En vista de que “la pandemia ha perpetuado una crisis económica” en el mundo, las tasas de desempleo aumentarán sustancialmente y el debilitamiento de los mecanismos de protección y asistencia incrementará la amenaza sobre la seguridad sanitaria y social.
Así lo plantean los médicos Faheem Ahmed y Na’eem Ahmed, del Servicio Nacional de Salud británico (NHS, por sus siglas en inglés) y los economistas Christopher Pissarides y Joseph Stiglitz (premio Nobel) en un artículo titulado Por qué la desigualdad puede propagar el COVID-19, divulgado el 2 de abril por la revista The Lancet Public Health.
“El hecho de que las poblaciones más pobres son más susceptibles de padecer condiciones crónicas, ante las reducidas posibilidades de acceder a servicios de salud, las pone en un mayor riesgo de mortalidad asociada al COVID-19”, apunta el texto.
Detallaron que según estimaciones de un estudio hecho por el Instituto Internacional de Investigación en Políticas Alimentarias (IFPRI), se estima que el COVID-19 le puede costar al mundo más de $10 billones de dólares, aunque existe una “considerable incertidumbre” respecto al alcance del virus y la eficacia de las políticas para hacerle frente. Sin embargo, esa misma investigación citada apunta que por cada punto porcentual en que se reduzca la economía mundial, más de diez millones de personas serán lanzadas a la pobreza en todo el mundo.
En ese sentido, enfatizaron que las poblaciones pobres que normalmente ya enfrentan un deficiente acceso a los servicios sanitarios, “son las más vulnerables durante tiempos de crisis” incluso por problemas de acceso a información fidedigna y por todo ello aseveraron que “la desigual respuesta al COVID-19 ya es evidente”.
“Disparidad flagrante”
Esos especialistas denunciaron, por ejemplo, que en Estados Unidos ya se documentó casos de cobros inesperados por servicios médicos a personas que fueron tratadas por COVID-19 y que no contaban con seguro, una situación bastante común en ese país.
Precisamente en EE.UU. han emergido estadísticas alarmantes sobre cómo los efectos de la enfermedad parecen ceñirse con las poblaciones históricamente marginadas o discriminadas. Si bien el gobierno federal no diferencia grupos étnicos en sus estadísticas, algunos gobiernos estatales y algunas coudades sí lo hacen y se ha visto que en Chicago, Illinois, donde el 70% de las muertes por coronavirus fueron de afroamericanos, que apenas representan al 30% de la población de esa ciudad, según publicó el diario inglés The Guardian este miércoles.
“Esas cifras quitan el aliento”, dijo la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, durante una rueda de prensa sobre la epidemia, según informó la agencia AFP. “Es un llamamiento a actuar para todos nosotros” resaltó.
La tendencia se repite en estados como Carolina del Norte, Luisiana, Michigan, Wisconsin y la capital, Washington.
Precisamente, la comunidad afrodescendiente es mucho más afectada por enfermedades subyacentes vinculadas a la pobreza y es usual que encuentre dificultades para acceder a las pruebas y a los cuidados sanitarios.
“Sabemos que los negros tienen más posibilidades de tener diabetes y enfermedades cardíacas o de los pulmones”, dijo el administrador de la salud pública estadounidense, Jerome Adams, a la cadena CBS.
Se trata de padecimientos que inciden como factores de alto riesgo ante la posibilidad de contagio del coronavirus.
Adams, que es afroamericano y tiene alta presión arterial y asma, añadió que representa “esa herencia de crecer siendo pobre y negro en Estados Unidos” y subrayó que “al igual que muchos afroamericanos, tenemos un mayor riesgo ante el COVID”.
Pero ese no es el único sector de la población cuya marginalidad institucionalizada lo pone en mayor riesgo tanto ante la posibilidad de contagio y sus consecuencias, como en un escenario de recuperación económica tras la pandemia.
Según reportó la misma agencia, a inicios de mes el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, publicó un informe que resaltó que un 34% de los 3.602 fallecidos por COVID-19 en Nueva York son latinos, cuando constituyen el 29% de la población de la mayor ciudad estadounidense.
Se trata de un sector que enfrenta la pandemia sin documentos ni seguro médico, hacinados en viviendas multifamiliares y forzados a trabajar durante la cuarentena para llegar a fin de mes. “Es una disparidad flagrante”, admitió el alcalde en conferencia de prensa.
Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) emitió un informe especial, en el cual analiza los principales efectos económicos y sociales de la pandemia en América Latina y el Caribe.
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Ese documento apunta la posibilidad de que la crisis aumente el empleo informal como estrategia de supervivencia. “Es probable que las familias más pobres envíen a sus hijos al mercado de trabajo, lo que aumentará las tasas de trabajo infantil”, detalla el informe.
Ante esas realidades, Stiglitz y compañía recordaron que históricamente, la expectativa de vida saludable y tasas de mortalidad han sido “marcadamente desproporcionadas entre las poblaciones más ricas y las más pobres”.
Observaron con gravedad que la totalidad de los efectos del COVID-19 se verá cuando la enfermedad se propague con mayor fuerza en circunstancias de mayor fragilidad, como zonas de conflicto, prisiones y campos de personas refugiadas.
Por ello concluyeron que mientras la economía global se adentra más profundamente en una crisis económica, los programas de rescate puestos en marcha por los gobiernos continúan priorizando a la industria, por lo que reclamaron que “las decisiones sobre la orientación de los escasos recursos y financiamiento deben apuntar a reducir las inequidades, en lugar de exacerbarlas”.
