donald Trump mostrase algún interés en ejercer su función seriamente, pero él nunca lo hizo, afirmó.
Nunca mostró interés en usar el enorme poder de su cargo para ayudar a nadie más que a sí mismo y a sus amigos, ningún interés en usar la presidencia como algo más que un reality show.
“Con gracia y una generosa dosis de burla punzante, servida en bandeja de oro, Obama arrasó con la presidencia de Trump”, dijo el cineasta Michael Moore. Vago, estúpido, peligroso, cruel, incompetente, una verdadera amenaza para la democracia, desprovisto de imaginación, sociópata, psicópata. ¿Quién diablos eres tú?, preguntó Moore, citando a Obama.
Sin embargo, no fue la voz de Obama la que presentó otra visión de país. Lo suyo apuntó más a lo electoral. Fue otra voz, la de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, la que sugirió objetivos novedosos para el próximo gobierno: garantizar atención médica a todos los ciudadanos, justicia racial, derechos laborales y una economía justa.
“Hay que derrotar a Donald Trump. Para eso se requiere un movimiento de masas progresista que haga crecer dramáticamente el electorado en noviembre y no pida disculpas por luchar por la clase trabajadora y la gente marginalizada”.
“Estamos y debemos estar bien enfocados en organizar la movilización de masas para derrotar a Trump, afirmó, enfatizando la necesidad de sumar una abrumadora mayoría de gente joven, de color y de trabajadores de diferentes identidades para garantizar la victoria.
Ocasio-Cortez destacó que, luego de la derrota del senador Bernie Sanders en las primarias demócratas, el movimiento de masas que lo apoyaba, demandando soluciones para las injusticias sociales, raciales y económicas del país, no se iba a ir para ninguna parte. Por el contrario, solo se ha hecho más fuerte, aseguró, con las impactantes victorias en elecciones primarias de Jamaal Bowman, Cori Bush, Mondaire Jones, y Marie Newman, que derrotaron a candidatos de mayor trayectoria política en la disputa por las candidaturas demócratas al congreso.
La bolsonarisación de la política en América Latina
Si en Estados Unidos intentan “desTrumpetear” la política, en América Latina no faltan los que intentan “Bolsonarizarla”.
Con el expresidente colombiano Álvaro Uribe en prisión domiciliaria, 37 exjefes de Estado y de gobierno que integran una llamada Iniciativa Democrática de España y las Américas (cuyo acrónimo, para remate, es Ideas) se pronunciaron a su favor reivindicando una “política de seguridad democrática”, que durante el gobierno de Uribe fue responsable, entre otras cosas, de miles de asesinatos de campesinos en manos de las fuerzas armadas.
Reclutados por los militares, eran luego asesinados y presentados como guerrilleros abatidos. En cambio, los militares recibían prebendas diversas, ascensos, vacaciones y condecoraciones por sus “victorias” contra la guerrilla”. Un proceso que luego fue conocido como de los “falsos positivos”.
El historial delictivo de Uribe, de acuerdo con esas acusaciones, es vastísimo y está bien documentado en Colombia. El 4 de agosto la revista Semana presentó un artículo titulado “El mapa judicial del expresidente”.
Sus vínculos con el paramilitarismo, según las denuncias presentadas, comenzaron cuando era gobernador de Antioquia.
Uno de los procesos más viejos en su contra, dice la revista, tiene que ver con varios crímenes que los paramilitares cometieron en Antioquia a finales de los 90, cuando Uribe era gobernador.
“Se trata de las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, así como del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien denunció esos hechos atroces y el avance paramilitar en ese departamento”.
“Uribe ha tenido alrededor de 200 denuncias en la Comisión de Acusaciones sobre supuestos hechos ocurridos cuando era presidente. Y alrededor de 30 procesos en la Corte Suprema”, agrega.
Entre muchas otras cosas, el que fue su jefe de seguridad, el general Mauricio Santoyo, está condenado en los Estados Unidos por vínculos con paramilitares, cuyas conexiones con el narcotráfico han sido expuestas con frecuencia en Colombia.
“Decenas de investigaciones sobre corrupción, espionaje y masacres paramilitares lo persiguen sin éxito desde hace décadas”, dijo el periodista Sinar Alvarado, en un artículo publicado en el New York Times el pasado 17 de agosto, refiriéndose a Uribe. Solo un caso menor –agregó–, por fraude procesal y soborno a un testigo, consiguió que la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenara su detención para evitar que obstruya el proceso”.
Pese a todas las acusaciones truculentas que existen en su contra, Uribe enfrenta cargos solo por ese “caso menor”, comparado con los anteriores. Como Al Capone, el jefe de la mafia responsable de interminables delitos en los Estados Unidos, por los que nunca fue condenado y que terminó en la cárcel por delitos financieros.
Es a ese personaje, sometido a juicio por la Corte Suprema de Colombia, dada su condición de senador (a la que tuvo que renunciar), que los 37 expresidentes y exjefes de gobierno de América Latina y España salen a defender, reivindicando el aspecto más criminal de su política: la de “seguridad democrática”.
Entre los presidentes que firman la declaración, todos conservadores, están uno de España, tres de Costa Rica, el padre del actual presidente de Uruguay, expresidentes panameños y mexicanos, un argentino, un colombiano, un boliviano, un paraguayo, un ecuatoriano y otros más. Pero que también logró el apoyo del gobierno norteamericano, para quien Uribe es un “héroe”, como lo expresó el vicepresidente Mike Pence.
Un ejercicio fundado en esquemas como los que han llevado a presidentes como Jair Bolsonaro al poder en Brasil y que recuerda al entonces diputado Bolsonaro reivindicando la tortura mientras votaba, en el congreso, la destitución de la presidenta, Dilma Rousseff.
Mientras tanto, el paramilitarismo resurge en Colombia, con el asesinato de centenares de dirigentes populares y exmiembros de la guerrilla que se acogieron a los acuerdos de paz.
La más reciente masacre –que según el presidente Duque son solo “asesinatos múltiples”– fue la de nueve jóvenes en la población de Samaniego, en el sureño departamento de Nariño, el pasado 15 de agosto. En el municipio de Samaniego, explicó el periodista Horacio Duque, operan bandas paramilitares, “aparatos armados de poderosos carteles de la droga que operan a sus anchas no obstante, la masiva militarización de la región”.
Pese a todo
Mientras tanto, en América Latina un golpe de Estado sacó del poder al presidente Evo Morales, en Bolivia, con el apoyo de la OEA, y en Ecuador tratan de impedir la candidatura de Rafael Correa y de los sectores aliados al expresidente, en las elecciones del año próximo.
Pese a todo, tanto Morales como Correa no han abandonado la lucha política.
En Bolivia, el tribunal electoral prohibió la candidatura de Morales inclusive al senado, y el Movimiento al Socialismo (MAS), que encabeza Morales, designó al exministro de Economía Luis Arce como su candidato presidencial, quien hoy es favorito en las encuestas. Candidaturas que están ahora bajo asedio de los sectores golpistas, que intentan, mediante montajes judiciales, acusar a Morales de relaciones sexuales impropias e impedir la candidatura de ambos.
Con dos postergaciones de las elecciones, con el argumento de que el coronavirus hacía imposible celebrarlas, los comicios quedaron finalmente para el 18 de octubre, luego de que el propio Morales le pidiera a su partidarios deponer las protestas en contra de esos aplazamientos, que se habían extendido por varios lugares del país.
Del mismo modo, en Ecuador, la justicia impidió la candidatura del expresidente Correa, al que ha tratado de enjuiciar, solicitando inclusive su captura internacional.
El pasado 19 de agosto, Correa formalizó, de manera virtual, su candidatura a la vicepresidencia del país para las elecciones de febrero próximo, en la fórmula de la coalición Unión Nacional por la Esperanza (UNES), encabezada por Andrés Arauz, un joven economista.
“El país vive uno de los momentos más duros de su historia”, dijo Correa, quien acusó al gobierno de Lenin Moreno de haber destruido las escuelas, los caminos, la salud, la transparencia, la dignidad, la soberanía del país.
