Muertes que califican como “ejecuciones extrajudiciales”, sumadas a las acciones de “grupos parapoliciales”, son señaladas por Amnistía Internacional (AI) en el sentido de que “parecen señalar el propósito de ejercer una política represiva de naturaleza letal”.
Así lo expone esa organización en el informe “Disparar a Matar: Estrategias de la represión en de la protesta en Nicaragua”, presentado este 29 de mayo en Managua. El documento añade que “existió la intención no sólo de controlar las expresiones de protesta, sino más bien de privar intencionalmente de la vida a opositores políticos y manifestantes o a quienes fueron percibidos como tales”.
El informe es producto de una misión investigadora que visitó ese país entre el 4 y 13 de mayo. Especialistas visitaron las ciudades de Managua, León, Ciudad Sandino y Estelí. El informe resultante se basa en más de 30 entrevistas personales, además del estudio y documentación de 16 casos de violencia.
De ellos, nueve se refieren a personas fallecidas, examen de material audiovisual y análisis del contexto en el cual se dio la represión. El informa apunta que “se contó con un equipo de expertos en análisis de vídeo y fotografía, así como en armas y municiones”.
La presentación del informe se hizo luego de que, el lunes 28 de mayo, una toma de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se saldara con un estudiante y un policía muertos, de acuerdo con información de Confidencial.
Ese mismo medio conforma la agresión a periodistas de la agencia EFE y el diario La Prensa, por parte de la Policía Nacional (PN), además de la quema por parte de los manifestantes de una emisora de radio.
RÉGIMEN REPRESOR
El documento de AI puntualiza acciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como promover un discurso de “negación de la realidad”, a través de medios de comunicación, en los que ambos personajes no sólo omiten los hechos violentos de represión, sino que se trata de un discurso “estigmatizador hacia las personas que protestaban”.
Los grupos “parapolicales” afines al régimen son señalados como generadores de violencia. Además apunta que el gobierno “empleó la fuerza de manera desproporcional, excesiva, y en algunos casos, de manera innecesaria”, y que “las fuerzas policiales y cuerpos antimotines directamente atacaron a manifestantes”.
A través de análisis de las muertes acaecidas durante las protestas y en particular de datos como los orificios de entrada de los disparos, el informe asevera que “existió la intención no sólo de controlar las
expresiones de protesta, sino más bien de privar intencionalmente de la vida a opositores políticos y manifestantes o a quienes fueron percibidos como tales”.
AI también denuncia casos en los que hospitales se negaron a atender personas “lesionadas en el marco de la protesta” y que, a través del bloqueo de transmisión a varios canales que reportaron sobre los hechos, y del ataque directo a periodistas por medio de grupos parapoliciales y la propia y Policía, “el Estado trató de ocultar o minimizar las demandas ciudadanas, así como encubrir los abusos y violaciones de derechos humanos”.
