Este martes por tercera vez el grupo de personas recuperadoras del terreno Yuwi Senaglö, en el territorio indígena cabécar de China Kichá presentaron una solicitud de declaratoria de vulnerabilidad social de desalojo ante el Viceministerio de la Presidencia y el de Seguridad.
Ello a pesar de que en dos ocasiones anteriores que se presentó esa solicitud (13 de noviembre y 21 de diciembre) las autoridades de la administración Alvarado no hicieron nada.
Le petitoria obedece a que el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires el pasado 1 de febrero ratificó su propia resolución del 13 de octubre, en que ordenó el desalojo de las familias recuperadoras, solicitada por un sujeto de apellido Vargas, una persona no indígena que ocupaba el terreno en usurpación según denuncian los recuperadores.
Es destacable que, según un comunicado firmado por activistas y organizaciones y difundido por instancias como la Coordinadora de Lucha Sur Sur, ninguna de las dos resoluciones fueron notificadas “personalmente, ni conforme a la ley a la totalidad de las y los demandados”.
Por ello, “ante evidentes vicios en el cumplimiento del acto de notificación” el lunes las personas demandadas interpusieron un incidente de nulidad del acto de notificación, lo cual tampoco ha sido respondido. “Esta causa -se lee en el comunicado- es conocida por el Juez Jean Carlo Céspedes Mora quien mantiene relaciones de parentesco con personas no indígenas que ocupan territorios indígenas”.
Integridad territorial
El caso se origina el 28 de setiembre del año pasado, cuando el grupo de personas recuperadoras tomó control de la localidad de Yuwi Senaglö, en el territorio indígena cabécar de China Kichá, en la zona Sur.
De acuerdo con el comunicado, hasta ese momento el terreno era ocupado por un sujeto de apellidos Vargas Mata, quien no es indígena y quien ese mismo día reingresó a la casa que se ubica en el terreno, a pesar de que se encontraba “rodeada y custodiada completamente por la Fuerza Pública”.
Vargas Mata se mantiene en el inmueble hasta la fecha, sin que haya “una explicación satisfactoria y verosímil por parte del Ministerio de Seguridad sobre la forma en que Vargas logró ingresar a la edificación”.
En octubre y noviembre se dieron agresiones a las personas recuperadoras por parte de desconocidos.
Ahora, tras la ratificación de la orden de desalojo y “ante las graves consecuencias” que traería su ejecución, las personas recuperadoras acompañados por la Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá, presentaron este martes 16 de febrero la mencionada solicitud de declaratoria de vulnerabilidad social ante el Viceministerio de la Presidencia y el Ministerio de Seguridad.
Esa petitoria se fundamenta en el Decreto Ejecutivo No.39227-MP-MSP-JP-MIVAH-MDIHS, que creó la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID) y el Procedimiento Especial para la atención de desalojos considerados de vulnerabilidad social.
Junto a las familias recuperadoras, varias organizaciones también firman el comunicado, como el Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa del territorio bribri Salitre, el Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc, Comité de lucha por la tierra de finca Chánguina, Cootraosa, Voces Nuestras o Disö, así como varias personas del sector académico de la UCR y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Todas ellas denuncian “las irregularidades presentadas” en el trámite de este caso en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, al tiempo que solicitan a las autoridades del Poder Judicial que “se investigue una vez más el actuar del Juzgador Jean Carlos Céspedes Mora, encargado de dicho expediente y por fin se establezcan las responsabilidades administrativas y penales del caso”.
Al mismo tiempo, exigen al Poder Ejecutivo que emita la mencionada declaratoria de vulnerabilidad social de desalojo Yuwi Senaglö en un plazo que vence mañana viernes, “ya que han contado con 3 meses para el análisis y resolución de la solicitud”.
Finalmente, también exigen que se garantice la integridad territorial del pueblo cabécar de China Kichá y que “sin más dilaciones realice los desalojos administrativos de personas no indígenas que ocupan ilegalmente este Territorio”.
