“Nos acercamos peligrosamente a un punto sin retorno”, advirtió la representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luz Elena Baños, en la sesión del Consejo Permanente celebrada en Washington el pasado 11 de setiembre.
Baños se refería a la decisión de los 18 Estados miembros del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca (TIAR) –la mitad de los 35 que integran la OEA– de convocar una reunión del Órgano de Consulta del tratado en la segunda quincena de este mes para discutir su aplicación a Venezuela.
La decisión disparó las alarmas ante la posibilidad de que se acuerde una intervención militar en ese país para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, la decisión más extrema contemplada en el TIAR.
La solicitud de convocar el Órgano de Consulta, integrado por los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros, fue hecha por Gustavo Tarre, representante del “presidente designado” Juan Guaidó, reconocido por los 14 países que conformaron el “Grupo de Lima” para apoyar las iniciativas norteamericanas contra el gobierno del presidente Maduro.
Aunque Venezuela se retiró de la OEA y no es miembro del TIAR, Guaidó actúa en representación del país con el apoyo de la mayoría de los miembros de la organización.
En un comunicado emitido el mismo 11 de setiembre –fecha que recuerda el golpe cívico-militar que derrocó al presidente chileno Salvador Allende en 1973– la OEA informó que con doce votos a favor –Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y República Dominicana; las cinco abstenciones de Trinidad y Tobago, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Perú; así como una ausencia –Bahamas–, los Estados parte del tratado habían aprobado convocar una reunión de ministros para decidir los próximos pasos.
Ante esa resolución, México expresó su profunda preocupación y rechazó “categóricamente la invocación del TIAR para intervenir en los asuntos internos de los Estados por considerar inaceptable utilizar un mecanismo que contempla la fuerza militar, contraria a los principios constitucionales de la política exterior mexicana que prohíben la amenaza del uso de la fuerza o el uso mismo de ella en las relaciones entre los Estados”, afirmó la representante mexicana.
“Es sumamente preocupante que una vez más una minoría de Estados tome decisiones que impactan negativamente el futuro de nuestro hemisferio y la institucionalidad de nuestra ya debilitada Organización. Al dar curso a esta propuesta no solo no se resuelve nada, sino que nos acercamos peligrosamente a un punto sin retorno, nadie gana, todos pierden y la OEA pone en riesgo su misión, su prestigio y su futuro”, agregó la embajadora mexicana.
México renunció al TIAR en 2002 por considerarlo obsoleto, y defendió la aplicación de un enfoque “multidimensional y civil” de la seguridad para asegurar la paz en el continente.
El canciller Marcelo Ebrard reiteró la posición de su país de no intervención en los asuntos internos de otros Estados y recordó que, de aprobarse, esto permitiría la intervención en cualquier otro país latinoamericano. México reiteró su posición en un complicado momento de sus relaciones con Washington, cuando discuten la amenaza de sanciones económicas si no acepta adoptar medidas de control de la migración centroamericana que cruza el país en busca de la frontera norteamericana.
Sin embargo, no solo México advirtió del peligro de la resolución. Uruguay expresó también su desacuerdo a afirmar que la situación actual en Venezuela “no da lugar a la activación del tratado”.
Argentina, alineada con Washington desde que el presidente Mauricio Macri asumió el poder, podría cambiar su posición si, como indican las encuestas, el candidato opositor a la presidencia, Alberto Fernández, gana las elecciones el próximo 27 de octubre.
El bloque conservador latinoamericano, fortalecido con la participación de Brasil, Argentina, Chile y Colombia, se vería enfrentado a una nueva realidad, si se confirma ese triunfo.
En Brasil, el alineamiento del gobierno de Bolsonaro con Washington enfrenta la crítica de la oposición. Pero el excanciller y exministro de Defensa, Celso Amorim, escribió, al conocerse la decisión de la OEA: “Me siento obligado a volver al tema de Venezuela al conocer la convocatoria del TIAR. Infame tratado que fue usado exclusivamente para torpedear gobiernos progresistas en nuestra región, incluyendo las sanciones contra Cuba aprobadas en 1964, luego de la exclusión de ese país, en 1962”.
El TIAR
La convocatoria del Órgano de Consulta del TIAR no solo abre las puertas a una eventual intervención militar en Venezuela, sino que resucita un tratado “obsoleto”, como lo calificó la cancillería mexicana, o “infame”, en opinión del excanciller brasileño.
Pero su aplicación no implica una obligatoria intervención militar, rechazada el mismo día de la votación por Chile (que, sin embargo, votó a favor de la convocatoria), y por Perú y Costa Rica (que prefirieron abstenerse, junto con Uruguay, Panamá y Trinidad y Tobago).
De modo que lo previsible es la aplicación de alguna de las otras medidas contempladas en el TIAR. El artículo 8º del tratado contempla, en una cuidadosa escalada de sanciones, la retirada de los jefes de misión; la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares; la interrupción de relaciones económicas y de las comunicaciones, en sus diversas formas; y, finalmente, el empleo de la fuerza armada.
Casa Blanca
La reunión del Consejo Permanente de la OEA se dio en un contexto de incertidumbre sobre las políticas de Washington hacia la región luego del despido del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, lo cual desató especulaciones sobre eventuales cambios en la política norteamericana hacia América Latina.
La salida de Bolton coincidió con el nombramiento de Michael Kozak, un diplomático calificado como de “línea dura”, para sustituir de forma interina a Kimberly Breier, quien renunció el pasado 8 de agosto, en la Subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.
El propio presidente Trump se encargó de aclarar que, en realidad, el más duro en estas materias es él y no sus asesores, y amenazó con intensificar las presiones, especialmente contra Cuba y Venezuela.
Estados Unidos tiene en vigencia una serie de sanciones económicas, incluyendo un embargo al crudo de Venezuela, que agrava las condiciones de vida de los venezolanos, ya comprometidas por la aplicación de políticas económicas no siempre acertadas por parte del gobierno de Caracas.
Presiones similares se aplican contra Cuba, que se ha visto enfrentada la semana pasada a una grave escasez de combustible, obligando el país a aplicar un régimen de racionamiento.
No sería extraño que, para disipar toda duda sobre un posible ablandamiento de esas políticas, la Casa Blanca intensifique su presión contra estos países, con el apoyo de sus aliados latinoamericanos.
Para Sergio Gómez, corresponsal del diario colombiano El Tiempo, en Washington, “la estrategia de Estados Unidos al insistir en el TIAR es que al ser menos países que los que integran la OEA es mucho más fácil llegar a un consenso. En todo caso, no será fácil poner de acuerdo a por lo menos 13 países en un conjunto de acciones contra Venezuela”, estimó.
Una de las principales razones por las que TIAR se transformó prácticamente en letra muerta fue la decisión de Washington de rechazar su aplicación cuando Argentina lo invocó en 1982, durante la guerra que libró contra el Reino Unido por las Islas Malvinas.
Estados Unidos alegó entonces que su membresía en la OTAN lo obligaba con el Reino Unido y que, además, Argentina había sido el agresor, recordó Gómez.
En 2011 fue el propio Estados Unidos el que lo invocó, tras los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, una solicitud que tampoco tuvo el respaldo de los países miembros.
