Urgido por el deterioro de la situación en Venezuela, luego del fracasado intento de golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro, el Grupo Internacional de Contacto (GIC) decidió ampliar sus gestiones para encontrar una salida negociada a la crisis en el país.
Al cabo de dos días de reuniones en San José con la participación de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, y de delegaciones de Uruguay, Ecuador, Bolivia y Costa Rica, el Grupo firmó una declaración marcada por la urgencia que le imprime a este proceso las amenazas de intervención militar de Washington a Venezuela a corto plazo.
Por la Unión Europea (UE) participan ocho países, quienes reconocen al diputado Juan Guaidó como presidente en ejercicio: Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y Reino Unido. Entre los latinoamericanos, Bolivia, que integra el grupo, no firmó la declaración final, como no lo ha hecho en otras ocasiones.
La reunión de la GIC se da luego del encuentro de emergencia llevado a cabo por el Grupo de Lima, conformado por 11 de los gobiernos más conservadores de América Latina y el representante de Guaidó.
El 3 de mayo, el Grupo de Lima se pronunció a favor del levantamiento que trató de promover Guaidó a fines de abril, expresando “su pleno respaldo a las acciones emprendidas durante los últimos días por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del Presidente Encargado”.
El grupo de Lima, alineado con las políticas de Washington, condenó “enérgicamente la represión del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro”, un lenguaje distinto al más matizado del GIC, integrado, entre otros, por países como Uruguay y Bolivia, quienes no reconocen a Guaidó.
Pese a su dependencia de las iniciativas de Washington, los miembros del Grupo de Lima no pueden dejar de ver con preocupación las consecuencias de un derrocamiento armado de Maduro por las fuerzas armadas norteamericanas, que generaría tensiones en América Latina y renovaría las resistencias a las políticas conservadoras que representan.
Su declaración del pasado 3 de mayo introduce dos aspectos novedosos con respecto a las anteriores: uno es la propuesta de una reunión conjunta con el GIC. Y el otro es incorporar a Cuba en las negociaciones sobre la salida de la crisis venezolana.
La visita a Costa Rica del canciller cubano, Bruno Rodríguez, la semana pasada, fue vinculada por medios locales a la firma de un acuerdo de cooperación en materia de educación. Pero parece improbable que ese haya sido el objetivo principal de la visita que, a la luz de estas nuevas propuestas, probablemente sirvió para avanzar en el intercambio con el gobierno de la isla y explorar posibles acuerdos sobre la crisis venezolana.
La declaración
En ese contexto se reunió el GIC el 6 y 7 de mayo en San José. En su declaración, al concluir el encuentro, expresaron “su compromiso con una solución política, pacífica, democrática y decidida por los propios venezolanos, mediante la celebración de elecciones presidenciales libres y justas lo más pronto posible”.
Este es el punto de encuentro entre los dos grupos, pero el cuidadoso lenguaje diplomático apenas esconde los matices de las propuestas. Pero, al contrario del Grupo de Lima, el GIC no apoya “las acciones emprendidas durante los últimos días por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del Presidente Encargado Juan Guaidó para restablecer el Estado de derecho en la República Bolivariana de Venezuela”, sino que defiende lo que califica de “derecho a la protesta pacífica”, mientras exige también que esas manifestaciones “deben seguir siendo no violentas”.
En todo caso, ningún acuerdo parece posible sin la celebración de nuevas elecciones. Cuándo y en qué condiciones son dos aspectos sobre los que no se entran en detalles.
Sometido al boicot económico por parte de Estados Unidos, la situación de Venezuela se ha vuelto dramática. Se han cerrado todas las puertas de financiamiento internacional para las empresas venezolanas, incluyendo la industria petrolera; mientras que, por otra parte, se ha promovido un sabotaje al suministro eléctrico que tiene consecuencias devastadoras tanto sobre la producción como sobre la vida diaria de los venezolanos.
Nada de eso se menciona en ninguna de las declaraciones. Tampoco se hace referencia al tema en las conferencias de prensa de los representantes de los Estados participantes.
A los efectos del sabotaje se suma el deficiente manejo económico de la administración de Maduro, sin que sea posible determinar exactamente su incidencia en la crisis económica cuya cara más visible es la inflación desmedida que hace imposible cualquier planificación económica.
Evitar escalada
Para el GIC este es el único mecanismo que tiene la capacidad de reunir a todos los actores en el conflicto y su prioridad ahora “consiste en evitar una mayor escalada de una situación que es ya de por sí sumamente tensa”. Y reiteran que, “por esta razón, es imperativo restaurar la democracia, el Estado de Derecho y la separación de poderes”.
La mejor forma de proceder, estima el GIC, “se basa en un proceso político creíble negociado, con el objeto de llevar al país hacia elecciones democráticas”. Lo que requiere “medidas urgentes significativas para forjar confianza, tales como la liberación de presos políticos y cambios en los respectivos poderes del Estado”.
Para avanzar en estas negociaciones el GIC decidió prorrogar su período de funcionamiento (que vencía este martes, luego de 90 días de conformado el grupo) y establecer “un grupo de trabajo humanitario en Caracas”.
El Grupo -agrega el comunicado- está listo también “para llevar a cabo una misión a nivel político en Caracas para presentar y discutir opciones concretas para una solución pacífica y democrática a la crisis”.
El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel Ventura, anfitrión de la cita del CIG tampoco ocultó lo apremiante de la coyuntura. Pero Costa Rica, al contrario de otros países latinoamericanos del CIG, reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela y expulsó a los diplomáticos que ejercían aquí sus cargos en representación del gobierno de Maduro, medida que fue reciprocada por Caracas.
Opciones concretas
En la conferencia de prensa, luego de la clausura de la reunión, Mogherini expresó que se habían discutido “opciones concretas para una solución pacífica a la crisis”. Se trata de “un conjunto de ideas que estamos listos para presentar si existe interés. Es momento de promover ideas concretas y este grupo las tiene”, agregó, sin dar detalles sobre estas propuestas, destacando que para su éxito “se requiere un cierto grado de confidencialidad”.
“Es un conjunto de ideas, que no vamos a hacer públicas, que he discutido, entre otros, con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y que vamos a proponer a las partes para destrabar la crisis”. El Grupo ha estado en contacto también con Estados Unidos y Rusia, así como con Cuba, para discutir esas ideas. Además, ha retomado contacto con el Vaticano, cuya experimentada diplomacia ya había intentado, sin éxito, mediar en esa crisis.
De la cita de San José queda la evidencia de lo urgente que es encontrar una solución negociada. Esa urgencia solo puede justificarse por la amenaza de otro tipo de solución, como la ejercida por Estados Unidos.
Acosado por las sanciones, con su economía haciendo agua, Maduro y sus aliados tendrán que evaluar sus recursos y los de sus enemigos para decidir si las propuestas que llevarán a Caracas son aceptables o si van más allá de lo que el gobierno está dispuesto a ceder.
Si fuera así, la perspectiva de una confrontación armada volvería a ganar fuerza y, con ella, las tensiones en toda América Latina.
