Lasso es un típico político pro-business (a favor de los negocios), afirma Will Freeman, en un artículo publicado en Foreign Policy. Pro-business, una receta con la que el banquero Guillermo Lasso llegará a la presidencia de Ecuador, luego de imponerse en la segunda vuelta electoral del pasado domingo, 11 de abril, al candidato del “correísmo”, el economista Andrés Arauz, por menos de 5% de diferencia: 52,3% contra 47,6% de su oponente.
Promete crear dos millones de puestos de trabajo, subir el salario mínimo a 500 dólares mensuales, sacar de la extrema pobreza a un millón de ecuatorianos (en un país de 18 millones de habitantes).
Con casi cinco mil casos diarios de COVID-19 y 18 mil muertos, la economía ecuatoriana se derrumbó el año pasado, cayó 7,8%. Y aunque estimaciones optimistas señalan un crecimiento de 3,5% este año, nada asegura esa recuperación.
En noviembre pasado, el gobierno saliente anunció que no habría aumento del salario básico unificado: $400 (en una economía que está dolarizada).
“Impulsados en parte por las redes sociales y las protestas políticas en Estados Unidos, donde la mayoría de los países latinoamericanos cuentan con grandes diásporas, los políticos más jóvenes de la izquierda están dando prioridad a los temas relacionados con el medioambiente, el género y las minorías, frente a la doctrina marxista de sus mentores”, Anatoly Kurmanaev.
Además, se darían otros $60 en el primer trimestre del año a quienes ganen ese mínimo, y $100 a quienes perdieron su trabajo durante la pandemia y siguen desempleados.
En Ecuador el 48% de la mano de obra está en la informalidad, según datos del ministerio de Trabajo, y solo un tercio de los empleos cumplen el mínimo legal. Se sumaron durante la pandemia 3,2 millones de personas a la condición de pobreza.
Un país complicado
El banquero Lasso asegura saber cómo crear empleo. Exhibe su éxito en los negocios, que ofrece como modelo para el país, atrayendo inversión extranjera y promoviendo la explotación petrolera.
“Recibiremos un país complicado, el gobierno nacional no tiene liquidez, apenas un saldo de $400 millones en la reserva, los cuales representan solo el 20% del gasto mensual del gobierno”, dijo en artículo publicado por BBC Mundo durante la campaña electoral.
“Es, además, un gobierno con una deuda que llega al 63% del Producto Interno Bruto (PIB), a la que hay que añadir atrasos de pagos con municipios, prefecturas, sistemas de seguridad social y con el Banco Central. Todo sumado, le puedo decir, a ojo de buen cubero, que la deuda llega a 80 mil millones”, añadió.
La receta para hacer frente a la situación será la austeridad. Nosotros no vamos a desconocer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que negoció el gobierno de Lenin Moreno, por un monto de $7.400 millones, dijo Lasso. Pero sí piensa subir el IVA, para hacer frente a la deuda y al déficit.
Una política a la que se oponía Arauz, por las condiciones que el FMI le impone el país y que considera gravosas.
Ya en agosto del año pasado Arauz había denunciado las condiciones de ese acuerdo, en declaraciones dadas al periódico argentino Página 12. “Los contenidos del acuerdo con el FMI son perversos. Incluye la desregulación del sistema financiero, liberación de la tasa de interés, y favorecer la salida de capitales. Además, quieren cambiar la ley para que el BC tenga funcionarios designados por este presidente y que no pueda cambiarlos el próximo. Están dinamitando los instrumentos que podría usar un gobierno progresista”, afirmó entonces Arauz.
Ya conocido el resultado electoral y el triunfo de Lasso, la página colombiana Cronicón decía: “El programa de gobierno del banquero Guillermo Lasso es muy similar al del catastrófico mandato de Mauricio Macri en Argentina, que dejó a esta nación en las ruinas, tras su paso nefasto por la Casa Rosada”.
Con la reforma legal pretendida por Lasso, el Banco Central del Ecuador “pasará al control del sector bancario especulador del país”, mientras otras reformas se proponen flexibilizar las condiciones laborales y privatizar la salud, la educación y vender hidroeléctricas y refinerías, agrega la nota.
En política internacional, Lasso se alineará con la Casa Blanca, en particular con cerco económico y financiero que se ha opuesto al gobierno de Nicolás Maduro y las iniciativas que, desde Colombia, persiguen su derrocamiento.
Modelos en crisis
El triunfo electoral de un proyecto pro business como este, cuyos resultados son bien conocidos después de 40 años de aplicación, solo puede lograrse si se ocultan sus objetivos y si el debate electoral enfatiza otros aspectos.
En un notable artículo sobre el reciente pasado político inglés, el columnista en The Guardian, John Harris, le pide a sus compatriotas no revivir las falsas ilusiones de los años de la primera ministra Margaret Thatcher, quien gobernó el país durante la década de los 80. Eran los años dorados del neoliberalismo cuando, con Reagan en el gobierno de los Estados Unidos, vendían al mundo la idea de que no había alternativas a esas políticas.
Hoy Harris advierte: el Reino Unido de 2021 enfrenta muchos de los mismos temas esenciales de hace 40 años. Después de diez años de austeridad, el entorno en que viven millones de personas se ha vuelto cada vez más precario y vacío.
Y agrega: Hace 40 años se trataba del fin de un modelo de planificación estatal, de un fuerte poder sindical e intervencionismo económico en gran escala. “Ahora es posible que hayamos llegado a la desaparición del que lo reemplazó: el de un Estado pequeño, de visión de libre mercado, aunque debilitada por la crisis del 2008 y probablemente vuelto obsoleta, por el nivel de intervención estatal que el coronavirus hizo evidente”.
Lo cierto es que lo que entonces despertaba esperanzas, hoy ya es imposible. Por eso, el debate tiene que derivarse hacia otras causas en las que se pueda ocultar la oferta neoliberal.
Un tercer polo
Solo tres días antes de las elecciones otro columnista de The Guardian, Dan Colliyns –en un artículo financiado por un proyecto de la Fundación de Bill y Melinda Gates, como se indica en el periódico– opinaba que “mujeres y jóvenes podrían ser decisivos en el resultado electoral de Ecuador”. Dos candidatos hombres –decía la nota–, hacen lo que pueden para atraer a sectores del electorado que, con frecuencia, son marginados.
Con los electores cansados de un debate polarizado sobre la década de gobierno del correísmo y su controvertida herencia, los candidatos tratan de ampliar su base de apoyo al mirar hacia la agenda LGBTI, y a temas de racismo y de género.
Lasso, por ejemplo, miembro de la organización conservadora católica Opus Dei, se reunió con activistas de los derechos LGBTI y ofreció políticas destinadas a enfrentar la violencia de género mediante la creación de una defensoría de los derechos de la mujer.
El resultado de la elección –decía Freeman en su artículo– mostró que un sector amplio de la población todavía no se traga lo que define como “populismo autoritario” con que caracteriza el gobierno de Correa.
Entre los dos polos –afirma– surge un tercero más recientemente, integrado por los jóvenes, una centro-izquierda “socialmente progresista” y la comunidad indígena que rechaza el modelo “iliberal” (democracia liberal con elecciones, pero sin libertades civiles) de desarrollo extractivista, por un lado, pero también las propuestas neoliberales de Lasso, por otro lado.
Los representantes de ese polo serían el candidato de sectores indígenas agrupados en Pachakutik, encabezado por Yaku Pérez, y el partido de Izquierda Democrática, de viejo origen socialdemócrata, cuyo candidato fue el empresario Xavier Hervas.
Tanto Pérez como Hervas dejaron en libertad a sus partidarios para votar en el segundo turno, pero destacaron su distancia con el correísmo. En un video difundido, luego de la primera vuelta electoral, Pérez reivindicó una “tercera vía”, definida como una izquierda comunitaria, ecológica, antiextractivista y feminista.
Rashell Erazo, una mujer trans que encabeza la organización Alfil –que define sus objetivos como defender los derechos de la comunidad LGBTI– dijo que la mayor parte de su comunidad se inclinaba por Pérez, por sus propuestas inclusivas, pero también por Hervas.
Como Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), de la que Pachakutik se presenta como brazo político, había anunciado su apoyo a la candidatura de Arauz, el Consejo de Gobierno de la organización salió a defender el voto nulo en la segunda vuelta.
Se trataba de un “voto nulo ideológico” que, según la organización, significaba “ser consecuentes con la lucha histórica del movimiento indígena del Ecuador”, señala que sus demandas y proyecto político trascendían el escenario electoral”.
Hervas, por su parte, había llamado a no anular el voto, esgrimiendo argumentos que invitaban a votar por Lasso.
“En función de ver el debate y conversar con los voluntarios, estoy convencido de que de ninguna manera votaré nulo o blanco. También estoy convencido de que nuestro país debe salir del modelo del autoritarismo que nos gobernó”, dijo en entrevista al canal ecuatoriano Ecuavisa, el 23 de marzo pasado.
En su cuenta de twitter, Hervas destacó que para su partido, Izquierda Democrática, son temas prioritarios la reducción del índice de desnutrición crónica infantil, la violencia contra la mujer, los embarazos de adolescentes por violaciones, la protección de los derechos de la naturaleza, la mala administración de los fondos del sistema de salud, y la falta de conectividad que deja a los niños sin educación.
Plataformas con las que Pérez y Hervas pretenden conformar una coalición de “centro-izquierda”, la cual se opondría a la privatización de las empresas del Estado, a la reforma del Banco Central y los nuevos proyectos extractivistas.
El “mayor ganador”
Pero la visión de esa nueva “centro izquierda”, que buscarían organizar Pérez y Hervas, no es compartida por todos los analistas. En el mismo artículo ya citado, de la página colombiana Cronicón, se señala que Yaku Pérez era un candidato “apoyado por el embajada de los Estados Unidos y la socialdemocracia europea” y Xavier Hervas, un empresario conservador “que se travistió como de izquierda”.
Ambos fueron fundamentales para que Lasso pudiera revertir el resultado electoral de la primera vuelta. La llamada al “voto nulo ideológico” del movimiento indígena tuvo –en opinión del articulista– “una influencia notable por cuanto que la cifra de ciudadanos que optaron por la opción de anular alcanzó 1.739.870 de votos del total de 10.675.362 electores.
“El ascenso de Pérez forma parte de un cambio generacional más extenso en los movimientos de izquierda de Latinoamérica”, estimaron José María León Cabrera (que escribía desde Tarqui, en Ecuador,) con Anatoly Kurmanaev (que lo hacía desde Moscú), en un artículo publicado por el New York Times el mismo día de las elecciones ecuatorianas.
Para ambos, el mayor ganador de la elección en Ecuador –Yaku Pérez– quedó fuera de las boletas del segundo turno.
“Impulsados en parte por las redes sociales y las protestas políticas en Estados Unidos, donde la mayoría de los países latinoamericanos cuentan con grandes diásporas, los políticos más jóvenes de la izquierda están dando prioridad a los temas relacionados con el medioambiente, el género y las minorías, frente a la doctrina marxista de sus mentores”, dice el artículo.
La cárcel como instrumento político
En las elecciones ecuatorianas, como en las del 2018 en Brasil, la candidatura de Arauz fue producto de la instrumentalización de la justicia para alejar del escenario político a los sectores progresistas.
Algo que los medios, con frecuencia, prefieren ocultar. Ishaan Tharoor se refiere al expresidente Rafael Correa, en el Washington Post, en un artículo publicado el pasado 13 de abril, como un populista que polariza la política ecuatoriana y que se ha exiliado en Bélgica ante acusaciones de corrupción en Ecuador.
Lo cierto es que, como en Brasil, la judicialización de la política ha servido para excluir al partido de Correa de las elecciones, para impedirle ser candidato o siquiera participar en la campaña, mientras su exvicepresidente, Jorge Glas (que también fue vicepresidente de Lenin Moreno), sigue encarcelado, condenado en juicios por corrupción cuyo interés político es inocultable a estas alturas.
Claro que hay que combatir la corrupción, dijo la semana pasada el excanciller brasileño Celso Amorim, en declaraciones a un canal brasileño. Pero afirmó que, en algunos casos, eso es parte de lo que se ha llamado “guerra híbrida”, una forma de “remover regímenes incómodos y favorecer prácticas que mejoren las condiciones de competitividad de las empresas norteamericanas”.
Estados Unidos –agregó– hicieron de la guerra contra la corrupción una especie de sustituto de la “guerra contra el terror”, que el presidente Bush declaró luego de los atentados contra las torres gemelas de Nueva York, en septiembre del 2001.
