Un tribunal “condenó a seis compañeros, liberó a dos y definió que el 21 de febrero será la individualización de la pena” del denominado caso Guapinol, dijo a la AFP el ambientalista, Juan López, compañero de los encarcelados.
Los condenados son Porfirio Sorto, Daniel Márquez, Kelvin Romero, José Abelino Cedillo, Orbin Hernández y Ewer Cedillo, mientras fueron liberados Arnold Alemán y Jeremías Martínez, integrantes del denominado Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Los delitos de “daños y privación de libertad” por los que se les acusa se castigan con prisión de hasta 14 años, dijo a Radio Progreso su abogado, Efraín Ramírez.
Ramírez evalúa invocar una amnistía aprobada por el nuevo Congreso para “presos políticos” y “personas que han realizado actos en defensa de la soberanía nacional, la democracia (y) de sus territorios”.
Durante su toma de mando el 27 de enero, la nueva presidenta izquierdista, Xiomara Castro, prometió liberarlos.
Los ambientalistas rechazan la presencia de Los Pinares en los alrededores de su comunidad, Guapinol. La empresa explota a cielo abierto mineral de óxido de hierro que, según ellos, daña la reserva forestal Botaderos, cerca de Tocoa, 220 km al noreste de Tegucigalpa.
Una portavoz de la compañía aseguró a la AFP que Los Pinares “es una empresa responsable social y ambientalmente”. En julio del año pasado la firma informó que comenzó la explotación del mineral, pero que está en marcha la construcción de su planta procesadora.
El problema empezó en 2018, cuando el comité montó un campamento que obstaculizó el trabajo de la minera. En un enfrentamiento contra custodios de la empresa, un ambientalista resultó herido de bala, tras lo que los manifestantes retuvieron al jefe de seguridad de la compañía, Santos Corea, y un vehículo fue incendiado.
López y otros 31 manifestantes fueron acusados por la Fiscalía. Ocho quedaron presos “sin base legal”, según un informe del Grupo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias.
Los ambientalistas protestaban porque la minera, según ellos, daña la reserva forestal y contamina los ríos Guapinol y San Pedro, que bajan de la montaña y abastecen a unos 16.000 habitantes.
