La decisión del Senado brasileño de destituir de su cargo a la hoy expresidenta Dilma Roussef ha generado profunda preocupación y censura de parte de diversos sectores, incluso gobiernos de la región que no han dudado en calificar todo el proceso como un golpe de estado.
La socióloga Montserrat Sagot apuntó que América Latina entra en “su nueva fase de golpes de estado revestidos de legalidad”.
A través de su cuenta de Facebook, citó en primer lugar el antecedente del golpe de estado en Honduras del 2009 y lo calificó como un experimento, “confirmado que se podía, ahora se fueron a lo grande con Brasil”.
Añadió que se trata de “el fascismo social y sus poderes de facto en su proceso de afianzamiento” y calificó el suceso como un “muy triste día para la democracia”.
El secretario general del Frente Amplio Rodolfo Ulloa, no titubeó en calificar lo sucedido en Brasil como un golpe de estado “en la modalidad que ahora llaman de golpe suave”.
En su criterio, esa modalidad se inauguró en Paraguay, con la destitución del entonces presidente Fernando Lugo en junio del 2012, y que ahora continua con la salida de Rousseff del gobierno brasileño.
Tras recordar que antes se dio otro golpe “no tan suave en Honduras”, apuntó que estos casos evidencian una “estrategia global de intentar por todos los medios derrocar a los gobiernos porgresistas de América Latina”.
Ulloa cuestionó el proceso seguido contra Rousseff, en primer lugar porque “nunca se le ha probado ningún delito de corrupción”, mientras que entre los legisladores que la han juzgado “sí tienen acusaciones por serios actos de corrupción”.
“Estamos frente a una vendetta, un golpe, una decisión estrictamente política. Este gobierno va a tener una fuerte oposición de masas, la gente se va a manifestar en las calles contra el gobierno que se ha impuesto y el Partido de los Trabajadores resurgirá y vencerá en las elecciones del 2018” auguró.
CONDENAS
Mientras Brasil se prepara para intensas protestas convocadas para esta noche, gobiernos de la región han empezado a manifestarse en contra de la salida de Rousseff.
Como era esperable, el gobierno de Venezuela manifestó mediante un comunicado que “condena categóricamente el golpe de estado parlamentario consumado en Brasil”, mediante el cual peligrosamente se ha sustituido ilegalmente la voluntad popular de 54 millones de brasileños, violentando la Constitución y alterando la democracia en ese hermoso país”.
Por esa vía anunció además el retiro del embajador en Brasil y el congelamiento de las relaciones políticas y diplomáticas.
Por su parte el gobierno de Ecuador rechazó “la flagrante subversión del orden democrático en Brasil”, la cual calificó como un “golpe de estado solapado”.
El comunicado oficial añadió que “el espurio procedimiento” mediante el cual se destituyó a Rousseff “no cumplió con el requisito fundamental de de probar que la mandataria haya cometido delitos de responsabilidad”.
Tras informar que se llamó a consulta al encargado de negocios de la Embajada del Ecuador en Brasil, el gobierno de Rafael Correa calificó los acontecimientos como un “serio riesgo” para la estabilidad regional y “un grave retroceso en la consolidación de la democracia”.
Mientras tanto, desde España el Partido Podemos -el cual lidera una coalición que constituye la tercera fuerza política en el Congreso de ese país- exhortó al gobierno de su país a “no reconocer al gobierno brasileño que se conforme de manera ilegítima como consecuencia de la destitución de la Presidenta Dilma”.
