El fiscal general de la República, Jorge Chavarría, se excusó de conocer una denuncia del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, quien pidió que se determine si el magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa Sánchez y al subdirector del OIJ, Gerald Campos Valverde, sirvieron de intermediaros para presionar por un nombramiento para el hijo de un diputado.
La semana pasada, Chavarría había indicado que analizaría los informes para decidir si se debía iniciar una investigación penal por el posible delito de tráfico de influencias.
No obstante, en un oficio enviado este lunes 8 de agosto a la fiscala subrogante, Berenice Smith, Chavarría justificó su decisión en que “con el señor Gamboa Sánchez desde hace más de 20 años me ha unido una relación de amistad y de trabajo muy cercana; esta circunstancia, que es notoria, podría, eventualmente, propiciar cuestionamientos innecesarios alrededor de mi probidad, respecto de cómo se maneje el análisis del asunto”.
Chavarría le comunica a Smith que, debido a esa situación, ella deberá sustituirlo y decidir si los hechos que se mencionan en los documentos podrían constituir un delito que requiera iniciar una causa penal.
UNIVERSIDAD envió consultas vía correo electrónico a Smith sobre el caso y sobre si existe relación de amistad con Gamboa, pero no se ha recibido respuesta.
Antes de ser magistrado, Gamboa fue subjefe del Ministerio Público. También fue ministro de Seguridad al iniciar el Gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) y, anteriormente, viceministro de esa cartera con el Partido Liberación Nacional (PLN).
Presión para nombramiento
La denuncia de Espinoza se dio primero ante la Inspección Judicial, el viernes 29 de julio. Ese día, él puso en conocimiento del órgano disciplinario que el secretario general del OIJ, Rodolfo Fernández, le comunicó que el subdirector del la Policía le había pedido nombrar a un hijo de un diputado a cambio de recibir ayuda para el presupuesto del Poder Judicial.
Supuestamente, Campos indicó que la solicitud la hacía a instancias de “magistrados”; sin embargo, cuando fue confrontado por Espinoza, expresó que se trataba del magistrado Gamboa; según se indica en los reportes.
La semana anterior, tanto Gamboa como Campos aseguraron que solo hubo una consulta sobre requisitos para ingresar y plazas vacantes.
Además, el magistrado de la Sala Penal argumentó que estaba ayudando a un muchacho con discapacidad a buscar empleo por solicitud de la diputada Epsy Campbell.
Al darse a conocer estos hechos, el fiscal general solicitó un informe al jefe del OIJ para decidir si se debe abrir una causa en la vía penal.
Mientras tanto, en el trámite disciplinario, la Inspección remitió a la Corte Plena el expediente por estar mencionado un miembro de ese supremo poder. No obstante, este lunes, la Corte decidió asumir todo el caso e investigar a ambos funcionarios, a quienes les solicitó informes.
