La alianza opositora en Nicaragua prepara nuevas acciones para exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega, mientras el diálogo con el Gobierno permanece estancado y crece la violencia, que ha dejado más de 212 muertos en dos meses.
Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, formada por estudiantes, empresarios, campesinos y otros grupos civiles, se reunieron para definir estrategias, luego de que el pasado lunes reanudaron conversaciones con delegados del Gobierno, bajo mediación de la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN).
La jornada de pláticas no tuvo mayores avances, pues Ortega -cuyo tercer mandato consecutivo concluye en enero de 2022- no responde a la propuesta de los obispos de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019, como solución a la grave crisis del país.
“Esta semana los nicaragüenses demostraremos la unidad que tenemos como pueblo, la presión desde las calles es lo que nos tiene en la mesa de diálogo”, declaró el líder estudiantil Lesther Alemán, al asegurar que preparan nuevas acciones para presionar al Gobierno.
La Alianza Cívica busca aprovechar la visita de misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos a Nicaragua. “Si nos reprimen tendremos testigos”, dijo Alemán.
Ortega, exguerrillero izquierdista de 72 años, es acusado por la Alianza de reprimir brutalmente las protestas e instaurar, con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, el nepotismo y un Gobierno autocrático.
Pánico en las calles
Los grupos de derechos humanos locales divergen en el número de cifras de muertes que dejan las protestas desde que empezaron el pasado 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, y que luego se extendieron para pedir la renuncia de Ortega.
Según un informe difundido este martes 26 de junio por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), al menos 285 personas han muerto -entre ellas menores de edad-, 1.500 resultaron heridas y hay 156 desaparecidas. La lista detalla la identidad de 262 víctimas.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) precisó que había verificado hasta el domingo 212 muertes y están confirmando posibles fallecimientos de las últimas horas.
Fuerzas combinadas de la policía, parapolicías y paramilitares continúan entrando a pueblos y ciudades para remover enormes barricadas montadas por manifestantes con adoquines, y que tienen semiparalizado el país.
“La represión ha aumentado” desde que comenzaron a operar “estos grupos paramilitares, reprimiendo torturando asesinando y violentando los derechos humanos”, dijo a la agencia AFP el secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva.
El pánico que siembran en Nicaragua estos grupos de hombres encapuchados, fuertemente armados y vestidos de civil, ha provocado virtuales toques de queda en varias ciudades, incluso en la capital.
En los últimos días, se han multiplicado las demandas al Ejército por parte de sectores críticos a Ortega para que intervenga en el desmantelamiento de estos grupos armados ilegales.
Ausencia de voluntad
El presidente de CEN, el cardenal Leopoldo Brenes, viajó este martes 26 de junio a Roma acompañado del obispo de la Arquidiócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, para informar al papa Francisco sobre la situación y el avance del diálogo.
Las mesas de diálogo entre Gobierno y la Alianza Cívica no se reunieron el martes, pero la misión de la CIDH se encontró con ambas partes para tratar temas de seguridad y derechos humanos.
“Hasta ahora no vemos voluntad del Gobierno”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) que, hasta esta crisis, había sido aliado de Ortega y ahora forma parte de la Alianza opositora.
La presión contra Ortega aumentó con el informe que el viernes 22 de junio presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el Consejo Permanente de la OEA, en el cual se denuncia la “represión estatal” y en el que se consignan, hasta el 19 de junio, 212 muertos.
En un comunicado, la delegación de la Unión Europea en Nicaragua dijo tomar nota del informe de la CIDH e hizo un llamado a cumplir sus recomendaciones, “muy especialmente el cese de violencia y toda represión”.
Ortega llegó al poder en 1979 como uno de los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lideró la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza, y volvió al Gobierno por la vía electoral en 2007.
Ortega soslaya anticipo de elecciones
El Gobierno de Daniel Ortega evadió responder si aceptará el anticipo de elecciones para marzo de 2019, como plantearon los obispos de la CEN.
Durante la reanudación de las mesas de trabajo en el marco del diálogo nacional, el pasado lunes, la delegación oficial esquivó el tema planteado por la Alianza Cívica como punto número uno en la agenda de trabajo.
“El tema inicial estaba asociado a que el Gobierno expresara si tiene voluntad política para adelantar las elecciones, como propuso la Conferencia Episcopal”, comentó Daisy George, representante de la Alianza Cívica en la mesa electoral.
“Las actitudes y argumentos que presentó el Gobierno evidenciaban que no tienen voluntad política para tocar el tema de la democratización”, añadió.
La delegación gubernamental no quiso discutir sobre los requerimientos para crear condiciones a fin de realizar un proceso electoral, como reformas constitucionales y al sistema electoral.
Los obispos emplazaron al comandante Ortega para contestar a su requerimiento sobre si acepta o no el anticipo de los comicios para el primer trimestre del próximo año. De la respuesta del caudillo depende que el diálogo nacional, mediado por los religiosos, sea reanudado.
“La respuesta oficial y formal del señor Presidente al planteamiento que los obispos le hicimos el 7 de junio, donde recogimos los sentimientos de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, es imprescindible para avanzar y concretar un diálogo viable”, insistió Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa.
El universitario Lesther Alemán dijo que el Gobierno argumentó que, antes de iniciar a discutir el índice de la democratización, “debía discutirse primero el tema de la seguridad”. La delegación del Gobierno está empeñada en quitar los tranques levantados por los ciudadanos en las carreteras.
“Inclusive, Luis Almagro (secretario general de la Organización de Estados Americanos) está hablando de adelantar elecciones. Pero no hay apertura ni voluntad política del Gobierno. Por lo tanto dejamos constancia de que el Gobierno demostró claramente que no tienen voluntad para hablar sobre la democratización, que es un clamor del pueblo para un cambio real”, agregó por su cuenta George.
La renuencia del Gobierno al tema electoral no significa que la Alianza Cívica abandone la mesa de diálogo, aunque algunos sectores opinan que Ortega solo gana tiempo y esquiva el tema central del diálogo nacional, que es la democratización.
Al respecto, Azahálea Solís, de la Alianza Cívica, dijo que primero intentan “crear un ambiente de paz” y “después veremos, sobre el tema electoral, lo que dice el pueblo de Nicaragua y no Daniel Ortega”. “Hay que agotar la paciencia porque es fundamental evitar una guerra civil”, argumentó.
Llega misión de la CIDH
Mientras tanto, la mesa de Seguridad y Verificación se reunió el lunes con los miembros del equipo del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es encabezado por el colombiano Álvaro Botero y la peruana Fiorella Melzi, quienes arribaron el pasado fin de semana a Managua.
“La Comisión de Verificación y Seguridad trabajó sobre su mandato y sus funciones. Acordó que el punto número uno a considerar es la defensa de la vida”, informó Azahálea Solís.
“Le planteamos a la CIDH algunos indicadores necesarios, como la visita a las cárceles, a las cárceles clandestinas, recoger los testimonios de los torturados, ver el tema de la intimidación y las amenazas a mucha gente, y los capturados ilegalmente”, enumeró.
El objetivo del Meseni es dar seguimiento a las recomendaciones realizadas por la CIDH derivadas de su visita al país, y recalcadas en el informe final titulado “Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”.
El Meseni también dará seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a la personas con grave riesgo a sus vida o integridad física, y mantendrá el monitoreo de la situación de los derechos humanos en Nicaragua para los fines pertinentes al mandato de la CIDH.
“Para ello, el Meseni sostendrá diálogos y reuniones de trabajo con la sociedad civil, el Estado y otros actores relevantes”, detalló la CIDH en un comunicado.