La Corte Suprema de Rusia prohibió el jueves las actividades del “movimiento internacional LGTB” por “extremista”, abriendo la vía a una represión mayor de esa comunidad y de los defensores de sus derechos.
Esta decisión llega en pleno giro ultraconservador del país, que se posiciona ahora como abanderado de los valores “tradicionales” frente al presunto liberalismo de los países occidentales.
Esta política, que toma como blanco a las personas LGTB, se aceleró desde el inicio de la ofensiva del ejército ruso en Ucrania, en febrero de 2022.
Desde entonces también se acentuó la represión contra cualquier crítica al gobierno del presidente Vladimir Putin.
El juez de la máxima jurisdicción del país, Oleg Nefedov, determinó que “el movimiento internacional LGTB y sus filiales son extremistas” y dictaminó en consecuencia la “prohibición de sus actividades en el territorio de la Federación de Rusia”, según periodistas de la AFP.
Nefedov precisó que la decisión entraba “inmediatamente” en vigor.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, no tardó en denunciar este fallo.
“Nadie debería ser encarcelado por haber defendido los derechos humanos” ni ser “privado de sus derechos debido a su orientación sexual o su identidad de género”, señaló en un comunicado.
“Canibalismo sin límites”
La audiencia, la primera sobre este caso, duró solamente unas horas y tuvo lugar sin abogados –ya que no existe ninguna organización con el nombre de “movimiento internacional LGTB” en Rusia– y a puerta cerrada, pues el caso estaba clasificado como “secreto”.
“Solo un representante del Ministerio de Justicia ruso participa en la audiencia, nadie se manifestó del lado de la defensa”, indicó con anterioridad la Corte Suprema a la agencia de prensa estatal Ria Novosti.
El Ministerio de Justicia pidió a mediados de noviembre calificar “de organización extremista” y prohibir “el movimiento internacional LGTB”, sin especificar claramente a qué organización concreta se refería y abriendo la vía a una prohibición de cualquier movimiento de defensa de esta comunidad.
Cualquier actividad pública relacionada con lo que las autoridades rusas consideran como preferencias sexuales “no tradicionales” podría ahora ser sancionada por “extremismo”, un delito castigado con duras penas de prisión.
“El canibalismo no tiene límites. Ha sucedido. Un día, todo esto llegará a su fin, pero por ahora hay que continuar viviendo e intentar protegernos”, reaccionó en Telegram la asociación rusa Resistencia Feminista a la Guerra, que apoya los derechos de las personas LGTB.
“En la práctica, las autoridades podrían comenzar a abrir causas penales contra personalidades públicas y militantes para instaurar un clima de miedo”, estimó Maxime Olenichev, un jurista de la oenegé Pervy Otdel, que ayuda a las víctimas de represión en Rusia.
“Nivel de locura”
Hasta ahora, las personas LGTB se enfrentaban a onerosas multas si eran acusadas de lo que las autoridades denominan “propaganda”, pero no a penas de cárcel.
En la última década, los derechos del colectivo se vieron drásticamente limitados bajo el impulso del presidente ruso Vladimir Putin, que, junto con la Iglesia ortodoxa, asegura que quiere eliminar de la esfera pública los comportamientos considerados como desviados e importados de Occidente.
Ian Dvorkine, fundador en Rusia de la oenegé Centre T, que ayuda a las personas transgénero, huyó del país por temor a ser acusado “de extremismo” y encarcelado por haber creado esta asociación.
“Trabajar en Rusia se está volviendo muy incierto (…) Parece que aquellos [militantes LGTB] que sobrevivan, vivirán completamente escondidos”, dijo a la AFP.
Desde 2013, una ley prohíbe la “propaganda” de “relaciones sexuales no tradicionales” dirigida a menores, un texto denunciado por oenegés como un instrumento de represión homófoba.
Esta ley se amplió considerablemente a finales de 2022. Ahora prohíbe la “propaganda” LGTB para todos los públicos, en los medios, en internet, en los libros y las películas.
En julio, los diputados rusos también adoptaron una ley que toma como blanco a las personas transgénero, prohibiéndoles realizar su transición, en especial las operaciones quirúrgicas y las terapias hormonales.
