Más de un tercio del empleo formal y un cuarto del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe se generan en sectores fuertemente golpeados por la crisis económica derivada por la enfermedad del coronavirus (COVID-19), adviritió ayer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo que dio a conocer un nuevo informe especial sobre los impactos de la pandemia.
Como consecuencia de las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación de los contagios, 2,7 millones de empresas podrían cerrar, la mayoría de ellas microempresas y 8,5 millones de empleos se podrían perder, estimó.
Menos de la quinta parte del empleo y del PIB se generan en sectores que serían afectados solo de forma moderada, agregó.
Titulado “Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación”, el documento identifica tres grupos de sectores según la magnitud de los efectos de la crisis (fuertes, significativos y moderados). Los más afectados son el comercio mayorista y minorista; las actividades comunitarias sociales y personales; hoteles y restaurantes; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y las manufacturas.
Varios de los sectores fuertemente afectados, como el comercio, los hoteles y restaurantes, cuentan con gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas, que serán las más golpeadas, se estimó.
El comercio perdería 1,4 millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo formales, mientras que el turismo perdería por lo menos 290.000 empresas y un millón de puestos de trabajo.
La Cepal ha identificado 351 acciones tomadas por los gobiernos de la región para paliar los efectos económicos de la pandemia, agrupadas en seis categorías según sus objetivos: liquidez, crédito, ayuda directa, protección del empleo, apoyo a la producción, y exportaciones.
Además, ha implementado un Observatorio COVID-19, al servicio de las necesidades de sus países miembros.
“La postergación de pagos y la mejora en el acceso al crédito han sido las acciones más frecuentes para enfrentar la emergencia generada por la crisis actual. Estas medidas suponen que las empresas generarán utilidades con las cuales devolver los créditos y los impuestos y pagos diferidos, pero las perspectivas no indican que eso sucederá por sí solo en un plazo de un par de años ya que, muy probablemente, la recuperación del sector empresarial será lenta y gradual”, afirma el documento.
Por lo anterior, enfatiza la necesidad de dar una respuesta “a gran escala” para evitar la destrucción de capacidades productivas.
Para ello propone cuatro conjuntos de medidas: Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas; cofinanciar la nómina salarial de las empresas durante seis meses para evitar la destrucción de capacidades; realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos; y apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis.
La entidad promueve la postergación o cancelación de los pagos de impuestos, cuotas de pensiones y contribuciones territoriales o el adelanto de las devoluciones de impuestos por lo menos hasta finales del 2020, así como la suspensión del pago de los servicios básicos (luz, internet y gas) sin pago de multas, hasta finales de 2020.
También sugiere la flexibilización de las condiciones de crédito aumentando los períodos de gracia a por lo menos un año y los plazos a cinco años o más, junto con reforzar las operaciones de crédito mediante la banca de desarrollo.
“La cofinanciación de la nómina salarial se daría en diferentes proporciones según el tamaño de la empresa, desde 30% a las grandes hasta 80% a las microempresas. Se estima que esta medida tendría un costo equivalente a 2,7% del PIB regional. Por su parte, las contribuciones en efectivo a 15 millones de trabajadores costarían 0,8% del PIB”, proyecta.
Además, la Comisión resalta el rol importante que juegan las grandes empresas, ya que proveen el 39% del empleo formal y más del 90% de las exportaciones.
Además del cofinanciamiento de la nómina salarial y las mejores condiciones de acceso al crédito, la Cepal sugiere la posibilidad de que el Estado participe en la recapitalización de grandes empresas de sectores estratégicos. “En este ámbito, también es relevante aumentar la eficiencia, transparencia y regulación de los mercados de capitales”, dice.
Estas propuestas se suman a las ya planteadas anteriormente por la entidad: La entrega de un ingreso básico de emergencia (BEI) equivalente al valor de una línea regional de pobreza por seis meses a toda la población de América Latina y el Caribe en situación de pobreza, y la provisión de un bono contra el hambre equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional.
Según el informe, “la crisis generará cambios al interior de las empresas y en la organización de las cadenas productivas. Las nuevas tecnologías serán clave en el modelo de funcionamiento de las empresas”.
“Las grandes empresas buscarán aumentar la resiliencia en las redes de producción, diversificando proveedores en términos de países y empresas para reducir su vulnerabilidad, privilegiando proveedores más cercanos (nearshoring) y relocalizando procesos productivos y tecnológicos estratégicos (reshoring). Asimismo, la ruptura de redes internacionales de proveedores genera oportunidades para el desarrollo de capacidades nacionales y regionales”, dice el informe.
