Llovió a cántaros el día en que Iván Duque asumió la presidencia de Colombia, el pasado 7 de agosto. El presidente Carlos Alvarado fue testigo –entre otros– del ventolero que amenazaba con llevarse los paraguas, incluyendo el que sostenía, con dos manos, un agente detrás de Duque.
No será, en todo caso, el único que tendrá que enfrentar el nuevo mandatario en los cuatro años de su gobierno.
Larga sombra
Por primera vez en varias décadas un presidente asume su cargo en Colombia sin que el conflicto político armado sea el centro del escenario. Por el contrario, como lo señalan todos los observadores de la situación colombiana, y como el mismo presidente lo señaló en su discurso inaugural, uno de sus principales desafíos es encauzar el complejo acuerdo de paz que su antecesor firmó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Instaladas hoy en el parlamento, las FARC siguen siendo un actor político en el país, aunque el peso de la oposición lo lleva hoy Gustavo Petro, senador por Colombia Humana y rival derrotado por Duque en la segunda ronda electoral.
“El país que recibe Duque atraviesa una transición histórica tras el desarme y desmovilización de más de diez mil combatientes. El nuevo presidente y su partido, el Centro Democrático que lidera el exmandatario Álvaro Uribe (su mentor político), se opusieron a la negociación desde sus inicios. Los miembros más radicales de la formación han llegado a afirmar que si alcanzaban el poder harían “trizas los acuerdos”, escribió la periodista Ana Marcos, en el diario El País.
“La lógica del uribismo es de “nosotros contra ellos”, diría el jurista y sociólogo colombiano, César Rodríguez Garavito, en un artículo publicado en el New York Times. Del lado contrario al uribismo, agregó, ha estado la Corte Suprema de Justicia, “cuyas sesiones fueron espiadas por el organismo de inteligencia mientras Uribe era presidente”.
La misma Corte que ha decidido investigar al expresidente por una denuncia más –de las innumerables– que lo vinculan a él y a sus allegados, incluyendo a su hermano Santiago, con la llamada “parapolítica”: grupos de paramilitares y narcotraficantes responsables de crímenes atroces.
Conocida la decisión de la Corte, Uribe primero anunció que renunciaba a su curul de senador, para luego dar marcha atrás. Fue presidente durante la práctica del ejército que consistía en convocar a las filas a muchachos de origen modesto, campesinos, a los que luego asesinaban y presentaban públicamente como guerrilleros abatidos en combate, los llamados “falsos positivos”.
Los dos generales, jefes de seguridad de Uribe durante sus presidencias (2002-2010) han sido condenados por narcotráfico. Se trata del general Mauricio Santoyo, condenado en Estados Unidos a 13 años de cárcel, y del general Flavio Buitrago, condenado a nueve años en Colombia.
Pacto por Colombia
Aupado a la presidencia por Uribe, Duque tendrá que mostrar el rumbo que quiere seguir.
En su discurso de toma de posesión volvió a referirse a la idea de un “pacto por Colombia”. ¿Qué tan viable es ese pacto?, se preguntó el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Valle, Héctor Alonso Moreno. Duque no ha sido claro aún sobre lo que propone, “solo ha hecho retórica sobre la necesidad de un pacto que nadie sabe sobre qué ejes se va a desarrollar. Hay que esperar porque no veo para dónde se puede orientar ese pacto, ni los actores políticos que intervendrían”, afirmó.
Lo cierto es que “si continúa alejándose del ala dura del uribismo, Duque corre el riesgo de perder el apoyo del Centro Democrático, el movimiento político más poderoso del país —con mayoría en el Senado y la segunda fuerza de la Cámara de Representantes—, estimó César Rodríguez.
Duque ha ejercido una oposición sistemática a la aplicación de los acuerdos de paz, a los que quiere introducir cambios profundos.
Su vicepresidenta, la conservadora Marta Lucía Ramírez, le ha reclamado al expresidente Juan Manuel Santos el haber “resucitado a un grupo que estaba derrotado”, y calificó como un “despropósito” ver a unos excomandantes de la guerrilla sentados en el Congreso, pues estima que tendrán que declarar “crímenes atroces” cuando se sometan al proceso de una jurisdicción especial creada por los acuerdos de paz.
Pero más compleja todavía será la aplicación de lo relativo a la propiedad de tierras, de las que se apropiaron grupos de paramilitares y narcotraficantes, y demás asuntos sociales de los acuerdos de paz, bloqueados por el partido de Uribe y la Corte Constitucional.
En todo caso, la propuesta de un pacto hecha por Duque contrastó con el duro discurso del presidente del Congreso, Ernesto Macías, en el mismo acto de toma de posesión del pasado 7 de agosto.
“¿Quién escribió el vergonzoso discurso de Macías? ¿Con ese discurso es que convocan a unir y no a dividir? ¿Así esperan construir y no destruir? Daño le hacen al gobierno de Duque”, escribió el senador Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado y exintegrante de la delegación del Gobierno en las negociaciones de paz realizadas en La Habana.
En el gabinete de Duque también hay diversos miembros muy cercanos a Uribe, entre ellos el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, un neoliberal que ya ejerció el cargo en la administración de Uribe.
El canciller Carlos Holmes, quien integró el gabinete en los gobiernos de César Gaviria y Ernesto Samper, y fue representante ante la Unión Europea durante el gobierno de Uribe, ya anunció el retiro de Colombia de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a la que acusa de ser un instrumento del gobierno de Venezuela. Su otra prioridad es avanzar en la consolidación de un frente de gobiernos conservadores en el hemisferio que permita cerrar el cerco contra Nicolás Maduro. Intención que el propio Duque anunció en su discurso.
Economía e informalidad
Duque ha propuesto un pacto a la oposición, un “pacto por Colombia”. Pero nadie sabe exactamente qué significa eso, como lo señaló el profesor Héctor Alonso. El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry también destacó la dificultad de lograr un acuerdo con la oposición, que hoy lidera quien fue el adversario de Duque en la segunda vuelta electoral, el senador Gustavo Petro, y los representantes de las FARC, la antigua guerrilla ahora representada en el parlamento. Para Charry, en todo caso, el tema esencial de ese pacto debería ser el económico.
Si bien es cierto que el puesto se lo disputan diversos países, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia es el país de América del Sur con mayor desigualdad, un proceso que se ha acentuado en la última década, junto con el crecimiento de la economía. Una desigualdad que se relaciona con la informalidad de la economía, como lo muestran otros estudios, sector donde se ocultan también los dineros del narcotráfico y el crimen organizado que, juntos, representan más de 30% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia.
Sobre la situación económica del país, en particular del mercado laboral, el economista y profesor de la Universidad de Medellín, Jorge Coronel, escribió en abril pasado que, si se analiza la tasa de ocupación y de desempleo, la situación ha venido mejorando desde hace una década. El desempleo, en realidad, disminuyó de forma paulatina desde 2002, para ubicarse actualmente en cerca del 9%.
Pero quien se base solo en estos datos para hacer un diagnóstico, se equivocará, afirmó Coronel. Su análisis destaca que ese crecimiento se debe a un aumento del empleo particular y del trabajo por cuenta propia, que representaron, el año pasado, 39% y 43% del total de ocupados en el país. Por sectores, crecieron los ocupados en comercio y actividades inmobiliarias, “lo que indica que el mercado laboral está muy expuesto al fenómeno del cuentapropismo”, pues estos son sectores “muy expuestos a la informalidad”.
Coronel critica el programa económico de Duque, pues estima que no reconoce de una manera clara estos problemas.
“En las propuestas no habla de los empleos temporales, de la precariedad laboral derivada de allí, ni plantea idea alguna sobre el subempleo”, señaló.
Lo que Duque propone es crear puestos de trabajo a partir de la reducción de impuestos a las empresas, según el razonamiento conservador clásico –y pocas veces comprobado con éxito– que supone que así aumentan las inversiones y se crea empleo. Una medida que, además, acentúa los problemas fiscales.
