Recientemente la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) lanzó la campaña “Máxima no está sola”, con el fin de exigir al Ministerio del Interior peruano mayor protección a la integridad física y la vida de la activista campesina Máxima Acuña.
El texto de la campaña apunta que la activista campesina “sufre acoso, ataques y agresiones por defender su derecho a vivir en paz”.
Acuña desde el 2011 se ha enfrentado en una disputa territorial con la compañía minera Yanacocha, propiedad de las empresas Newmont, de Estados Unidos, y Buenaventura, del Perú, en la región de Cajamarca.
El último incidente violento perpetrado contra Acuña y su familia se dio pasado 18 de setiembre, cuando, de acuerdo con información de AI, personas pertenecientes al “personal de seguridad de la empresa” ingresaron con “escudos y armas no letales” a su terreno y destruyeron su cultivo de papas.
Marina Navarro, directora ejecutiva de AI Perú, expresó durante el acto de lanzamiento de la campaña el pasado 30 de noviembre que el caso de Acuña es “un ejemplo del acoso sistemático contra las defensoras de derechos humanos en el marco de proyectos de desarrollo en las Américas”.
Enfatizó la necesidad de que se proteja a la campesina “de cualquier tipo de acoso, amenaza, agresión o intento de desalojo forzoso”.
Durante ese acto, Acuña manifestó su agradecimiento “a las personas a nivel mundial que están a mi lado, preocupados por el riesgo que vivo”, y pidió que se le ayude “a buscar justicia para que pueda vivir en paz y tranquilidad”.
En su sitio web, Yanacocha se describe como la mina de oro más grande de Suramérica, y aduce respetar todas las regulaciones ambientales nacionales e internacionales. No hace ninguna mención del caso de Máxima Acuña.
“LA VIDA QUISIERON QUITARME”
Máxima Acuña es ganadora 2016 del Premio Ambiental Goldman, al igual que lo fue la líder ambientalista e indígena hondureña Berta Cáceres.
Según la información oficial del Premio Goldman, Acuña es una agricultora de subsitencia y desde 1994 junto a su esposo adquirieron un terreno en las montañas de la provincia de Calca.
Sus problemas iniciaron en el 2011, cuando la empresa Yanacocha buscaba un nuevo sitio para explotar los yacimientos de oro en la zona y, particularmente, se interesaron por la llamada laguna Azul, en la localidad donde vive Acuña, para establecer un nuevo proyecto denominado Conga, en una zona además considerada como un humedal de altura con importante biodiversidad.
De acuerdo con esa información, la empresa minera exigió a esta familia que dejara su terreno, cuando Acuña se negó, “fue sometida a la brutalidad de la minera. Llegaron fuerzas armadas a destruir su hogar y pertenencias, y la golpearon a ella y a una de sus hijas hasta dejarlas inconscientes”.
Desde entonces, Máxima Acuña ha tenido que soportar agresiones amenazas e incluso que una corte de la provincia la hallara culpable de “usurpación de terreno”. Con apoyo de una organización local logró revertir la sentencia, pero las tensiones se han mantenido, como lo demuestra el ataque de setiembre.
Le fue concedido el Premio Goldman porque “exitosamente defendió su derecho a vivir en paz y vivir de su propio terreno, un terreno codiciado por las empresas mineras Newmont y Buenaventura, impidiendo la entrada de la mina de oro y cobre, el Proyecto Conga, a una cuenca importante”.
Al recibirlo el pasado 20 de abril, Acuña entonó un canto en el que recordó las agresiones que se han cometido en su contra y puntualizó “por defender mis lagunas, la vida quisieron quitarme”.
Añadió que “defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando por los compañeros que murieron en (las provincias de) Celendín y en Bambamarca y por todos que estamos en lucha en Cajamarca”.
