Los proyectos extractivos en Ecuador deben suspenderse y las inversiones reorientarse hacia la agricultura, opina Leonidas Iza, líder del poderoso movimiento indígena ecuatoriano, quien acusa a las políticas del presidente Guillermo Lasso de obligarles a ser “asalariados” en las minas.

“Están quebrando a los agricultores” con el “contrabando” de productos desde países vecinos a precios “más baratos”, afirma Iza en entrevista con la AFP.

Iza, un ingeniero de origen quichua, fue uno de los líderes de las violentas protestas de octubre de 2019 contra el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) por el alza de los combustibles, en las que murieron 11 personas.

Ahora, el dirigente, de 39 años, al frente de la confederación de nacionalidades indígenas del país (Conaie), es una de las principales figuras opositoras al gobierno de Lasso, un exbanquero de derecha que inició el martes su segundo año de gobierno.

Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena, es la segunda fuerza parlamentaria, pero está dividido entre una fracción cercana a la Conaie y otra abierta a dialogar con el gobierno.

Sin embargo, Iza defiende “una unidad orgánica, indisoluble del movimiento”.

Lasso e Iza se reunieron dos veces el año pasado pero no hubo acuerdos y la Conaie anunció una movilización “indefinida” a partir del 13 de junio.

La minería es parte central de sus reclamos.

Con el contrabando de alimentos y altos costos en el agro, Iza denuncia políticas públicas que buscan “demostrar estadísticamente que en los territorios [indígenas] ya no es posible seguir produciendo” alimentos.

“Entonces los agricultores dejamos de producir. Obligatoriamente nos quieren llevar a la minería para ser trabajadores asalariados. Eso no podemos hacerlo”, afirma Iza en su feudo de Latacunga, casi 80km al sur de Quito.

Ecuador incursionó en la minería a gran escala en 2019 y Lasso ha mantenido el impulso.

Iza, en cambio, propone reducir los proyectos extractivos al mínimo y volcar a Ecuador, primer exportador mundial de banano, a ser potencia en agricultura, actividad que aporta 8% al Producto Interno Bruto (PIB).

“Si lográramos reorganizar la capacidad productiva nacional (…) podríamos dar de comer a una parte del mundo”, afirma.

Los indígenas en Ecuador, que superan el millón en un país de 17 millones de habitantes, se dedican predominantemente a la agricultura. La Conaie abriga a 53 organizaciones de 18 pueblos y 15 nacionalidades indígenas.

“Engañados” para el consumo de drogas

Las protestas de 2019 cedieron cuando Moreno dio marcha atrás al incremento de los combustibles y en los siguientes dos años el país fue fuertemente golpeado por el covid, con más de 35.000 muertos.

Lasso implementó un exitoso programa de vacunación, pero en el último año ha debido enfrentar un auge de la violencia criminal asociada a lucha de carteles del narcotráfico.

Según Iza, el comercio de drogas está siendo exportado de las ciudades a las comunidades rurales y los “jóvenes indígenas están siendo engañados para el consumo”, reiterando la aseveración de expertos que consideran que Ecuador ya no es un país solamente de tránsito para el narcotráfico.

La lucha de carteles por territorios y rutas para la droga ha desatado una violencia poco vista en el país: el año pasado cerró con una tasa de 14 asesinatos por cada 100.000 personas, casi el doble que en 2020.

El asunto ha copado la atención nacional, especialmente tras seis matanzas en las cárceles en poco más de un año, atribuidas a la lucha entre carteles.

Tres provincias, las más afectadas por la criminalidad, están bajo un estado de excepción, patrulladas por miles de policías y militares.

Iza, un declarado anticapitalista, considera que el empeño de Lasso de “reducir el Estado” con políticas “neoliberales” ha obstruido las capacidades para luchar contra la violencia criminal y reducido la inversión en educación, salud y agricultura.

“Burguesía importadora”

La tensión entre ambos se ha incrementado tras la última negociación en noviembre: Iza ha llamado al mandatario “fascista” y Lasso considera al líder social un “anarquista” que busca desestabilizar su gestión y un “enemigo” de la democracia.

Tres años después de las protestas, el aumento mensual del combustible más usado está suspendido, pero el líder indígena afirma que la inseguridad creciente y el incremento de precios de productos básicos “realmente ha generado nuevamente una reacción social”.

Aunque relativamente baja, la inflación anualizada a abril (2,9%) es la más alta desde diciembre de 2016.

Los indígenas, que participaron en revueltas que derrocaron a tres mandatarios entre 1997 y 2005, también reclaman una moratoria crediticia a los negocios afectados por la pandemia.

Además exigen “precios justos” para sus productos agrícolas, afectados por costos elevados derivados de la guerra en Ucrania para los insumos que debe importar el petrolero Ecuador.

“¿Cómo es que teniendo petróleo no podemos producir estos derivados?”, se pregunta Iza.

“No se favorece la industria nacional, solo a la clase económica, a la burguesía importadora”, remató.