Los primeros diez días de gobierno del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, se han convertido en un verdadero apocalipsis de fuego para casi todo el planeta que observa incrédulo, asombrado y con temor las primeras acciones de su gobierno.
Con una velocidad y agresividad asombrosas Trump designó en su gabinete a personajes controvertidos, firmó decretos ejecutivos afectando a diferentes colectivos, impulsó iniciativas domésticas irritantes para amplios sectores de su población, canceló la participación de su país en importantes tratados internacionales, amenazó a multinacionales y gobiernos vecinos y realizó declaraciones públicas tan explosivas que provocaron oleadas de terror y rechazo mundial.
Asia, Europa, Oriente próximo, América latina y hasta sus vecinos más cercanos como México y Canadá. Nadie ha quedado a salvo de su verbo incendiario y sus acciones polémicas.
Políticamente hablando Trump se comporta como una perfecta máquina de irritar y quienes apostaban a que iba a moderar su discurso una vez instalado en la sala oval han perdido sus apuestas.
A contrapelo de los populistas ideológicos del siglo XX, Trump ha provocado irritación entre los poderosos más poderosos del mundo, como el presidente de China Xi Jinpin, la canciller de Alemania, Ángela Merkel, el presidente de Francia, François Hollande, el presidente de la gigantesca corporación china Alibaba, Jack Ma, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y el directivo de la automotriz BMW, Peter Schwarzenbauer, entre decenas de otros políticos y empresarios de distintas regiones del mundo.
En la sala de su propia casa Trump cosechó ya la crítica de próceres corporativos estadounidenses como los CEOs de emblemáticas compañías como Starbucks, Netflix, Apple, Ebay, Nike, Facebook y Lockheed Martin.
Y el rechazo de un grupo de cien alcaldes estadounidenses que hicieron público su compromiso de mantenerse como “ciudades inclusivas” ante la amenaza de que se les retiren fondos federales a aquellas metrópolis calificadas por ahora el presidente como “ciudades santuario” por la cantidad de inmigrantes que viven en ellas.
Este grupo incluye a los alcaldes de las grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Miami.
El alcalde Nueva York Bill de Blasio, reaccionó asegurando que acudirá “inmediatamente” a la Justicia si la Administración Trump hace efectiva la orden ejecutiva para cortar fondos federales a las “ciudades santuario”.
“Esta orden no cambia lo que somos, una ciudad de inmigrantes”, señaló el alcalde de la mayor ciudad de Estados Unidos y advirtió que la orden ejecutiva que impulsa Trump pone en riesgo las relaciones entre la Policía y las comunidades.
También en su propio territorio la comunidad científica reaccionó a la orden ejecutiva que restringe el ingreso a Estados Unidos de siete países: Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán. Siria y Yemen.
En un artículo publicado por la prestigiosa revista científica Nature, veinte científicos que participan en investigaciones describieron tener sentimientos de miedo, shock y determinación.
Además 12.000 investigadores –entre los que están incluidos 40 ganadores del Premio Nobel y 6 de las Medallas Fields- firmaron una petición denunciando su rechazo a las actuaciones de Trump.
Por su parte la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y la Asociación de Universidades de Estados Unidos instó a la administración Trump a que revierta la prohibición que afecta a profesores, estudiantes de doctorado y post doctorado, empleados e investigadores nativos de los siete países afectados por la orden ejecutiva.
La ola de indignación cambió incluso el protocolo de comportamiento de los expresidentes quienes usualmente al dejar la administración evitan comentar las acciones y políticas de sus sucesores inmediatos.
Ese fue el caso de la reacción del expresidente Barack Obama quien mostró una enorme preocupación por el veto migratorio emitido por su sucesor y ofreció fuertes declaraciones en las que señaló que con esta política “los valores estadounidenses están en peligro”.
México lindo y querido
La primera decisión de Trump que provocó un exabrupto internacional, fue la orden ejecutiva para iniciar la construcción de un muro fronterizo con México y el anuncio -días antes de una reunión programada con el presidente de México Enrique Peña Nieto- de que ese país pagaría los gastos de esa obra.
El anuncio y la forma estridente en que el presidente estadounidense aseguró que los mexicanos pagarían la megaconstrucción de los 1.100 kilómetros de concreto y acero que intenta colocar como freno a la llegada de quienes atraviesan la frontera diariamente, provocó un enorme malestar ciudadano en México.
Como reacción el presidente Peña Nieto tuvo que salir al corte y dar un discurso negando cualquier posibilidad de que su país contribuya económicamente a esa construcción, cancelando su viaje a Estados Unidos y llamando a sus conciudadanos a la unidad nacional.
El contenido y la forma poco diplomática en que Trump anunció la construcción del muro, la posible implementación de un impuestos a las remesas que se envían desde Estados Unidos a México –principal fuente de ingresos del país– y el anuncio de una renegociación del NAFTA, provocaron masivas muestras de solidaridad con México.
Estas muestras de solidaridad incluyeron a un rival estratégico de Estados Unidos como es China, quien a través de su embajador, Qiu Xiaoqi, se declaró como socio estratégico de la mayor importancia de México.
Crisis de la diplomacia
A este complejo frente interno se suma una profunda crisis interna de la diplomacia estadounidense que se evidenció con la renuncia conjunta de cuatro directores senior del Departamento de Estado, luego de que el presidente Trump designase a Rex Tillerson como el nuevo secretario de Estado.
Se trata de cuatro diplomáticos de carrera, encargados de la gestión del Departamento de Estado.
La renuncia de mayor rango fue la del subsecretario de Estado para gestión, Patrick Kennedy, quien llevaba nueve años en el puesto, seguido por la secretaria adjunta de Estado para asuntos consulares, Michele Bond; la secretaria adjunta de Estado para administración, Joyce Anne Barr y el director de la oficina de misiones extranjeras, el embajador Gentry O. Smith.
Las dimisiones corresponden a diplomáticos de carrera que había prestado servicio tanto bajo administraciones republicanas como demócratas, y cuyos puestos serán difíciles de reemplazar, dada su extensa experiencia y conocimiento sobre cómo funciona la maquinaria administrativa de la agencia encargada de la diplomacia.
El nuevo conductor de la diplomacia estadounidense Rex Tillerson es el director ejecutivo de Exxon Mobil Corporation, un ingeniero cuya carrera profesional fue marcada por lograr la expansión de la petrolera a Rusia.
Con ese acuerdo Tillerson cerró acuerdos para la perforación de pozos petroleros en el Ártico que con potencial de generar negocios hasta por $300 mil millones.
Probablemente ese hito profesional y sus fluidas relaciones con el empresario ruso Igor Sechin y con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, fueron los motores que impulsaron su nombramiento en la cabeza del Departamento de Estado.
Deja vu de Nixon
El último episodio controversial lo protagonizó Donald Trump el pasado lunes, cuando despidió a la Fiscal General y responsable temporal del Departamento de Justicia, Sally Yates, luego de que esta señalara que la orden de veto migratorio emitida por el presidente era ilegal e inconstitucional.
“Soy la encargada de garantizar que las posturas por las que abogamos en los juzgados cumplan con la obligación solemne de esta institución, de buscar justicia y defender lo correcto. En este momento, no estoy convencida de que la defensa de esta orden ejecutiva cumpla con esa responsabilidad ni que el decreto sea legal”, señaló Yates en una misiva que envió a los letrados del Departamento de Justicia.
Ante esta actitud Trump no dudó en despedirla y en asegurar que Yates, “ha traicionado al Departamento de Justicia al negarse a aplicar una orden designada para proteger a los ciudadanos”.
El despido de la fiscal Sally Yates es un deja vu histórico con un antecedente que no resulta muy promisorio para Trump.
En 1973, el entonces presidente Richard Nixon también ordenó la destitución del fiscal especial, Archibald Cox, porque este no accedió a obedecer una orden directa en la que le exigía abandonar la investigación de grabaciones y material confidencial sobre el caso Watergate.
El despido de Cox y la investigación del escándalo Watergate concluyeron con la renuncia de Richard Nixon a la presidencia de Estados Unidos, el 9 de agosto de 1974.
