La oposición nicaragüense acusó este lunes al gobierno de Daniel Ortega de enviar fuerzas policiales a la isla sureña de Ometepe para reprimir una protesta contra la detención de disidentes, en incidentes que dejaron al menos tres oficiales heridos.
El gobierno “desplazó a centenares de antimotines (a la isla) para impedir cualquier protesta o movilización, reprimiendo a la ciudadanía con armas de fuego”, denunció la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) en un comunicado.
Los incidentes iniciaron la noche del domingo en la comunidad Esquipulas de Ometepe, la isla mayor del lago Cocibolca, cuando “los pobladores se congregaron” en la calle para exigir la liberación de cinco opositores que habían sido detenidos ese día por la policía, precisó la UNAB.
La policía atribuyó los disturbios a personas que en estado de ebriedad lanzaron piedras contra varias viviendas, por lo que una patrulla policial acudió a restablecer el orden, que fue blanco de pedreas.
En el operativo, la policía dijo que arrestó a tres personas.
Posteriormente, según la policía, los agentes fueron interceptados por un grupo de personas, con los cuales tuvieron un enfrentamiento que dejó cinco civiles detenidos y tres oficiales heridos.
Sin embargo, la alianza opositora señaló que la isla se encuentra “bajo ataque”, que dos personas resultaron heridas, sin precisar si son civiles o policías, y que al menos nueve opositores fueron detenidos.
La policía también cerró la entrada y salida de personas a la isla, dijo la UNAB.
La oposición sostiene que los choques en la isla son parte de una nueva ola represiva desatada por el gobierno de Daniel Ortega al cumplirse el 18 de abril el segundo aniversario del estallido de protestas antigubernamentales, que dejaron al menos 328 muertos y 100.000 exiliados, según grupos humanitarios.
Entre los hechos se destaca el asesinato el pasado sábado del opositor Félix Lacayo en una comunidad del sur del país, según la UNAB.
En todo el país se registraron además 39 detenciones de opositores, 132 asedios a viviendas o negocios de disidentes, 10 allanamientos extrajudiciales a viviendas de opositores y 10 amenazas directas, señaló la UNAB.
