El proyecto de ley contra fraude fiscal que impulsa el oficialismo en la Asamblea Legislativa enfrentará sus últimas batallas, luego de que se aprobase por amplia mayoría un texto sustitutivo en la Comisión de Asuntos Hacendarios la semana pasada.
Nueve de los diez diputados que componen la Comisión de Hacendarios se mostraron a favor del proyecto, que busca dotar al Ministerio de Hacienda y al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) de mejores herramientas y más control en contra de la evasión de impuestos.
De aprobarse en el plenario legislativo el texto como está actualmente, las autoridades de Hacienda contarían con un registro centralizado de beneficiarios finales de estructuras jurídicas que permitiría investigar el uso de sociedades para evadir el pago de impuestos, lavar dinero y facilitar los negocios ilícitos.
La nueva ley establece mecanismos que permitirían seguir el rastro de la información bancaria de los clientes. Esto haría posible realizar controles cruzados entre la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y la Administración Tributaria.
El texto dictaminado brindará a la Administración Tributaria la posibilidad de que, mientras se investiga a un potencial evasor, un Juez pueda establecer un embargo inmediato para evitar que la persona investigada transfiera u oculte su riqueza.
La nueva reforma que finalmente aprobó la Comisión es el resultado de una intensa negociación política, y es el quinto texto confeccionado sobre el proyecto original en dos años.
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Ottón Solís Fallas, uno de los primeros impulsores de la iniciativa, se declaró optimista tras la aprobación del texto en la Comisión el pasado 24 de agosto.
“Soy optimista con la aprobación, hay un 208 bis que obliga a votarlo en un período determinado, creo que en el plazo máximo de un mes o mes y medio. Aunque Otto Guevara anuncia que interpondrá mociones, hay una fecha final en que habrá que someterlo a votaciones. Lo más importante es que la semana pasada en Comisión logramos extraer algunos componentes al proyecto que le iban a quitar todos los dientes y lo iban a debilitar mucho”, señaló Solís.
Tras la aprobación del proyecto en la Comisión, el diputado libertario Otto Guevara anunció que se opondría a esta ley presentando alrededor de 20 mociones, para así tratar de corregir los artículos que a su juicio están mal en el proyecto.
“Voté en contra del dictamen porque tengo objeciones con los alcances de ese proyecto. Estoy en contra del registro centralizado de accionistas. No es necesario, según lo confirmaron una gran cantidad de personas que comparecieron ante la comisión. El proyecto pretende hacernos creer que esto es un requerimiento para entrar a la OCDE y resulta que en este momento, ninguno de los países de la OCDE tiene un registro de accionistas como se pretende crear en Costa Rica”, explicó Guevara.
Por su parte, la diputada socialcristiana Rosibel Ramos señaló que el proyecto tiene los días contados y no debería alargarse su proceso de aprobación.
“El proyecto tiene vía rápida y tiene que votarse por fuerza. Eso significa un mes en Comisión, y otro mes en Plenario. Este proyecto lo más que puede durar son tres semanas para dictaminar. En Comisión se votó consensuadamente y esperamos que se mantengan los mismos votos en el Plenario”, mencionó Ramos.
En materia de lucha contra el fraude fiscal, los diputados avanzaron también en el trabajo de la comisión que indaga las conexiones locales de la investigación conocida como “Papeles de Panamá”.
El proyecto será enviado a primer debate el próximo 8 de setiembre.
Una ley fundamental
El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, señaló que el texto sufrió cambios de forma más que de fondo y calificó la iniciativa como fundamental para combatir el déficit y fraude fiscal en el país.
Según Rodríguez, durante la negociación, el Gobierno contó con el apoyo de legisladores del Frente Amplio (FA) y el PAC, “ellos nos estaban apoyando en algunos temas. Hablamos con el frente de oposición sobre la necesidad de hacer un ajuste del beneficiario final que era un tema de interés del ICD”.
Uno de los temas que destacó Rodríguez es la inclusión de la posibilidad de realizar embargos preventivos durante una investigación tributaria. “Ahora bien, el juez aplicaría la decisión de si aplica o no medidas cautelares como el congelamiento de algunos activos de manera que realmente se pueda cobrar”.
El viceministro señaló también que el corazón del trabajo en la Administración Tributaria reside en contar con el acceso a la información apropiada. “Esa es la herramienta más importante que tenemos para evitar la evasión. Cuando nosotros tenemos más información podemos analizarla, interpretarla, hacer análisis de riesgo y ahí encontrar aquellos casos donde puede aparecer la evasión”.
El jerarca considera que de aprobarse esta ley, se posibilitaría un incremento importante en la recaudación fiscal y disminuir la evasión. “Hay varias normas que inducen a cambios de comportamiento en el contribuyente y que se utilizan para evadir impuestos; por ejemplo, no se puede estar presentando declaraciones rectificativas para detener procesos de fiscalización. Son herramientas importantes para evitar que haya abuso de la norma”.
De aprobarse esta iniciativa, el Gobierno espera que se incremente la recaudación de impuestos en un monto equivalente a 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Avances en Proyecto de Ley contra Fraude Fiscal
• Se establece una comunicación de información de clientes bancarios, entre Sugef y la Administración Tributaria, que permitirá realizar controles cruzados.
• Se impide que, en adelante, contribuyentes morosos con el fisco puedan tramitar beneficios fiscales, exoneraciones y contratos con el Estado.
• Se crea un registro centralizado de beneficiarios finales de todas las sociedades y estructuras jurídicas, para que el Instituto Costarricense sobre Drogas y la Administración Tributaria puedan investigar el uso fraudulento de sociedades y otras estructuras jurídicas para evadir impuestos, lavar dinero y facilitar los negocios del crimen organizado. El registro creado se fundamenta en los más exigentes estándares de organismos internacionales (GAFI, Foro Global de Transparencia) y toma por base la Cuarta Directiva de la Unión Europea contra el Lavado.
• Se establece la posibilidad de que la Administración Tributaria, mientras investiga a un potencial evasor, solicite a un juez establecer un embargo inmediato si hay peligro de que el potencial evasor esconda su riqueza para que, llegado el momento del cobro, sea imposible ejecutarlo.
• Se establece el avance hacia la implementación de la facturación electrónica.
• Se fortalece la Oficina de Cobros de la Administración Tributaria.
• Se crea sanción por presentar información inexacta o incompleta a la Administración Tributaria.
• Se hace más expedito el proceso de determinación y cobro a los morosos con el fisco, mediante la creación de la notificación electrónica.
