Un renovado esfuerzo por estrechar el cerco contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela fue el acuerdo que tomaron países latinoamericanos reunidos en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Bajo la batuta de Estados Unidos, 11 países integrantes del llamado “Grupo de Lima” y 18 miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) anunciaron el lunes nuevas sanciones contra Caracas, en el marco de sus esfuerzos por poner fin al régimen de Maduro.
Los integrantes del “Grupo de Lima” –Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú– fueron los primeros en manifestarse a favor de nuevas “medidas económicas y políticas contra Maduro, sin el uso de la fuerza, con el fin de restablecer el orden constitucional y democrático en Venezuela”.
Estados Unidos no es parte de este grupo, pero el presidente chileno, Sebastián Piñera, citado por el diario El Mercurio de su país, afirmó que la reunión del grupo había “sido convocada por el Presidente Trump” y anunció que su país tendría “una participación consecuente con los principios que siempre ha sostenido, que hay que terminar con la dictadura de Maduro”.
En opinión de Piñera, se trata de “una dictadura corrupta, incompetente, con ligazones con el narcotráfico y que ha provocado una crisis política, económica, social y humanitaria de extraordinaria gravedad en el pueblo venezolano”, sin mencionar las dramáticas consecuencias del bloqueo norteamericano a la economía de Venezuela.
Pese a no integrar el grupo, solo Estados Unidos tiene la capacidad de adoptar medidas que afecten realmente la economía de Venezuela, lo que ha venido haciendo desde hace años. El encargado norteamericano de las políticas de la Casa Blanca hacia ese país, Elliott Abrams –que también asistió a la reunión– prometió que seguirán ampliando esas sanciones. “Necesitamos más presión aún, más sanciones y ustedes verán más sanciones por parte de Estados Unidos”, dijo Abrams a los periodistas en Nueva York.
El “Grupo de Lima” apoya las denuncias de Colombia contra el gobierno de Maduro, al que acusa de amparar “grupos armados ilegales”, en referencia a organizaciones colombianas alzadas en armas contra el gobierno. Sin embargo, no hicieron referencia alguna a las recientes fotografías que muestran a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional al que reconocen como presidente del país, con grupos paramilitares y narcotraficantes colombianos que operan en la frontera de los dos países. Estos grupos se habrían encargado de trasladar clandestinamente a Guaidó a Colombia cuando Estados Unidos intentó introducir en Venezuela, en febrero pasado, camiones con productos de primera necesidad desde la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta.
El gobierno de Maduro anunció que denunciaría en las Naciones Unidas los nexos de Guaidó con esos grupos.
Nuevas sanciones
Pese al anuncio de las renovadas sanciones económicas a Venezuela por parte del “Grupo de Lima”, la atención de la jornada del pasado lunes 23 en Nueva York estuvo en la reunión del Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un instrumento de la Guerra Fría que demostró su verdadera naturaleza cuando Estados Unidos se negó a apoyar a Argentina en su conflicto por las islas Malvinas contra Inglaterra, en 1982.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, presidió la sesión del Órgano de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores del TIAR, cuyas resoluciones fueron aprobadas con 16 votos a favor, uno en contra (Uruguay) y una abstención (Trinidad y Tobago). En la OEA se procede a aplicar la ficción de que Cuba sigue siendo miembro de la organización y en el acta de la reunión se contabilizó su voto como “ausencia”.
Según el canciller colombiano, este tratado es el único instrumento que da “la fuerza jurídica para tomar medidas que otros instrumentos no permiten y así avanzar en la protección de la democracia, la seguridad y la paz de la región”.
La invocación del TIAR aspira a dar legitimidad a las medidas que Washington ha venido aplicando desde hace ya varios años contra Venezuela y que pretende ahora incrementar sumando, a las presiones del “Grupo de Lima”, las disposiciones del tratado. En un comunicado emitido la semana pasada, el Departamento de Estado manifestó su apoyo a la activación del TIAR, señalando que la medida “facilitaría más acciones colectivas” contra Caracas.
Las resoluciones contemplan la persecución de “personas y entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro, involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación y vinculadas a redes de delincuencia organizada transnacional”.
Se pretende “utilizar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar” a quienes se estime responsables de esos actos, mediante el congelamiento de los activos que eventualmente posean en territorios de los Estados parte del TIAR.
También acordaron encargar a las unidades de inteligencia financiera de los países del TIAR elaborar un listado “consolidado” de personas vinculadas al Gobierno venezolano.
Venezuela ha reaccionado llamando “a los países y pueblos de la región a rechazar firmemente las pretensiones de este pequeño grupo de países que, en el seno de la OEA, amenazan la paz y la integridad de Venezuela y de todo el continente”.
Acción militar
La invocación del TIAR contra Venezuela despertó el rechazo de la mayoría de países latinoamericanos, incluyendo algunos de los 12 miembros que votaron a favor de su aplicación, en particular por la amenaza del uso de la fuerza, una medida que contempla ese tratado.
El primero en denunciar las dimensiones de esa amenaza fue el Gobierno de México (que no es miembro del TIAR), cuyo canciller, Marcelo Ebrard, desde el primer momento se negó a apoyar cualquier intervención armada contra Venezuela, estimando que eso permitiría “otra injerencia en cualquier país latinoamericano”.
El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, también se manifestó, en Nueva York, sobre la aplicación del TIAR. “Nosotros vamos a oponernos a que este mecanismo, por lo menos en su fase más extrema, se ejecute, que es la intervención directa en el conflicto venezolano”, dijo el canciller al diario uruguayo La República.
Novoa recordó que Venezuela no es miembro de ese tratado y afirmó que los gobiernos que han promovido su aplicación en el caso de ese país “desconocen el valor intrínseco” y “el espíritu” del tratado, que es la “defensa de los países integrantes ante una agresión externa”.
El canciller uruguayo agregó que su país se retiraría del TIAR si se llegase a aprobar una intervención armada contra Venezuela. Su país, en todo caso, fue el único voto en contra del acuerdo adoptado el lunes por otros 16 miembros del TIAR.
La dificultad de lograr el apoyo necesario para una intervención armada quedó en evidencia cuando los gobiernos de Colombia o Chile expresaron que su intención es “privilegiar el uso de instrumentos pacíficos para resolver esa crisis”. Las medidas económicas aplicadas contra Venezuela son, sin embargo, equivalentes a medidas de guerra.
El TIAR contempla una serie de medidas como las que Estados Unidos y el “Grupo de Lima” están apostando para debilitar el gobierno de Maduro y hacer viable su derrocamiento. Esas medidas son la promoción del aislamiento internacional de un gobierno mediante la ruptura de lazos diplomáticos, comerciales o de comunicación, que podrían ser adoptadas en una nueva reunión, dentro de dos meses.
