Como si hubiesen perdido el rumbo, cinco pequeños países centroamericanos buscan su camino. El 14 de enero asume un nuevo presidente en Guatemala; en junio pasado asumió el de El Salvador. Otros tres –Honduras, Nicaragua y Costa Rica– frentan su propio desafío sin que, en ninguno, la confianza en el futuro o el entusiasmo por alcanzar un horizonte prometedor aparezcan en las encuestas que dibujan las esperanzas de los centroamericanos para el año que comienza.
Expectativas modestas
El primer cambio será en Guatemala. La próxima semana Jimmy Morales entregará el gobierno a su sucesor, Alejandro Giammattei. No podrían ser más modestas las expectativas que despierta el cambio de gobierno.
La exfiscal general Thelma Aldana, reconocida por sus esfuerzos para poner fin a la corrupción, llamó “Pacto de corruptos” a la coalición que gobernó el país con Morales. No se esperan grandes cambios con Giammattei.
Aldana fue impedida de candidatearse en las pasadas elecciones por la Corte de Constitucionalidad y alejada de la fiscalía como parte del mismo proceso que puso fin a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano internacional que Morales expulsó del país.
Para los analistas Marcelo Colussi y Mario de León “la estructura básica del país, después de más de 30 años de democracia formal y de 23 años de terminado el conflicto armado interno, no ha cambiado”.
Morales, que había llegado al poder hace cuatro años presentándose como enemigo de la corrupción, “deja el país en un estado desolador”, de acuerdo con un análisis de la DW alemana publicado en agosto pasado.
“Los salarios de la población trabajadora siguen siendo de hambre (apenas cubren un tercio de la canasta básica)”, y el Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la principal organización empresarial del país, “busca reducirlos aún más oponiéndose sistemáticamente a cada iniciativa de aumentos salariales”, recordaron Colussi y de León.
Giammattei, que fue director del Sistema Penitenciario guatemalteco entre 2005 y 2007, ganó las elecciones y prometió mano dura contra la delincuencia. Ya la había ejercido cuando en 2006 un operativo policial para retomar el control de la granja penal Pavón sirvió para ocultar el asesinato de siete personas en una operación de “limpieza social”. Giammattei fue acusado y encarcelado durante diez meses, pero luego fue absuelto por este crimen que, sin embargo, le rindió frutos políticos.
Como candidato, en 2007 quedó en tercer lugar. En 2011 volvió a presentarse y obtuvo poco más de 1% de los votos. Lo volvió a hacer en 2015 y no pasó de 6,5%.
La del 2019 fue su cuarta participación en elecciones presidenciales. Quedó segundo en la primera vuelta, el 16 de junio, con 608.083 votos, lo cual representó un 12%. Pasó al segundo turno contra Sandra Torres, cuando logró 1.907.696 votos válidos, casi 58% del total, contra 1.384.005 de Torres (42%).
Pero la característica principal de la elección fue el porcentaje de abstención de 61,4%, el más alto desde 1999, de modo que Giammattei fue elegido por apenas 18% del padrón electoral.
Con el empresario y economista Pedro Brolo nombrado al frente de la cancillería, la política exterior del nuevo gobierno estará perfectamente alineada con la de Washington.
En octubre pasado Giammattei intentó ingresar a Venezuela con su pasaporte italiano, acompañado de Brolo, para entrevistarse con Juan Guaidó, el “presidente” reconocido por Estados Unidos y diversas otras naciones. El gobierno de Venezuela, sin embargo, no le permitió ingresar al país.
El gobierno saliente firmó con Estados Unidos un acuerdo en el que Guatemala se ofrece como “tercer país seguro”, mediante el cual se dispone a recibir a los inmigrantes (sobretodo centroamericanos) que busquen refugio en Estados Unidos, mientras esperan una resolución sobre sus solicitudes.
“Dada la precariedad de la vida en Guatemala (60% de población en pobreza, desocupación, falta de servicios públicos básicos), aumentar el número de desesperados a la espera de ser resuelto su pedido de asilo puede traer penosas consecuencias”, advirtieron Colussi y de León.
Gobernando por Twitter
El cambio de gobierno ocurrió hace siete meses en El Salvador. Nayib Bukele asumió en junio y adhirió pronto a la moda de gobernar por Twitter, la misma de su colega norteamericano Donald Trump.
“Den la bienvenida a la nueva estrella de la política virtual, Nayib Bukele, el millennial que oficia de presidente de El Salvador dentro y fuera de Twitter”, dijo el periodista Diego Fonseca en un artículo sobre Bukele publicado en diciembre pasado en el New York Times.
Elegido por un partido “instrumental”, ajeno a las organizaciones políticas tradicionales, la orientación del gobierno de Bukele despertaba expectativas.
Tras seis meses de gestión, la expectativa se fue aclarando. Para Nery Chávez, una costarricense que integra el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), Bukele comenzó a mostrar “su verdadera corriente político-ideológica”. Chávez cita un “ejercicio autoritario del poder centrado en la figura de la Presidencia”, a lo que se suma “la cercanía de Bukele con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y con los Estados Unidos”.
La conservadora ANEP, que ejerció la oposición durante los gobiernos del Frente Farabundo Martí, ha cambiado su posición ante el nuevo gobierno.
Durante el Encuentro Nacional de la Empresa Privada, celebrado en noviembre pasado, su presidente, Luis Cardenal, hizo un repaso de la situación centroamericana. En contraste con su visión del resto de Centroamérica, presentó un panorama optimista de El Salvador, donde los resultados electorales fueron respetados, lo cual hizo que –en su opinión– el país sea considerado, en el ámbito internacional, como un lugar de oportunidades.
Las relaciones con Trump
Las caravanas de miles de centroamericanos caminando desde octubre del 2018 rumbo a la frontera de los Estados Unidos en busca de alguna oportunidad de trabajo resumen bien la situación regional: salen de países no solo empobrecidos sino donde no hay alternativas, en busca del único lugar donde eventualmente podrían encontrar alguna.
Desde la administración Clinton, pasando por la de Obama y ahora con la de Trump, esa migración se transformó en el punto más sensible de la relación de Centroamérica con los Estados Unidos.
Fue en la administración Obama cuando las deportaciones crecieron exponencialmente. Trump ha retomado el tema. En un discurso político ante sus bases el pasado 18 de diciembre, en Battle Creek, Michigan, afirmó que había logrado un acuerdo sobre este tema con cada país centroamericano. Se trata, en realidad, de los tres países del llamado “Triángulo del Norte” –Guatemala, Honduras y El Salvador– de donde es originaria la casi totalidad de esos migrantes.
Ya el 17 de octubre pasado el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, había confirmado que Estados Unidos bloquearía la ayuda a los países del Triángulo Norte para obligarlos a frenar las caravanas de migrantes y las solicitudes de asilo en Estados Unidos.
“Logramos acuerdos con cada uno de ellos”, dijo Trump. “Les estábamos dando todo este dinero y ellos decían ‘no los vamos a dejar aterrizar, no los vamos a recibir de regreso’. Dejamos de darles toda la ayuda”. Yo dije: –Está bien. Les estábamos dando $500 millones. Ahora vamos a darles $5. “De repente dijeron, nos encantaría tenerlos de regreso, es maravilloso tenerlos de vuelta”.
De cabeza gacha
“Trump se burla del Triángulo Norte y Bukele, Morales y Hernández callan”, tituló el diario salvadoreño El Faro una nota publicada el pasado 23 de diciembre sobre el discurso de Trump en Michigan, refiriéndose a los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras.
El periodista recuerda una reunión del presidente norteamericano con su colega hondureño, el 17 de diciembre, en la Casa Blanca. “Teníamos personas muy peligrosas en nuestro país que venían de Guatemala o de otros países con los que ahora tenemos acuerdos. Antes no los recibían y ahora tienen que recibirlos y los reciben con los brazos abiertos”, dijo Trump, sentado a la par de Morales.
“Morales sonrió y no hizo ni una protesta. Dijo esto: ‘es un verdadero honor estar en Estados Unidos con nuestro principal socio y aliado”, citado por el periodista de El Faro.
El gobierno de Morales, del tradicional y muy conservador Partido Nacional, es producto del golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya hace una década. Desde entonces los nacionales han gobernado, siendo que el segundo período del actual mandatario se logró reinterpretando la Constitución, que prohibía la reelección. Un procedimiento que ya había promovido en Costa Rica el expresidente Óscar Arias y que luego se ha ido extendiendo por otros países.
Bajo su administración, la violencia alcanzó niveles extraordinarios. En 2013 alcanzó 90 muertes por cada cien mil habitantes, resultado de las disputas territoriales del narcotráfico, cifra que multiplica por nueve la máxima considerada aceptable por organismos internacionales. Una cifra que se ha reducido a la mitad el año pasado.
El Faro, que es un medio crítico de la administración salvadoreña del presidente Bukele, pidió a su secretario de Prensa, Ernesto Sanabria, una reacción a las palabras de Trump que criminalizan la migración centroamericana a los Estados Unidos, sin obtener respuesta.
“Desde que fue electo presidente –agregaron–, Bukele ha omitido criticar la gestión de Trump y su trato hacia los salvadoreños. En setiembre, el mandatario salvadoreño se reunió con Trump y dijo que era ‘muy amable y cool’ (very nice and cool).
¿Y Nicaragua?
En Nicaragua el gobierno no consigue gobernar y la oposición no consigue derrocarlo.
El gobierno retomó el control de las calles luego de las protestas iniciadas en abril del año pasado a costa de una verdadera masacre, que dejó alrededor de 300 muertos (una cifra que no ha podido ser precisada), además de centenares de heridos y detenidos y del cierre de medios de comunicación, sobre todo los digitales, que exhibían en directo la brutalidad de la represión.
Pero la economía sigue “atrapada en la recesión”, luego de contraerse 5,4% el año pasado, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). La previsión de Funides es de una caída de 1,1% este año.
La oposición, por su parte, debate una estrategia para hacer frente al gobierno, sin lograr aún definirla. Por ahora, todo parece encarrilado a definirse en las elecciones de noviembre del 2021. Si fuera así, el desafío para la oposición será conformar una alternativa política viable y lograr garantizar los mecanismos para una elección confiable.
Originado en un proceso que despertó enormes simpatías en todo el mundo, cuando la revolución sandinista derrocó en julio de 1979 el régimen que los norteamericanos habían impuesto a Nicaragua y entregado a los Somoza en los años 30, el sandinismo se desintegró en diversos pedazos luego de perder las elecciones en 1990.
Encabezado hoy por el presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, se alió a sus viejos adversarios, como el ya fallecido cardenal Miguel Obando, y a representantes de sectores políticos de la derecha, corruptos y desprestigiados, como el expresidente Arnoldo Alemán. Además, la familia presidencial se transformó en una de las mayores fortunas del país.
La oposición, por ahora, renueva sus esfuerzos por unificarse y definir su estrategia, sin dejar de tocar las puertas más conservadoras de la administración norteamericana en busca de apoyo y de conmemorar la promulgación del Nica Act, legislación aprobada por la administración Trump para sancionar al régimen sandinista de Ortega.
El Parlamento Europeo aprobó también, en diciembre pasado, por una inmensa mayoría, con 560 votos a favor, una nueva resolución exigiendo al gobierno el cese de la represión y el retorno al diálogo con la oposición.
La presión internacional –dijo Mónica López Baltodano, una representante de grupos jóvenes que han encabezado las protestas contra Ortega, hija de dirigentes históricos del sandinismo– “debe proveer algunos mecanismos de presión económica para empujar al Ejército a reconsiderar su posición”. Una institución cuyo papel clave ha quedado en evidencia en los casos de Venezuela, de Bolivia e, incluso, de Brasil.
