Ciudad de Panamá I Agencias y Redacción Universidad.
La Cancillería de El Salvador solicitó la apertura de un corredor humanitario en Panamá que permita a los transportistas salvadoreños, atrapados desde hace 30 días en la vía Panamericana, para que puedan regresar a su país.
El presidente de El Salvador Nayib Bukele pidió la intervención de las autoridades panameñas y líderes de los bloqueos para hacer posible el retorno de sus ciudadanos mediante un corredor humanitario.
Desde hace varias semanas Panamá enfrenta una serie de protestas en contra de la operación minera que han detonado en cierres de carreteras afectando el flujo de transporte internacional de mercadería y el comercio regional.
La Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano informó que varios transportistas centroamericanos se encuentran retenidos a lo largo de la carretera Panamericana en condiciones insalubres, aunque la embajada salvadoreña confirmó que por más de 30 días se han atendido las necesidades de alimentación y de salud de los transportistas, en estricto sentido humanitario.
De acuerdo con información compartida por la cancillería salvadoreña, hasta el momento ha sido imposible concretar una solución para los conductores que continúan varados en territorio canalero.
Desde el pasado 20 de octubre en Panamá se viven bloqueos de vías y manifestaciones en contra de la Ley No. 406, que establece el contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño.
Tras la solicitud realizada por el gobierno salvadoreño, el dirigente indígena Toribio García, aseguró que están dispuestos a negociar para alcanzar un pronto acuerdo.
“Nuestra lucha no es contra los camioneros de Centroamérica, es contra el gobierno opresor de Panamá que ha querido vender nuestra patria a la empresa extranjera para que destruya nuestra tierra”, afirmó García.
El dirigente indígena añadió que tienen la buena voluntad de acoger esta petición. Sin embargo, para la apertura total de la carretera, se deben poner de acuerdo con otros grupos que aún mantienen bloqueos en algunas zonas de la provincia.
Panamá lleva más de un mes de cierres de calles y carreteras, que han afectado principalmente a las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, dejándolas sin abastecimiento de gas propano, gasolina y medicamentos.
Los panameños exigen al gobierno la terminación del contrato-ley que permite a Minera Panamá extraer y vender cobre y otros minerales por dos décadas, con opción a una prórroga de 20 años más.
Diversas agrupaciones de la sociedad civil han advertido que el daño ambiental es incalculable, ya que una importante área del Corredor Biológico Mesoamericano ha sido arrasada por esta actividad minera a cielo abierto.
