La Conferencia Episcopal de Chile dio a conocer este 3 de agosto un documento de “decisiones y compromisos” tras una reunión realizada “para abordar la situación que vive la Iglesia Católica en el país, particularmente a raíz de los graves casos de abuso cometidos por personal consagrado”, según reza el propio documento.
El texto apunta que apenas se formalice un “acuerdo de colaboración” con la Fiscalía Nacional, “daremos a conocer públicamente toda investigación previa sobre presunto abuso sexual de menores de edad realizada en nuestras jurisdicciones. Lo mismo solicitamos a los superiores de congregaciones religiosas”.
Añade que en el conjunto de normas que rigen a las diócesis del país, se incluirá un anexo sobre “la plena voluntad” de colaborar con el Ministerio Público en la entrega de los antecedentes sobre abuso sexual a menores de edad, resguardando los nombres de denunciantes y víctimas que expresamente soliciten reserva de su identidad.
Los obispos también reconocieron haber fallado “al no escuchar, creer, atender o acompañar a las víctimas de graves pecados e injusticias cometidas por sacerdotes y religiosos”. Añadieron que “a veces no reaccionamos a tiempo ante los dolorosos “abusos sexuales, de poder y de autoridad” y, por ello, pedimos perdón en primer lugar a las víctimas y sobrevivientes”.
Tras expresar arrepentimiento, reconocieron que “no siempre supimos acoger en todas las instancias eclesiales las orientaciones del Consejo Nacional de Prevención para abordar oportunamente los casos de abuso sexual”.
Algunos de esos obispos, como el cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati -máximo representante de la iglesia chilena-, están imputados por presuntamente encubrir a religiosos acusados de pederastia. El próximo 21 de agosto Ezzati está citado a declarar en la fiscalía de Rancagua, de acuerdo con la agencia noticiosa AFP.
La conferencia de prensa se realizó luego de una reunión de varios días de los obispos, realizada en la localidad de Punta de Tralca.
“CERO CREDIBILIDAD”
La creciente indignación ciudadana alrededor del tema de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes contra menores de edad fue patente internacionalmente el pasado mes de enero, durante la visita del papa Francisco.
En esa oportunidad, el Papa causó ira popular cuando intentó defender la inocencia del obispo Juan Barros, señalado por supuestamente haber encubierto al cura violador Juan Karadima. Barros presentó su renuncia al Papa el pasado mes de mayo.
De acuerdo con la agencia AFP, hasta el momento 73 personas son investigadas en las 38 indagaciones en curso que afectan a 104 víctimas, la mayoría menores de edad en el momento de cometerse los hechos.
Catorce sacerdotes han sido suspendidos y uno de los últimos en entrar en la cárcel mientras se llevan a cabo las investigaciones es el sacerdote Oscar Muñoz, mano derecha del arzobispo Ezzati.
La justicia chilena además investiga también a los encubridores y obstaculizadores de las indagaciones judiciales. A principio de semana, uno de los fiscales que investiga las denuncias, Emiliano Arias, confirmó que hubo destrucción de pruebas por parte de religiosos.
Esa información añade que “cada vez son más fuertes las voces” que presionan al Papa para que acepte la renuncia del cardenal Ezzati, que junto a Francisco Javier Errázuriz, cardenal y arzobispo emérito de Santiago, son señalados por las víctimas de abusos como los principales culpables de la política de silencio que ha reinado en la Iglesia chilena.
Por otra parte, a través de su cuenta en Twitter, Juan Carlos Cruz -víctima del cura Karadima- se refirió al anuncio de la Conferencia Episcopal y sentenció que “no son ellos los que deben hacerse cargo de (la) solución. Tienen cero credibilidad y están en situación precaria ante la justicia. Otros deben hacerse cargo del problema. Su corrupción y desdén (por) víctimas (por) años los inhabilita y creerles es imposible”.
