“Es con los gringos con quien de verdad se está negociando, y no en esta mesita de notables y del Cosep”, dijo al diario La Prensa Freddy Quezada, sociólogo nicaragüense, en una entrevista publicada el pasado domingo.
Quesada se refería a la nueva ronda de negociaciones que empezó la semana pasada, entre el Gobierno y representantes de la oposición, entre ellos empresarios reunidos en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Antisandinista desde el triunfo de la revolución en 1979, según La Prensa, Quesada ve el diálogo así: los actores visibles son el Gobierno, por un lado, y la Alianza Cívica donde, en su opinión, “ hay dominio de los empresarios”.
Otros sectores de la oposición prefirieron retirarse de ese diálogo. Consideran que no están dadas las condiciones para llegar a algún acuerdo, ni confían en la voluntad del Gobierno para lograrlo.
“Se retiraron los campesinos, incluso el representante estudiantil suspendió su apoyo por algún momento”, dijo Quezada, para quien,
además de los actores “visibles”, hay otros, a los que califica de “invisibles”. ¿Quiénes son? “El gran juez que está detrás de toda esa mesa: Estados Unidos, Trump, Pompeo y Pence; esos son los tipos cuidadores del casino, que están vigilando todos los juegos. No se miran, pero se sienten”.
Pero además de los señalados por Quezada como opositores al diálogo, hay otros actores que también lo descartan. Es el caso del poeta Ernesto Cardenal, entrevistado por la periodista Gabriela Selser para la emisora alemana DW, entrevista también publicada la semana pasada.
Para Cardenal, “la situación está peor. Queremos salir de esto, queremos un cambio total de país, un verdadero cambio social”.
Hace casi un año –recuerda Selser– Cardenal “escribió una proclama denunciando la represión del Gobierno sobre una rebelión de estudiantes que estalló el 18 de abril. En ella se manifestó en contra de que la oposición dialogara con el presidente Daniel Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo”.
Cardenal sigue diciendo “no” al diálogo: “’Queremos simplemente que la pareja presidencial se vaya, no hay nada que dialogar”, exclamó al ser consultado sobre la nueva negociación, que empezó el 27 de febrero para intentar resolver la crisis política que lleva ya once meses”.
El jueves pasado, al inaugurar una obra vial en Managua, Ortega calificó de “demonios” y de “Caín” a quienes se oponían al diálogo. Acudiendo al lenguaje religioso que caracteriza sus intervenciones recientes y la de su esposa y vicepresidente de la República, Rosario Murrillo, Ortega afirmó que “el amor es más fuerte”. “La inmensa mayoría de los nicaragüenses estamos con Dios, estamos con la paz, estamos con el amor, estamos con la solidaridad y seguiremos construyendo la paz”, afirmó.
Diálogo
Pese a la desconfianza, la mesa de diálogo está instalada y esta semana podría ser clave para aclarar sus perspectivas y la posibilidad de que sirva para encontrar una salida a la crisis política que va a cumplir un año en Nicaragua.
La agenda acordada por las partes no es demasiado precisa en sus objetivos. Propone fortalecer la democracia y realizar reformas que garanticen los futuros procesos electorales.
Con el poder electoral controlado por el Gobierno, la oposición exige reformas que incluyan el control internacional para garantizar la limpieza de los comicios.
Pero la agenda no incluye una exigencia que la mayoría de los sectores de la oposición considera fundamental: el adelantamiento de las elecciones, previstas para 2021, al final del actual período presidencial de cinco años.
La agenda contempla también una referencia a la libertad de todos los presos, que la oposición califica de “políticos” y que el Gobierno acusa de “terroristas”. Son aquellos capturados a partir de las protestas iniciadas en abril del año pasado, muchos de ellos sometidos a condiciones de prisión degradantes.
El acuerdo contempla la liberación, en un plazo máximo de 90 días, “de conformidad con el ordenamiento jurídico del país, de todas las personas presas y detenidas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018”.
“Esperamos tener listo hoy viernes el acuerdo para la liberación de los presos políticos, incluyendo el calendario de salida de cada uno de ellos, sin excepción”, afirmó la semana pasada la abogada Azahálea Solís, dirigente de la Alianza Cívica. Las primeras liberaciones deberían darse esta misma semana, a riesgo de que se interrumpan nuevamente las negociaciones si no hay un avance importante en esta materia.
No hay acuerdo, sin embargo, sobre la cantidad de los presos que deberían ser liberados. Solís afirmó que se trata de 802 personas detenidas desde el 18 de abril del año pasado, y exige también garantías para cerca de 52 mil personas que debieron abandonar el país escapando de la represión, de las cuales unas 170 tienen órdenes de captura ordenadas por el Gobierno.
Pero el Gobierno cifra en 340 los presos, una lista que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA, estima en 647. De modo que la aplicación de ese acuerdo requerirá una revisión de las listas, tarea que podrá revelarse polémica. El censo de los detenidos y el calendario de su liberación están siendo coordinados por la Cruz Roja.
Y está pendiente la situación de los medios de prensa cerrados por el régimen, entre ellos Confidencial, cuyo director, Carlos Fernando Chamorro, se ha tenido que exiliar en Costa Rica.
La oposición habla también de la existencia de cárceles clandestinas y de grupos paramilitares que operarían tanto en Managua como en el interior del país. En el municipio de Condega, departamento de Estelí, fuentes de la oposición denunciaron, por ejemplo, que grupos armados andaban “amenazando con matonear, quemar casas y propiedades” de opositores, para intimidar los liderazgos en la zona y crear zozobra.
La oposición ha seguido manifestándose en Managua, ahora con nuevas modalidades, distintas a los “tranques” aplicados en los primeros meses de las protestas, para evitar la represión de las fuerzas gubernamentales.
Sanciones
La nueva ronda de negociaciones está enmarcada por una creciente presión de Washington, a la que se ha sumado la Unión Europea. En la agenda de negociación se incluye una mención a las sanciones que podrían tener efectos devastadores para la economía de Nicaragua, ya enfrentada a una fuerte recesión. Según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) la economía nicaragüense podría caer este año entre un 7,3% y un 10,9%. El senado norteamericano aprobó el año pasado la ley conocida como Nica Act, que permite al Gobierno norteamericano vetar préstamos de organismos financieros internacionales a Nicaragua. El presidente Donald Trump firmó también una orden ejecutiva declarando Nicaragua como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que abre las puertas a más sanciones.
A esto se sumó una resolución del Parlamento Europeo, que propone la aplicación de la cláusula de derechos humanos contemplada en el Acuerdo de Asociación que la Unión Europea firmó con los países centroamericanos. Si bien la resolución no es de cumplimiento obligatorio, pues queda a decisión de los Gobiernos europeos su aplicación, aumenta la presión sobre el Gobierno nicaragüense.
“Yo quiero pensar que el Gobierno de Ortega está seriamente preocupado, porque en el fondo observa que la comunidad internacional –además de los Estados Unidos, también la Unión Europea–, le están insistiendo en que su régimen no tiene futuro si no alcanza un acuerdo que camine hacia la libertad en el país”, afirmó el eurodiputado socialista español, Ramón Jáuregui.
