Gobierno empantanado en tierra indígena

Grupos organizados de Térraba, Cabagra y Salitre condicionan participación en proceso de elaboración de consulta a que se completen los procesos de “saneamiento” desus territorios

Los recuperadores de territorios indígenas y los consejos de ancianos de Térraba, Cabagra y Salitre consideraron que el proceso de Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas que impulsa el Gobierno “no es prioridad en este momento”.
La manifestación conjunta de estos grupos se dio en un comunicado emitido por la Coordinadora de Lucha Sur Sur, el pasado 25 de julio, luego de una reunión realizada en territorios recuperados en el área indígena de Térraba, en el que indicaron que “rechazan” ese esfuerzo porque “no es una iniciativa que nace de los pueblos originarios”.
Además, señalaron que esa propuesta es “impulsada por grupos de poder que apoyan el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y por terratenientes que usurpan tierras en territorios originarios, como la Comisión Cantonal Bonaerense”.
En cambio, los grupos indígenas apuntaron que la prioridad en este momento es “la recuperación o saneamiento territorial de la totalidad de sus territorios”. Se calcula que alrededor de un 85% de las zonas delimitadas como territorios indígenas está en posesión de personas de no indígenas. En el pasado, en lugares como Salitre, se han dado serios hechos de violencia que incluyen agresiones físicas, balaceras y quema de viviendas.
Además, en el documento, los indígenas que participaron en la reunión en Térraba anunciaron que lucharán de manera conjunta por exigir “avances significativos y contundentes” en los procesos judiciales sobre los hechos de violencia que se han dado contra la población indígena de la zona Sur, como el ataque e “intento de homicidio” contra dos mayores en Nima Diköl, el pasado 7 de marzo, y la quema del U Sure o centro religioso, en febrero pasado, en el Iriria Bribri Sá Ká, ambos en el territorio de Cabagra.

OBLIGACIÓN DEL ESTADO

Sobre esto, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, expresó que los indígenas son “nuestros hermanos, son conciudadanos; sus preocupaciones, la exclusión a la cual han sido históricamente sometidos, constituyen factores que no pueden ser disminuidos en importancia, ni pueden ser vistos fuera del marco del más absoluto respeto por sus derechos ancestrales y constitucionales”, dijo al ser consultado por UNIVERSIDAD, en conferencia de prensa del Consejo de Gobierno.
Solís subrayó que “de ninguna manera vemos esto como una piedra en el zapato, es una obligación del Estado atender y resolver estos problemas que se han acumulado a lo largo de muchas décadas”.
Añadió que el proceso de elaboración de la consulta indígena es “transparente, dedicado, comprometido”.
“Me duele que, haciendo ese esfuerzo, haya sectores organizados de los pueblos indígenas que no quieran admitir participar en ese proceso que se está haciendo con la mejor voluntad y me extraña que, al final de cuentas, termine siempre topando con estos obstáculos, condicionamientos, animadversiones”, sentenció.
“La pura verdad, lo único que hacen es afectar a los propios pueblos indígenas a quienes tenemos que respetar por medio de un proceso de consulta que permita ponerles fin a muchos de los problemas que ellos mismos están señalando”, lamentó el mandatario.
Solís además cuestionó: “¿Será que no quieren que no haya consulta indígena para seguir lucrando de la inexistencia de una política indígena como la que queremos propiciar?”

“CONFUSIÓN Y CUESTIONAMIENTOS”

Por su parte, la viceministra de Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, quien lidera el proceso de construcción de la consulta indígena, comentó que ese trabajo atraviesa una primera etapa de reuniones informativas.
Informó que ya casi se han alcanzado todos los territorios indígenas; de los 24 que existen, están pendientes Quitirrisí, China Kichá, Bribri Talamanca y Bajo Chirripó.
Zúñiga reconoció que se han dado contratiempos. Por ejemplo, en el caso de Térraba, se dio “un desencuentro entre varias agrupaciones”, por lo cual, la discusión será mediada por el Poder Ejecutivo, la Defensoría de los Habitantes y Naciones Unidas, para que se decida quién va a participar de los grandes encuentros y del taller, que son espacios donde se toman decisiones, según detalló.
En el territorio indígena de Salitre fue necesario establecer espacios diferenciados de discusión: uno para el Consejo de Mayores, y otro para el grupo “más afín a la asociación de desarrollo”.
“No pretendemos que este proceso sea (que estén) todos los indígenas levantando la mano diciendo que sí, o ningún indígena quejándose, todo lo contrario”, aseguró Zúñiga.
La funcionaria contó que, cuando se realiza cada taller, ella se disculpa por “la ausencia histórica de una institucionalidad respetuosa en los territorios”. Enfatizó en la necesidad de contar con un proceso establecido para realizar consultas en las comunidades indígenas, pues por la ausencia de esa herramienta mantiene frenados proyectos de construcción o administración de acueductos u otras obras de infraestructura.
La viceministra calificó como “absolutamente falsas” las afirmaciones de que el proceso no surge por iniciativa indígena y que busca favorecer al Proyecto Hidroeléctrico Diquís o a intereses como la Comisión Cantonal Bonaerense.
Más bien, aseveró que en diferentes encuentros con la Defensoría de los Habitantes y Naciones Unidas, prácticamente en los 24 territorios indígenas, les exigen mecanismos de consulta. “Entonces, es un poco egoísta e irresponsable que tres grupos de tres territorios se arroguen la representación de los 24 territorios, cuando nosotros hemos tenido solicitud expresa de una gran cantidad de agrupaciones para hacer este proceso”, manifestó.
Zúñiga dijo que también se han tomado como insumos los trabajos que anteriormente hicieron las organizaciones y los consejos de mayores que participaron en la visita del exrelator de Naciones Unidas, James Anaya, en los que “demandaban un proceso como este”.
La funcionaria retó a “que digan los nombres” de los grupos de poder que se estarían beneficiando. “Me parece muy simpático, en la página de la Comisión Bonaerense más bien dicen que yo financio a los grupos radicales de recuperadores de tierras, que soy una aliada más de esos grupos”, mencionó.
“No respondemos a ningún sector ni grupo de poder, eso es falso”, insistió.
Por otra parte, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este 9 de agosto, la Mesa Nacional Indígena, a través de su boletín Autonomía, apuntó que los indígenas recibieron “con buen ambiente” la publicación de la directriz N° 042-MP para la Construcción de un Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas.
Sin embargo, denunció que, conforme avanzan las reuniones informativas en las comunidades, surgen “crecientes voces de confusión y cuestionamiento por la falta de claridad en los procedimientos, contenido y pertinencia de la información”.
El texto critica que las personas que facilitan el proceso resaltan como experiencias positivas “los supuestos procesos de consulta impulsados por el Gobierno, y que son cuestionadas por los y las indígenas; además, omiten la experiencia de la consulta del Proyecto de Ley de Autonomía, realizada por la Asamblea Legislativa, con participación indígena”.
La Mesa Nacional Indígena concluyó con que “esperamos se puedan corregir en tiempo y forma para lograr el propósito no del Gobierno, sino de las aspiraciones de los pueblos indígenas”.



Vergonzoso aniversario

Hace seis años, en agosto del 2010, se dio la lamentable expulsión violenta de varios activistas indígenas de la Asamblea Legislativa.

Según recuerda el boletín Autonomía de la Mesa Nacional Indígena, ese día, ante la “desatención” tanto de Casa Presidencial como de la Asamblea Legislativa a quienes pedían aprobar el proyecto de ley de autonomía a los pueblos indígenas, un grupo de dirigentes de los pueblos originarios decidieron permanecer en el edificio del parlamento, en espera de una respuesta de las autoridades.
Sin embargo, en horas de la madrugada del día siguiente, los hombres y mujeres que se encontraban en protesta pacífica “a rastras fueron expulsados” por la Fuerza Pública.
Esa respuesta violenta y la no aprobación del mencionado proyecto fueron detonantes que terminaron por incidir en la profundización de los procesos de recuperación de tierra que se han llevado a cabo en territorios indígenas como Salitre, Térraba o Cabagra.



 


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