Agrupados en el Grupo de Lima, 14 países han coordinado su campaña para desconocer el nuevo mandato de Maduro, al que pidieron no asumir el cargo el pasado 10 de enero.
A esta solicitud se sumaron los Gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, quienes expresaron su apoyo al nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó. Guaidó, de un modesto y relativamente desconocido diputado, pasó a ser, en pocas horas, figura central en el conflicto político en Venezuela, ascenso que sorprendió a la misma BBC que trataba de explicar cómo eso había ocurrido.
El Gobierno de Brasil fue el más reciente en reconocer a Guaidó no solo como presidente de la Asamblea, sino como presidente de Venezuela, además del puesto de Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) de Luis Almagro.
“El presidente Guaidó tiene nuestro respeto ganado como político venezolano, al pertenecer a una generación de jóvenes que ha mantenido su coherencia en luchas por las libertades fundamentales y la democracia en su país”, tuiteó Almagro.
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, el general Mike Pompeo, también felicitó a Guaidó, a quien llamó por teléfono después de que este asumiera la presidencia de la Asamblea y se reivindicara como presidente del país.
“La Asamblea Nacional lleva la llama de la democracia en nombre de Venezuela en estos días oscuros de la dictadura de Maduro. Aplaudimos sus esfuerzos para recuperar fondos robados para el pueblo venezolano”, escribió Pompeo.
A Guaidó lo llamaron también los presidentes de Argentina y de Chile.
Miembro de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, uno de los dirigentes opositores que promovió las protestas más violentas contra el gobierno de Maduro, Guaidó, de 35 años, diputado por el Estado de Vargas, convocó a nuevas marchas callejeras y a una gran manifestación para el miércoles 23 de febrero, para apoyar un “plan de transición” al gobierno de Maduro. Pidió también el respaldo de las fuerzas armadas para que lo ayudaran a “restituir la democracia” en el país.
Cabeza de playa
La aspiración de Guaidó está fundada en el desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, que asumió funciones la semana pasada, luego de las elecciones de mayo del año pasado, que la oposición desconoció.
La base para el movimiento de Guaidó fue la declaración del Grupo de Lima, firmada en la capital peruana el pasado 4 de enero, en la que afirman que el proceso electoral venezolano en el que se reeligió a Maduro no contó con “las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente”.
Los partidarios de Maduro rechazaron esa afirmación y difundieron el porcentaje de votos obtenidos por el mandatario, comparado con los de sus colegas de Estados Unidos, Argentina o Chile. Maduro obtuvo lo equivalente a un 31,7% del padrón, por encima del 27,3% de Trump, o el 26,8% de Macri y el 26,5% de Piñera.
En su documento El Grupo de Lima ratificó también el “pleno respaldo y reconocimiento” a la Asamblea Nacional, cuya elección califican de legítima el 6 de diciembre del 2015.
No fue esta la primera reunión del Grupo de Lima, pero fue la primera a la que asistieron los cancilleres de los nuevos Gobiernos de brasil y México, el único que no firmó la declaración.
El cambio de Gobierno en Brasil consolidó un bloque conservador con Argentina y Chile, al que se suman, de sudamérica, los Gobiernos de Perú, Colombia y Paraguay. Este último, encabezado por el hijo del una vez secretario del dictador Alfredo Stroessner, decidió romper relaciones con Venezuela.
Por Centroamérica integran el grupo Guatemala, Honduras y Costa Rica, al que se suman también Canadá, Panamá, Guyana y la isla de Santa Lucía. Estados Unidos, que lo apoya, prefiere no participar.
La resolución del Grupo de Lima afirma que “la solución a la crisis política de Venezuela corresponde a los venezolanos”, con lo que quedaría descartada una intervención militar extranjera, pero no así una intervención política que busca aislar el Gobierno de Venezuela. Para eso anunciaron que continuarán impulsando iniciativas en la OEA donde, la semana pasada, se reunió el Consejo Permanente para tratar la situación de Venezuela.
Esa reunión, celebrada el jueves 10, aprobó por 19 votos a seis una declaración proclamando ilegítimo el gobierno venezolano. De este modo se pretende crear una “cabeza de playa” en la cual instalar un gobierno que pueda ser reconocido por países del Grupo de Lima. Una situación novedosa que no deja de recordar el intento realizado en abril de 1961 en Cuba para instalar un gobierno provisional en una cabeza de playa, al que Estados Unidos reconocería y apoyaría, sumando fuerzas militares para derrocar a Fidel Castro.
El reconocimiento de un gobierno encabezado por Guaidó permitiría a los países del Grupo de Lima y sus aliados responder a sus demandas y expondría las extensas fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil a presiones militares de dos regímenes cuya beligerancia contra Caracas ha sido expresada reiteradamente.
Pompeo visitó los dos países este mes, donde el tema Venezuela ocupó papel destacado en la agenda. Después de asistir a la toma de posesión de Bolsonaro en Brasil, visitó a Duque en Colombia, al que elogió por su compromiso con el “restablecimiento de la democracia en Venezuela”.
Cerco
La posibilidad de que la crisis venezolana sea resuelta por los venezolanos, como lo propone el Grupo de Lima, se ve afectada por las reiteradas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela.
Un análisis de esas sanciones y sus efectos ha sido publicado en el libro titulado Radiografía de un país bajo asedio, publicado por el gobierno venezolano y que puede ser visto aquí: http://misionverdad.com/La-guerra-en-venezuela/radiografia-de-un-pais-bajo-asedio-el-libro
Una nueva serie de sanciones contra funcionarios del Gobierno venezolano y 23 empresas del país fueron aprobadas por Washington la semana pasada.
Según el Departamento del Tesoro los sancionados son parte de un “esquema de corrupción” que habría desviado miles de millones de dólares de dineros públicos.
La nueva ofensiva opositora en Venezuela tiene como base la catastrófica situación económica del país, caracterizada por el desabastecimiento, una inflación desbocada y denuncias de corrupción.
Economistas y académicos que una vez estuvieron cercanos al régimen han sumado sus voces a las críticas hacia las políticas económicas del gobierno. Uno de ellos, Edgardo Lander, afirma que “entre los años 2014 y 2016 se produce una sostenida baja del producto interno bruto, se acelera la inflación hasta pasar a ser la más elevada del planeta. La escasez de productos básicos, la mengua del salario, una creciente inseguridad, así como el deterioro de los servicios públicos, conducen a un acelerado retroceso en la mejoría de las condiciones de vida de la población lograda en los lustros anteriores. Los masivos niveles de corrupción se hacen más visibles. Como consecuencia de todo esto, se genera un creciente rechazo al gobierno de Maduro”. Este deterioro de la situación económica no se ha detenido.
