Al menos cinco muertos dejó este jueves una jornada de manifestaciones en Nicaragua para exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega, sin que cese la violencia que deja más de 260 muertos en casi tres meses de protestas contra el gobierno.
Cuatro policías y un manifestante murieron en el municipio Morrito, en el departamento Río San Juan (sureste), en una “confrontación” durante una marcha, según un informe preliminar del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). La Policía aún no emitió su versión de los hechos.
En Managua, la marcha transcurrió sin incidentes. Miles ondearon banderas de Nicaragua (azul y blanco) en un recorrido de 7 km por estratégicas vías del sureste de la capital, correando consignas como “¡Que se vaya!”.
Carolina Aguilar, de 52 años, dijo estar “harta de un gobierno que mata impunemente”. “No podemos vivir con un asesino, con un alacrán que día a día nos está matando. Daría mi sangre con tal de que esto acabe. Si es lo que quiere: ¡máteme! pero ya deje libre al pueblo”, declaró a AFP.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a grupos de la sociedad civil, aumentó con esta marcha su presión, que incluye un paro el viernes -el segundo durante la crisis- y una caravana de vehículos el sábado por los combativos barrios orientales de Managua.
Las protestas estallaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de pensiones, pero tras la represión se extendieron a la exigencia de salida del poder de Ortega, que gobierna desde 2007 por tercer periodo consecutivo y a quien acusan de crear una dictadura junto con su esposa Rosario Murillo.
“Sabemos (..) que los propósitos terroristas de un pequeño grupo de nicaragüenses obstinados en el odio (…) no prosperarían, no prosperaron y no prosperarán”, dijo este jueves Murillo, también vicepresidenta.
Ante el agravamiento de la violencia, la OEA citó a sesión el viernes sobre Nicaragua, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara el miércoles un informe en el que advirtió sobre la “profundización de la grave crisis de derechos humanos”.
Legisladores de Estados Unidos, de un subcomité de asuntos para el hemisferio occidental, aprobaron una resolución bipartidista que “condena la violencia del régimen” y pide más sanciones de Washington, tras las aplicadas a tres altos allegados de Ortega y a funcionarios de la Policía.
– “¡Vamos a botar a Ortega!” –
Para contrarrestar la estrategia opositora, el gobierno hará el viernes, día del paro, el llamado “repliegue”, una caravana que anualmente encabeza Ortega por estas fechas hasta Masaya -30 km al sur de Managua- para recordar una gesta de la Revolución Sandinista de 1979.
“Al repliegue con Daniel, caminantes de la paz, del futuro, del amor (..) porque vamos ganando la paz, la marcha hacia la victoria no se detiene”, manifestó Murillo a medios oficialistas.
Ante ello, está en alerta al aguerrido barrio indígena de Monimbó, en el sur de Masaya, donde sus pobladores se mantienen atrincherados tras barreras de adoquines.
“Nunca van a entrar, a menos que nos maten a todos”, dijo a la AFP en una trinchera un hombre con el rostro cubierto.
Ortega, exguerrillero sandinista de 72 años, peleó en la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza, y muchos opositores hacen un paralelismo.
“Estamos demostrando al régimen que no tenemos miedo. Nos tocó botar a Somoza y vamos a botar a Ortega. Hay que sacarlo porque ha disparado contra el pueblo que lo eligió”, expresó a la AFP Fernando Callejas, médico de 67 años, vestido de blanco y azul en la marcha.
– Diálogo: la vía –
A fin de hallar una salida a la crisis, la Iglesia católica propuso adelantar los comicios de 2021 a 2019 en el diálogo que media entre el gobierno y la Alianza. Pero el sábado, el mandatario lo descartó.
Tras la negativa de Ortega y una violenta incursión policial y paramilitar el domingo en Diriamba y Jinotepe (suroeste), que dejó una veintena de muertos, la Iglesia puso en duda la continuidad del diálogo.
Pero el martes decidió seguir como mediadora, incluso luego de una agresión que sufrió el lunes un comitiva de obispos, con la irrupción de paramilitares y seguidores de Ortega en la Basílica de Diriamba.
El Vaticano anunció que no presentará una protesta formal al gobierno tras la agresión sufrida por su nuncio apostólico, Stanislaw Waldemar Sommertag, quien encabezaba la misión con el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes.
La Iglesia anunció que convocará pronto a una plenaria del diálogo, al considerar que es la única vía para resolver la grave crisis que ha provocado también una abrupta caída de la economía de este empobrecido país centroamericano.
– Reunión urgente de la OEA –
La sesión del Consejo Permanente en la sede de la OEA en Washington fue convocada a petición de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos y Perú “con el objeto de considerar la evolución de la situación en la República de Nicaragua”, indicó la Organización en su página web.
El Consejo Permanente, que reúne a los embajadores de los 34 países miembros activos en la OEA, está presidido actualmente por Costa Rica.
La situación en Nicaragua fue debatida durante la sesión ordinaria del Consejo el miércoles, cuando el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, pidió a la OEA exigir al gobierno de Daniel Ortega el “fin inmediato a la represión y las detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos”.
Abrao señaló el agravamiento de la violencia en el país centroamericano reportado por el mecanismo especial de seguimiento (MESENI), instaurado por la CIDH -un ente autónomo de la OEA- en Managua a fines de junio.
“El MESENI observó con preocupación una profundización y diversificación de las formas de represión contra la población manifestante y opositora, así como contra quienes se encuentran en los tranques y/o barricadas en forma de protesta y contra quienes colaboran de cualquier forma con ésta, incluyendo familiares y vecinos”, dijo.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, presente en la sesión, rechazó categóricamente el informe de la CIDH, tildándolo de “apresurado, prejuiciado y carente de objetividad”.
Venezuela coincidió con Nicaragua, denunciando las “atrocidades” cometidas en el país por “minorías violentas” y llamando a la comunidad internacional a “defender al gobierno legítimo” de Ortega.
Pero varios países, entre ellos Estados Unidos, México, Colombia y Chile, expresaron su “enérgica” condena a la violencia, urgiendo a ponerle fin.
Las protestas en Nicaragua se iniciaron el 18 de abril contra una reforma del seguro social, pero derivaron en la exigencia de la partida de Ortega, que dirige el país desde el 2007 tras sucesivas reelecciones, amañadas según la oposición.
