Para quienes les gusta que corra sangre de hombres y mujeres empobrecidos, aquí tienen otro argumento más para la guerra, dijo Hernando Chindoy al conocerse el anuncio de que un sector de las FARC retomaban las armas en Colombia.
Exgobernador del territorio Inga, un resguardo indígena en el empobrecido municipio de El Tablón de Gómez, en Nariño, al sur de Colombia, Chindoy encabezó una lucha por erradicar la presencia de grupos armados en la zona y las plantaciones de amapola con las que producían heroína por más de dos toneladas por semana.
Bombardeos, fumigaciones y masacres dejaron más de seis mil muertos en este escenario de producción de narcóticos. Hace 15 años decidieron expulsar a los grupos armados, erradicar manualmente la amapola e iniciar la producción de otros cultivos, principalmente café.
Ahora venden su producto en Bogotá y comienzan a explorar la posibilidad de expandir el negocio inclusive al extranjero. Ganan menos, pero no viven la violencia ni la congoja que trae el narcotráfico.
UNIVERSIDAD conversó por teléfono con Chindoy, desde Bogotá, sobre la experiencia Inga y las perspectivas de un renovado conflicto político armado en Colombia.
Usted expresó su rechazo a la decisión de un sector de las FARC de volver a la lucha armada. Quienes critican esa decisión reiteran la necesidad de perseverar en la aplicación del Acuerdo de Paz. ¿Esa es su visión, es eso posible aún?
— Yo estoy convencido de que avanzar en el acuerdo de paz es muy importante para Colombia, dado que, por lo menos tenemos un grupo alzado en armas menos que en los últimos 50 años. Que haya un grupo alzado en armas menos es un avance, desde mi punto de vista.
Todo proceso de paz tiene gente que no está de acuerdo. En este caso, del 100% de quienes se desarmaron de las FARC ,un 80% sigue activo en esa decisión. Solo 20% ha dicho “no”.
Me parece que este nuevo anuncio es un tema más de tipo delincuencial.
El Plan de Paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla contemplaba promover un plan integral para solucionar el problema de las drogas ilícitas. Casi tres años después de la firma de los acuerdos la producción de coca se ha multiplicado más de tres veces. Los cultivos, que ocupaban casi 48 mil hectáreas han pasado a casi 170 mil. ¿Cómo se explica eso?
— Lo que ocurre es que las zonas donde están presentes los cultivos ilícitos, de coca o de amapola, son regiones donde la gente no alcanza a tener un salario suficiente con su trabajo en al agricultura. No logran más allá de unos 150 o 200 mil pesos mensuales, no alcanzan ni siquiera a $45 o $50 mensuales.
Si se involucran en el narcotráfico alcanzan a tener de 500 a 600 mil pesos colombianos, cerca de $200 mensuales. Entonces el cambio es muy fuerte. La gente que vive ahí no tiene una formación académica o tecnológica, no tiene una alternativa y su alternativa es engrosar las filas del narcotráfico.
El Estado no está invirtiendo recursos para revertir esa situación en los campos. El Gobierno proponía dar a cada cultivador unos 500 mil pesos, lo que representa unos $161 por mes para el reemplazo del cultivo ilícito por uno legal. Pero la gente podía lograr hasta 10 millones de pesos semanales con el ilícito.
Usted encuentra niños que están en la escuela, pero ellos mismos tienen que construir sus locales, sus pupitres. Los profesores apenas llegan a esas comunidades aisladas. De esto se aprovechan las mafias y también la gente que quiere seguir en la guerra para reclutarlos.
Usted ha promovido en el territorio Inga, en el Tablón de Gómez, en Nariño (a 360 km al sur de Cali y a más de 800 km de Bogotá), un exitoso plan de recuperación del territorio donde operaban grupos armados y de sustitución de cultivos ilícitos por café de alta calidad. ¿Cómo explica el éxito de su iniciativa? ¿Por qué no se ha podido reproducir en otras zonas de Colombia.
— El éxito de Wuasikamas (guardianes de la tierra) radica que fue una decisión que se tomó desde la misma comunidad. Una comunidad de poco más de cuatro mil personas, que desde 1991 hasta 2002 había sufrido la pérdida de más de 150 indígenas asesinados, y que durante más de 20 años vivió secuestrada en su propia tierra.
El narcotráfico estaba afectando los páramos. La amapola se cultivaba en la altura, desde 1.800 hasta 2.600 metros. Estamos ahora 100% libres de esto.
Entonces la comunidad tenía solo tres profesionales. El resto estaba involucrado en narcotráfico. Los estudiantes no iban al colegio, no terminaban al bachillerato, sino que iban a trabajar en los cultivos de amapolas.
Observando esto, las mujeres, afectadas por la violencia, fueron las primeras en desarrollar la sensibilidad para decir que ese no era el camino.
No se trata de resolver el problema del narcotráfico desde el punto de vista individual, sino colectivo, de involucar a las instituciones, pero también a los actores armados. El problema no era de dinero. Dijimos “no más presencia de actores armados dentro de este territorio”, aunque nos empezaron a amenazar y a algunos nos mataron, tanto los de las FARC como los paramilitares.
En lo económico, cada familia tiene su predio para la producción de café. Cosechamos 340 toneladas cada año, pero la comercialización la hacen en términos colectivos. Tenemos nuestra planta de café. A eso mismo queremos llegar con las frutas, las carnes. Y poder comercializar las excedentes, desarrollando nuestras propias marcas.
Hoy nuestra comunidad tiene distintos jóvenes en varias universidades, entre 15 a 25 muchachos que retornan cada año al territorio para participar en sus actividades. Administran su propio sistema de salud, tienen su propia institución educativa, administración los servicios públicos de acueductos, de alcantarillados, de desechos.
Hemos avanzado también en las medidas para fundar una universidad indígena, en Piamonte, entre Putumayo y Cauca. Ahí nacen los ríos Caquetá, Putumayo y Patía. Ahí mismo se va a abrir las puertas para campesinos y afros. Se trata de fortalecer la capacidad de pueblos indígenas en la parte sur del país que están en peligro de desaparecer.
No es que no se hay podido reproducir esta experiencia. Nuestro ejercicio lo han tomado otras comunidades. Hay algunas que son emblemáticas, que la han compartido, como la comunidad de El Páramo, también en Nariño.
El Acuerdo de Paz contemplaba un plan para el desmonte del paramilitarismo. Entiendo que en menos de un año 150 líderes indígenas y sociales han sido asesinados en los departamentos de Cauca, Putumayo y Nariño, en el sur del país. Según el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, es notorio el incumplimiento del Gobierno en esta materia. ¿Desde su punto de vista, eso es así?
— Eso es cierto. La cantidad de muertos es cierta. Antes de ayer, el ejército asesinó a indígenas de la guardia indígena en el valle del Cauca. Son distintos actores los que intervienen en estos asesinatos.
Ellos siguen actuando ahí, no es solo el paramilitarismo el que mata a nuestros líderes, sino agentes del Estado, gente de las FARC, del Cártel de Sinaloa, que operan en la región. Hay que recordar que hay 37 pueblos indígenas en Colombia en peligro de extinción por esa violencia.
El Acuerdo de Paz contemplaba también proyectos de apoyo económico para los campesinos que dejaran las armas. Márquez afirmó que, tanto el fondo de tierras como la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, acompañada de proyectos alternativos de mejoramiento de vida en el campo, han quedado en el olvido. ¿Eso es así? ¿En su opinión, son aspectos esenciales que explican el regreso a las armas de esos grupos?
— El Gobierno ha incumplido los acuerdos de paz. El actual gobierno, desde que ganaron el plebiscito que rechazaba los acuerdos, ha venido impulsando la idea de que hay que revisarlos. Pero no lo han logrado y lo que han hecho es que han venido incumpliendo lo acordado. Pero no comparto que eso sea razón suficiente para volver las armas.
Esas situaciones son más de tipo económico. El tema fundamental tiene que ver más con volver al narcotráfico, a la explotación de la minería ilegal.
Intervenir en las nuevas dinámicas políticas de la sociedad después del acuerdo requiere otras capacidades, y la mayor parte de esa gente no las tiene. La mayoría de los que siguen en el acuerdo han empezado a terminar la primaria, a validar su bachillerato o terminar una carrera universitaria.
Finalmente, ¿cuáles son sus perspectivas para las elecciones regionales del 27 de octubre?
— Está difícil. En Colombia los que han estado al frente del poder, las voces del gobierno, son fuertes para exigir acabar con el ELN. Ellos manifiestan que los acuerdos no están bien hechos y que, por eso, este grupo de las antiguas FARC se alzó de nuevo en armas. Con el ELN tampoco han avanzado en el diálogo.
Pero hay quienes pensamos que se puede avanzar en el proceso de paz y defenderlo desde las urnas. Hay candidatos que defienden eso y ojalá logren apoyo.
